La comunidad científica desmonta los controvertidos estudios con los que Madrid y Andalucía tratan de reactivar la captura de aves cantoras

Una carta firmada por una veintena de investigadores de primer nivel en la revista Science denuncia los estudios con los que los gobiernos autonómicos de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, y Andalucía, gobernada por Juanma Moreno, quieren justificar la captura de aves cantoras silvestres bajo la apariencia de investigación científica.

según los firmantes, entre los que se encuentran investigadores de la Estación Biológica de Doñana, el Instituto Pirenaico de Ecología, el Museo Nacional de Ciencias Naturales, la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla o el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, los trabajos financiados por el gobierno de Ayuso y Moreno “carecen de transparencia metodológica, supervisión independiente y publicación abierta de datos, todos ellos requisitos fundamentales para una ciencia reproducible y fiable”.

Los científicos señalan que estos proyectos no se ajustan a los estándares éticos y profesionales exigidos a cualquier investigación legítima, y advierten de que su objetivo real (evaluar si las poblaciones de fringílidos podrían sostener una futura captura “sostenible” por los mismos voluntarios) “genera un conflicto de intereses inherente que resulta incompatible con una práctica científica creíble y con los objetivos de conservación”.

Qué dice la ley europea

La Directiva de Aves de la Unión Europea (2009/147/CE), que protege a todas las aves silvestres, prohíbe de forma generalizada la captura deliberada de aves y establece que solo pueden autorizarse excepciones cuando no existe una alternativa satisfactoria y se demuestra un fin científico claro y necesario.

En España, dicha prohibición se trasladó a la legislación nacional y fue reforzada tras años de tensiones. Entre 2013 y 2018 se autorizaron hasta 1,7 millones de capturas mediante permisos de caza regionales que contravenían la norma europea. No obstante, precisamente con la presión de la Comisión Europea, a partir de 2018, las autoridades autonómicas suspendieron las actividades y permisos.

Pero ahora, los investigadores denuncian que desde entonces, tanto en Madrid, desde 2018, como en Andalucía, desde 2024, se han concedido permisos de “anillamiento científico” a tramperos de aves. Personas que no necesariamente están formadas en investigación ni bajo supervisión ética profesional que operan incluso en espacios protegidos, utilizando trampas de red y reclamos vivos, prácticas que están prohibidas por la normativa de la CE.

“Apropiación del lenguaje científico”

En su carta, los firmantes alertan de que “la apropiación del lenguaje científico para legitimar la captura tradicional o recreativa… amenaza con erosionar la confianza pública en la ciencia de la conservación”. Por ello, exigen que las autoridades nacionales y regionales aseguren que cualquier investigación con fauna silvestre cumpla con protocolos transparentes, revisados por pares y validados científicamente, y que los permisos se otorguen a profesionales cualificados bajo supervisión ética.

Este señalamiento adquiere especial relevancia en un contexto en el que el jilguero europeo, una de las especies históricamente más afectadas por el silvestrismo, ha sido recientemente seleccionado como Ave del Año 2026, reforzando la atención pública y científica sobre su conservación.

Para los investigadores, no se trata solo de una cuestión técnica, sino de protección de la biodiversidad, respeto a la legislación europea y credibilidad de la ciencia en políticas públicas. “España debe salvaguardar la integridad tanto de la investigación científica como de la política de conservación”, subrayan en su misiva.