Una pareja de jubilados se enfrentan a la pérdida de su vivienda a pocos días de Navidad. Los ancianos llevaban viviendo en aquella casa toda la vida, un piso de 120 metros cuadrados. Esta semana, aseguran, se han quedado sin un lugar donde dormir.
Según relatan, la situación les ha sorprendido por la rapidez del desenlace y por lo que consideran una sucesión de anomalías en la subasta judicial del inmueble. La pareja sostiene que el proceso ha sido desproporcionado y que existen elementos que, a su juicio, no encajan con el funcionamiento habitual de este tipo de procedimientos.
El origen del conflicto se remonta a una actividad empresarial de carácter cultural que la mujer dirigía en el centro de la ciudad. Tras la llegada de una crisis económica, el negocio tuvo que cerrar y quedó pendiente una deuda de 10.000 euros. A partir de ese momento se inició un recorrido judicial que, con el paso del tiempo, acabó derivando en el embargo de la vivienda.
Para el matrimonio, la medida resulta incomprensible. El marido de la afectada explica que la deuda era limitada y que el inmueble embargado tenía un valor muy superior. “Por 10.000 euros embargaron un inmueble que valía 200.000”, señala. Según añade, recurrieron la decisión y apelaron a la desproporción de la medida, pero el proceso siguió adelante tras meses de trámites legales.
Finalmente, la vivienda salió a subasta judicial. La pareja sostiene que el inmueble fue adjudicado en la primera subasta, algo que consideran poco habitual. Según explican, lo normal en muchos casos es que la primera convocatoria quede desierta y se celebren subastas posteriores con precios más bajos.
Dudas sobre la subasta
El marido insiste en que el resultado de la subasta tampoco se ajusta, a su juicio, a los datos habituales de este tipo de operaciones. Afirma que la vivienda fue vendida por un importe superior a su valor estimado, que sitúa en torno a los 200.000 euros según la tasación realizada por un perito del tribunal. Según expone, de forma estadística los bienes inmuebles en subastas judiciales suelen adjudicarse por un porcentaje significativamente inferior a su valor de tasación.
Otro de los aspectos que genera dudas en la pareja es la identidad del adjudicatario. Según explican, el inmueble fue adquirido por una sociedad de responsabilidad limitada simplificada cuyo capital social es inferior a 10.000 euros, una cifra muy por debajo del importe que habría sido necesario para formalizar la compra.
La pareja considera que todos estos elementos configuran una situación demasiado extraña y apuntan a la posibilidad de irregularidades en el proceso. Llegan incluso a plantear que podría tratarse de un “probable episodio de blanqueo de capitales en una subasta judicial inmobiliaria”, aunque subrayan que se trata de una sospecha derivada de lo que han vivido.
Mientras tanto, la consecuencia inmediata es que se han quedado sin su vivienda en un momento especialmente delicado del año. A pocos días de Navidad, aseguran que no saben dónde dormir y que la pérdida de la casa en la que han vivido durante décadas les ha dejado en una situación de gran vulnerabilidad. El caso pone de relieve el impacto que los procedimientos judiciales por deudas pueden tener en personas mayores y reabre el debate sobre la proporcionalidad de determinadas medidas cuando está en juego un derecho básico como la vivienda.
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