
El Reino Unido continúa inmerso en una profunda crisis de vivienda marcada por una legislación que, hasta ahora, ha permitido a los propietarios desalojar a inquilinos sin necesidad de justificar la decisión. Se trata de los llamados avisos de ‘Section 21′, una herramienta legal que autoriza el desahucio con apenas dos meses de preaviso y sin alegar motivo alguno. El actual Gobierno laborista ha aprobado la ‘Renters’ Rights Act’, que prohibirá definitivamente estos desalojos “sin culpa” a partir de mayo, con la intención de reforzar la protección de los arrendatarios y dar mayor estabilidad a los hogares. Sin embargo, hasta que la norma entre plenamente en vigor, estos avisos siguen siendo legales, lo que ha dejado a numerosas familias en una situación de extrema vulnerabilidad en pleno invierno y en fechas especialmente sensibles.
Kristina, madre soltera de dos hijos y residente en Muswell Hill, al norte de Londres, ha recibido su segundo aviso de desahucio en menos de dos años. Debe abandonar su vivienda a finales de febrero, justo cuando creía haber recuperado cierta estabilidad. “Esperaba que este fuese un lugar donde pudiésemos estar a largo plazo, recuperarnos y sanar tras lo que nos pasó, pero aquí estamos otra vez”, lamenta en declaraciones recogidas por The Independent. La notificación ha llegado, además, en plena época navideña, un golpe emocional añadido. “Recibirlo antes de Navidad siendo madre soltera, tener que decir a los niños que no habrá regalos… da verdadero miedo”, afirma a Independent.
Kristina había residido durante 15 años en su anterior casa antes de recibir el primer aviso de ‘Section 21′, una situación que desencadenó una larga búsqueda de hogar que terminó dejándola a ella y a sus hijos —ahora de 18 y 11 años— sin vivienda durante siete meses. Durante ese tiempo, estuvieron alojados en recursos temporales, incluido un Travelodge, mientras el mayor se preparaba para sus exámenes de GCSE. Ahora, el frágil equilibrio que había logrado recomponer vuelve a quedar en el aire.
Familias con empleo atrapadas por el precio del alquiler
El caso de Christina, de Hertfordshire, también ilustra el alcance del problema. Madre de dos hijos de 46 años, recibió en septiembre una notificación para abandonar en noviembre la vivienda en la que llevaba nueve años con su pareja y sus hijos. Apenas una semana antes del plazo consiguió negociar una prórroga hasta finales de febrero, tras apelar desesperadamente a los agentes inmobiliarios: explicó que no tenían adónde ir y que, en pocas semanas, llegaba la Navidad. Sin embargo, ni siquiera esa extensión ha aportado tranquilidad real.

A pesar de que tanto ella como su pareja trabajan a tiempo completo, el mercado del alquiler en su zona se ha vuelto casi inasumible. La competencia es feroz: en algunas ocasiones, apenas media hora después de visitar una vivienda, ya había sido adjudicada a otra familia. Christina relató que, en muchas visitas, los inquilinos deben decidir prácticamente en diez minutos si quieren optar al piso. Según sus cálculos, el precio de una vivienda similar en la misma área se ha incrementado al menos en 500 libras, es decir, en torno a 580 euros aproximados, lo que elevaría la renta hasta, como mínimo, unas 2.000 libras, equivalentes a unos 2.340 euros mensuales. Una cifra que pone en serios aprietos incluso a familias con ingresos regulares.
Las organizaciones de inquilinos alertan de que estos casos son solo la punta del iceberg. Ben Twomey, director ejecutivo de Generation Rent, subraya a Independent que “los hogares son los cimientos de nuestras vidas, pero los desahucios rompen esos cimientos y empujan a la gente a la pobreza y a la falta de hogar”. Estas historias, sostiene, demuestran que el final de la ‘Section 21′ “no puede llegar lo suficientemente pronto”. Sin embargo, advierte de que, aunque desaparezcan los desahucios sin causa, los propietarios seguirán teniendo margen para expulsar indirectamente a los inquilinos mediante subidas de alquiler inasumibles, por lo que reclama frenar el incremento descontrolado de los precios.
El fin de los desalojos sin motivo, pero sin freno real a las rentas
La ‘Renters’ Rights Act’ prohibirá los desahucios sin causa y dará mayor capacidad a los inquilinos para recurrir incrementos “excesivos” por encima del mercado, un mecanismo que pretende atajar lo que se conoce como “desalojo encubierto”. No obstante, distintas plataformas, como la Renters’ Reform Coalition, consideran que la medida llega tarde para quienes ya han sido expulsados en estos años y denuncian que la nueva legislación no afronta el principal problema: el coste desorbitado del alquiler.
Las cifras respaldan la preocupación. Según datos de Rightmove, el alquiler medio en el Reino Unido alcanzó en el tercer trimestre de 2025 su máximo histórico: 2.736 libras en Londres, es decir, alrededor de 3.200 euros, y 1.385 libras en el resto del país, aproximadamente 1.620 euros. Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que no contempla controles de rentas, aunque defiende que está comprometido con la protección de los inquilinos, con medidas como limitar los pagos por adelantado a un mes, poner fin a las “guerras de pujas” y reforzar la capacidad para impugnar incrementos abusivos.
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