Tras meses de conversaciones discretas, el Gobierno y ERC cerraron este jueves un acuerdo para una financiación singular para Cataluña, compromiso adquirido tras la reunión mantenida en la Moncloa entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder republicano Oriol Junqueras. El pacto, cuyos detalles concretos se conocerán este viernes de la mano de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha provocado una reacción inmediata y coordinada del Partido Popular, que ha cargado con dureza contra el Ejecutivo al considerar que convierte la política presupuestaria en una herramienta de supervivencia parlamentaria.
Desde Génova, el acuerdo es interpretado como una cesión de gran calado que compromete los principios básicos del sistema de financiación autonómica. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que se está “jugando con la igualdad de los españoles” al ofrecer la financiación como “moneda de cambio”. Según ha subrayado en un mensaje difundido en redes sociales, Cataluña recibiría 4.700 millones de euros adicionales, un incremento cercano al 12%, una cifra que, a su juicio, evidencia que la Moncloa “no es una casa de empeños para apuntalar un gobierno en ruinas”.
La crítica no se ha quedado en el plano retórico. El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha ido un paso más allá al calificar el acuerdo como “lo más parecido a lo que pudiéramos llamar corrupción política”. En su análisis, el resultado de la negociación implica “coger el dinero de unos para dárselo a otros”, una práctica que considera especialmente grave teniendo en cuenta que al frente del Ministerio de Hacienda se encuentra una responsable política que, cuando ocupaba responsabilidades en la Junta de Andalucía, defendía postulados opuestos.
Para Bravo, la financiación singular acordada responde exclusivamente a las exigencias de un partido independentista y se adopta “en contra de la voluntad del conjunto de los españoles” con un único objetivo: garantizar la continuidad de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo. Una lectura que enlaza con el mensaje lanzado por Feijóo, quien promete que la financiación autonómica “debe perseguir el bien común” y que ese será el criterio cuando los populares regresen al Gobierno.
Rebelión autonómica en el PP
Las críticas se han extendido rápidamente al ámbito autonómico. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha reclamado de manera urgente la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el objetivo de intentar revertir el acuerdo. En una comparecencia ante los medios, Azcón ha explicado que ya ha contactado con el resto de presidentes autonómicos y con la dirección nacional del PP para sumar apoyos a esta petición.
El dirigente aragonés no ha ocultado su malestar y ha reconocido estar “profundamente cabreado” por un pacto que, en su opinión, introduce “desigualdad e insolidaridad” y supone “un agravio no conocido hasta el momento” tanto para Aragón como para el conjunto de España. En términos similares se ha pronunciado el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha anunciado que activará “todos los recursos legales” a su alcance para frenar un nuevo sistema de financiación específico para Cataluña. Para Mañueco, el acuerdo concede “privilegios que rompen la igualdad entre personas y territorios” y desnaturaliza el destino del dinero público.
En Madrid, la reacción tampoco ha sido templada. El secretario general del PP regional, Alfonso Serrano, ha acusado al presidente del Gobierno de “traficar con el dinero de todos los españoles”. Serrano ha cuestionado el origen de los casi 5.000 millones comprometidos y ha advertido de que el principio de ordinalidad “quiebra” el modelo de financiación autonómica, planteando además qué correspondería a comunidades como Madrid, principal contribuyente al sistema.
Dudas desde Junts
El acuerdo tampoco ha generado entusiasmo sin reservas en el independentismo catalán. Desde Junts, el portavoz Josep Rius ha evitado una crítica frontal y ha optado por aplazar cualquier valoración hasta conocer el contenido detallado del pacto. Rius ha señalado que no se trata de “un cambio de modelo de financiación” porque “Madrid continúa teniendo la llave de la caja” y ha subrayado que la negociación no resuelve el déficit fiscal que, según su formación, padece Cataluña.
En esa misma línea, ha resumido el acuerdo como “un poco más de café, pero sigue siendo para todos”, al entender que todas las comunidades recibirán más recursos. Respecto a un eventual apoyo parlamentario, ha recordado las palabras de Míriam Nogueras, insistiendo en que Junts seguirá utilizando su fuerza política para lograr un sistema de concierto económico que permita recaudar todos los impuestos.
Page vuelve a marcar distancias
La contestación también ha llegado desde el propio PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reiterado su oposición frontal a cualquier fórmula que rompa la igualdad entre comunidades autónomas. Page ha advertido de que cruzar esa “línea roja” supondría “el mayor quebranto a la ideología del Partido Socialista de toda su historia” y ha asegurado que tendría que “volver a nacer” para aceptar el principio de ordinalidad.
El dirigente manchego ha criticado que el debate sobre la financiación autonómica arranque con una reunión en la Moncloa con partidos independentistas, un inicio que, a su juicio, no favorece un clima de entendimiento. Aunque se muestra dispuesto a escuchar los argumentos del Ejecutivo, ha dejado claro que no permitirá privilegios que, según sostiene, están expresamente prohibidos en la Constitución. Page ha remarcado además la importancia de la progresividad fiscal como seña de identidad socialista, defendiendo que “paga más el que más tiene” como base irrenunciable del sistema tributario.
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