El nuevo modelo de financiación autonómica divide a las comunidades: más recursos, pero polémica por el reparto

El nuevo sistema de financiación autonómica presentado este viernes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha generado posiciones encontradas entre quienes defienden que aportará beneficios a todas las comunidades autónomas y los que sostienen que favorecerá principalmente a Cataluña. En lo que la mayoría coincide es en que es muy difícil que el Congreso de los Diputados apoye la medida.

De salir adelante el nuevo modelo, todas las regiones ingresarían más el próximo año. Recibirían 20.975 millones de euros más y el sistema aportaría a las comunidades incluidas en el régimen común un total de 224.507 millones de euros.

A pesar de este incremento, los detractores del nuevo modelo argumentan que el actual sistema de financiación se fundamenta en que la comunidad que más tiene, más contribuye al Estado, mientras el sistema presentado por Montero está orientado al principio de ordinalidad basado en que la región que más paga más recibe. Esto haría que las comunidades con menor capacidad de generar riqueza estarían en desventaja. Para evitarlo, el Gobierno ha anunciado que habrá compensaciones.

De dónde vendrán los 20.975 millones

Una parte importante del incremento de 20.975 millones de euros, en torno a 15.700 millones, procedería de un aumento de los porcentajes de cesión a las autonomías de los impuestos de IRPF, que pasaría del 50% al 55%, y del IVA, que se aumentaría del 50% al 56,5%.

La propuesta también establece ceder a las comunidades autónomas el impuesto de patrimonio, el de depósitos bancarios, el de actividades del juego y el de residuos, cuyos ingresos ya se destinan a las regiones, pero que de aprobarse la propuesta formarían parte del reparto del sistema.

Un polémico reparto

En cuanto al reparto de los recursos entre las autonomías, el nuevo modelo parte de un cálculo renovado de la población ajustada, que prioriza el gasto asociado a los diferentes grupos de edad, las variables educativas o las de dependencia. Sobre ese cálculo se aplican unos ajustes de nivelación horizontal, según el cual las regiones con mayor capacidad tributaria aportan y las de menor capacidad reciben, y vertical, por el que el Estado aportará 18.993 millones para reducir las disparidades en financiación por habitante.

Además se suman ajustes adicionales, como un nuevo fondo climático, dotado con 1.004 millones de euros, dos tercios irán a las regiones del litoral mediterráneo y un tercio al resto.

El nuevo sistema también daría a las autonomías que lo deseen la posibilidad de recibir un 5% del IVA generado por las pymes en su territorio. Si estos ingresos son mayores de los que les corresponderían por índice de consumo, recibirían una transferencia, y, de lo contrario, tendrán que hacer una aportación.

Asimismo, habría un “elemento de cierre”, denominado ‘statu quo’, para que ninguna comunidad reciba menos recursos que con el anterior modelo, que aportará 216 millones a Extremadura y 46 millones a Cantabria.

Fuera del sistema de financiación, María Jesús Montero ha planteado renovar el fondo de compensación interterritorial, que contará con 3.300 millones adicionales para compensar a las regiones que queden por debajo de la media en financiación por habitante con el objetivo de incentivar su economía.

La propuesta de Hacienda va acompañada de otras materias, como dar a las regiones la posibilidad de renunciar al sistema de entregas a cuenta -por el que reciben una serie de anticipos en función de las previsiones de recaudación y los desvíos se liquidan dos años después- para pasar a recaudar en tiempo real, igual que el Estado.

Cataluña, una de las regiones más beneficiadas

Las comunidades autónomas que más verían aumentados sus recursos en 2027 si finalmente se aprueba el nuevo modelo de financiación serían Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. En concreto, Andalucía recibiría 4.846 millones de euros más en 2027 respecto al modelo vigente, mientras que Cataluña incrementaría 4.686 millones de euros más en 2027 y la Comunidad Valenciana aumentaría sus recursos en 3.669 millones.

La siguiente en sería la Comunidad de Madrid, con un incremento de 2.555 millones de euros en 2027 y por detrás se situarían Castilla-La Mancha, que pertenece a las regiones infrafinanciadas y que recibiría 1.248 millones más, y Murcia, con 1.188 millones de euros .

Tras ellas se situarían Aragón (629 millones), Canarias (611 millones), Galicia (587 millones), Baleares (412 millones); Castilla y León (271 millones); Asturias (248 millones) y La Rioja (25 millones).

Las que menos verían aumentada su financiación el próximo año serían Extremadura, con un incremento de 216 millones de euros, y Cantabria, con 46 millones. Para favorecer a estas dos comunidades, el Gobierno plantea reformular el Fondo de Compensación Interterritorial para establecer un tramo específico para las regiones que antes del ‘statu quo’ están por debajo de la media en financiación por habitante ajustado.

El problema de la ordinalidad

Las mayores críticas al sistema proceden de que es un modelo que “tiende a la ordinalidad”, según ha asegurado Montero, y esto permitirá que, tal y como avanzó el líder de ERC, Oriol Junqueras, Cataluña sea la tercera región en aportar recursos al sistema y en recibir. Sin embargo, este principio no se respeta para todas las comunidades debido a la aplicación de los ajustes, sobre todo el de ‘statu quo’, que impediría a la región que más aporta, Madrid, ser la que más recursos por habitante recibiría.

En relación con el criterio de ordinalidad, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que “no es un principio constitucional, ni se regula en la normativa vigente de la financiación autonómica”.

Gestha ya alertó de que el criterio de ordinalidad presentaba “riesgos de inconstitucionalidad” y considera que el reto de la negociación es “mantener los importes los mecanismos del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales que garantiza un nivel mínimo de prestación de los servicios públicos fundamentales en todas las autonomías”.

Los técnicos recuerdan que el actual modelo está caducado desde 2014 y está provocando “importantes déficits de financiación”, por lo que instan a todas las formaciones parlamentarias a “impulsar una reforma necesaria, ajustada al ordenamiento constitucional”.

Consideran que la reforma del sistema de financiación autonómica constituye uno de los principales retos estructurales de España, por lo que abogan por un “pacto multilateral con las comunidades autónomas que permita actualizar el modelo y reforzar la cohesión del Estado autonómico”.

“El mayor ataque a la igualdad de toda la democracia”

Un pacto que no se ve fácil. El PP, que gobierna 11 de las 17 comunidades autónomas, considera que el nuevo modelo acaba con la “igualdad” entre regiones, pero no ha sido el único. Muy beligerante se ha mostrado el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, que considera “intolerable” el hecho de que “en España se pacte el sistema de financiación con unos independentistas y luego se sirva el plato frío al resto”, lo cual constituye el “mayor ataque a la igualdad en toda la democracia y echa a la basura decenas de años de pelea por la progresividad fiscal”.

Por el momento, la ministra de Hacienda ha convocado para el próximo miércoles, 14 de enero, una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el objetivo de explicar a los gobiernos autonómicos la propuesta del modelo de financiación, para después iniciar una serie de reuniones bilaterales con las regiones para dar “mayor detalle” del modelo.

Después, se aprobará el proyecto de ley orgánica en el Consejo de Ministros y se llevará a las Cortes, donde también tendría que aprobarse. Para lograr este objetivo, Montero ha hecho un llamamiento al PP para que apoye el texto y que “el nuevo modelo pueda entrar en vigor el año que viene”.