La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) será la encargada de investigar la tragedia de Adamuz, en Córdoba. El punto de partida, lo que se sabe, es que los últimos vagones de un tres Iryo dirección Madrid descarrilaron este domingo a las 19:45 horas, invadiendo esos coches la vía contraria, por la que circulaba un tren Renfe sentido Huelva. El impacto provocó que las dos primeras unidades de este último salieran despedidas. Decenas de fallecidos.
La CIAF está adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente. Pero, según su normativa, “goza de plena independencia funcional respecto de la autoridad responsable de la seguridad y de cualquier regulador ferroviario”, por lo que “en el desempeño de sus funciones, ni el personal ni los miembros del Pleno podrán solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada”.
Ese pleno, órgano de gobierno y decisión, está integrado por un presidente, cinco vocales (uno de los cuales hace de vicepresidente) y un secretario que participará en las reuniones pero sin voto. Por descontado, cuenta con un cuerpo de investigadores y personal administrativo y técnico, encargados de la tarea fundamental. No obstante, en el grueso de la jerarquía se exige conocimiento especializado, a fin de la eficiencia.
No dirá quién es el culpable
Tres de los vocales deben ser ingenieros de caminos, industrial y telecomunicaciones, de modo que abarquen infraestructura ferroviaria, material rodante, sistemas de señalización y seguridad, y de comunicaciones. El cuarto vocal debe tener experiencia en la seguridad y circulación ferroviaria. Tanto ellos como el presidente son elegidos por seis años y solo una vez: no pueden ser designados nuevamente.
Desde 2023, el presidente es Ignacio Barrón de Angoiti, reconocido ingeniero de larga trayectoria. Comenzó su carrera en Renfe en 1981, siendo parte de la puesta en marcha de la Alta Velocidad en España. Desde 1997 trabajó más de dos décadas en la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) en París, liderando áreas como Alta Velocidad y Viajeros. En 2021 comenzó a ejercer de profesor y consultor ferroviario.
Según el portal oficial, la CIAF “se ocupa de llevar a cabo la investigación técnica de los accidentes ferroviarios graves que se produzcan en la Red Ferroviaria de Interés General y de aquellos accidentes e incidentes cuando estime que se pueden obtener conclusiones que permitan la mejora de la seguridad”. Puntualiza que “en ningún caso determinará la culpa o la responsabilidad del suceso y será independiente de cualquier investigación judicial”.
Los técnicos admiten su “extrañeza”
El procedimiento de la CIAF inmediatamente tiene conocimiento de un accidente, en este caso como el de Adamuz, comienza por la constitución de un equipo de investigación, poniendo al frente a un encargado y bajo él, a un equipo con profesionales cualificados e independientes. Las pesquisas comenzarán “con la mayor apertura posible, oyendo a las partes afectadas”. El informe final debe ser aprobado por el Pleno y hecho público “en el plazo más breve posible”.
Preferentemente, la difusión de lo ocurrido deberá producirse “en el plazo máximo de doce meses desde la fecha del suceso”. Se trata además de un organismo transparente. En su web pueden consultarse los informes finales de accidentes e incidentes anteriores y en un apartado llamado ‘Investigaciones en curso’ pueden consultarse los casos abiertos. El último, el descarrilamiento de un tren en Chamartín, en Madrid.
En las primeras horas, el ministro Puente ha mostrado su sorpresa por el lugar del siniestro, el primero de la Alta Velocidad en España. En una recta, en un tramo renovado en mayo de 2025 y con un tren, en Iryo, prácticamente nuevo y además revisado hacía cuatro días. Según el Gobierno, los expertos consultados “han mostrado también su extrañeza”. Hasta que haya información fiable, todos ellos llaman a no especular con las causas.
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