El Supremo autoriza investigar las cuentas de tres exdirectivos de Acciona y los pagos de una empresa que cobró de Servinabar

El magistrado instructor del ‘caso Koldo’ en el Tribunal Supremo ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a ampliar el foco de su investigación sobre la presunta trama de adjudicaciones irregulares de obra pública con dos nuevas líneas de análisis. Por un lado, el rastreo de los flujos económicos entre la sociedad cooperativa Erkolan y Servinabar, la empresa vinculada al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y, por otro, el examen en profundidad de las cuentas bancarias de tres antiguos directivos de Acciona que ya se encuentran formalmente investigados en la causa.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el juez Leopoldo Puente ha dado luz verde a una petición elevada por los agentes de la UCO mediante un oficio en el que solicitaban el envío de mandamientos judiciales a las entidades financieras en las que operaron los tres exdirectivos de la constructora. Se trata de Manuel José García Alconchel, antiguo director de la zona sur de Acciona Construcción España; Justo Vicente Pelegrini, que fue director de Construcción de Acciona para España, y Tomás Olarte, exdirector de la zona norte de la compañía.

La resolución permite a los investigadores acceder a todos los movimientos bancarios realizados por estos tres cargos desde el año 2014 hasta la fecha de recepción del requerimiento judicial, un periodo amplio que abarca tanto su etapa de mayor responsabilidad en la compañía como los años posteriores. Además, la UCO ha pedido que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) remita “todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado” en relación con estas cuentas, una fórmula habitual cuando se pretende detectar operaciones inusuales o estructuras de ocultación de fondos.

El foco en Acciona y las UTE con Servinabar

Los tres exdirectivos fueron imputados por el instructor a raíz de los últimos informes remitidos por la UCO sobre diversas obras públicas adjudicadas a uniones temporales de empresas (UTE) integradas por Acciona y Servinabar. Esta última mercantil figura en el epicentro de la presunta trama que investiga el Supremo, en la que se sitúa al exdirigente socialista Santos Cerdán junto al exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García.

Los investigadores sostienen que determinadas adjudicaciones a estas UTE podrían haber estado amañadas, con la mediación de personas del entorno político a cambio de contraprestaciones económicas o de otro tipo. En ese contexto, el análisis de las cuentas personales de los antiguos responsables de Acciona pretende determinar si existieron pagos, comisiones o ingresos que no se correspondan con su actividad profesional declarada o que puedan vincularse con las operaciones bajo sospecha.

El acceso a los datos bancarios desde 2014 permite, además, reconstruir una posible secuencia de movimientos financieros paralela a la evolución de los contratos públicos investigados. Fuentes de la causa explican a Europa Press que este tipo de mandamientos suele arrojar luz no solo sobre ingresos directos, sino también sobre la utilización de sociedades interpuestas, préstamos entre particulares o transferencias recurrentes que podrían ser indicativas de un circuito de retorno de fondos.

Las transferencias a Erkolan y el papel de Belén Cerdán

En paralelo a la línea abierta sobre Acciona, el juez ha autorizado a la UCO a investigar la sociedad cooperativa Erkolan. Según consta en el oficio de los agentes, Servinabar transfirió a esta entidad un total de 367.290,43 euros entre junio de 2020 y mayo de 2025. Un periodo que, de acuerdo con los investigadores, “corresponde con la contratación de Belén Cerdán”, hermana de Santos Cerdán, por parte de Servinabar.

La Guardia Civil pretende ahora conocer el destino final de esos fondos y la naturaleza de las relaciones económicas entre ambas entidades, para determinar si se trata de pagos por servicios reales o si podrían esconder un mecanismo de canalización de dinero vinculado a la trama. La investigación bancaria permitirá analizar tanto las entradas de dinero en Erkolan como las salidas posteriores, un paso clave para seguir el rastro de los fondos.

Desde el entorno de la defensa de Santos Cerdán se explicó el pasado mes de julio que Belén Cerdán trabajó en Servinabar del 1 de enero al 30 de junio de 2020 como administrativa, percibiendo 2.000 euros netos mensuales. Tras ese periodo, siempre según esas fuentes, pasó a trabajar en la asesoría responsable de las cuentas de Servinabar, manteniendo el mismo salario y las mismas funciones. Esa versión trata de desvincular la contratación de la hermana del dirigente socialista de cualquier irregularidad, aunque los investigadores sitúan el periodo de las transferencias a Erkolan dentro del mismo marco temporal.

El hecho de que las transferencias se prolonguen hasta mayo de 2025, varios años después de aquel primer contrato, es uno de los elementos que ha llevado a la UCO a solicitar la ampliación de las diligencias. La cooperativa Erkolan, cuya actividad concreta es ahora objeto de análisis, podría haber actuado, según la hipótesis policial, como un intermediario en la circulación de esos fondos.

Además de autorizar estas pesquisas, el magistrado Leopoldo Puente ha acordado suspender los procedimientos inspectores seguidos sobre Acciona en lo relativo a la comprobación de las prestaciones de servicios realizadas por Servinabar y las UTE. Esta medida, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, busca evitar interferencias o solapamientos entre las actuaciones administrativas y la investigación penal en curso, garantizando que las diligencias judiciales se desarrollen sin riesgo de contaminación probatoria.