La Policía Nacional ha liberado a siete mujeres brasileñas víctimas de explotación sexual en Logroño, después de desmontar una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos. El operativo se desencadenó tras la denuncia realizada en junio de 2024 sobre un posible caso de trata en la capital riojana.
De forma casi simultánea, surgieron denuncias en Bilbao con un método delictivo similar. La investigación permitió identificar una red estructurada y jerarquizada encargada de captar, trasladar y controlar a jóvenes brasileñas, aprovechando su situación de vulnerabilidad.
Las condiciones impuestas por la red resultaban especialmente abusivas. Los registros han permitido desvelar la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentaban las jóvenes explotadas, lo que podrá aumentar la condena de los detenidos. En algunos casos detectados durante la investigación, los clientes eran menores de edad y se obligaba a las víctimas a mantener relaciones sexuales con ellos.
Engaño y llegada a España
La red criminal comenzaba su actividad en Brasil. Los miembros del grupo les ofrecían falsas promesas de trabajo en España y les aseguraban una oportunidad de cambiar de vida. El contacto se establecía siempre por teléfono, donde la principal cabecilla, residente en Logroño, les explicaba las supuestas condiciones laborales y les ofrecía adelantarles el dinero para cubrir el viaje. Al llegar a España, esa suma se transformaba en una deuda que debían saldar a través de la prostitución forzada.
Nada más aterrizar, las víctimas eran despojadas de su pasaporte, un documento que quedaba bajo el control de la organización y solo se devolvía cuando la deuda se consideraba pagada, lo que les impedía cualquier posibilidad de huida o denuncia. Ante la amenaza de mantener una deuda con un organismo criminal, no les quedaba otra vía que aceptar.
Control extremo y rescate policial
Durante su estancia en Logroño, dormían en un piso vigilado por miembros de la banda y, cada día, eran trasladadas a otro inmueble utilizado como prostíbulo, donde sufrían explotación sexual y total control de sus movimientos. Las mujeres debían permanecer disponibles para los clientes desde las 10:00 hasta las 23:00 horas, sin poder rechazar ningún servicio, ni siquiera si se solicitaban prácticas sin protección o durante su menstruación.
No disponían de la mínima autonomía. Tenían prohibido cocinar, obligándolas a pedir comida baja en calorías para mantener una apariencia que la organización consideraba exigible. De todos los ingresos generados, la mitad se quedaba en manos de los explotadores. Además, en el interior del piso era frecuente el consumo y distribución de drogas, que también se ofrecían a las propias víctimas para que fueran más dóciles ante los clientes.
El control no terminaba en el ámbito físico. Las mujeres eran forzadas a participar en sesiones fotográficas con ropa sensual, cuyas imágenes eran utilizadas para publicar anuncios en plataformas de contenido sexual en internet gestionadas por la propia red. La operación policial que desmanteló la banda culminó con la detención de la principal cabecilla y su pareja sentimental. Durante el operativo, se liberó a cuatro mujeres que seguían en explotación, aunque la investigación permitió identificar y asistir a un total de siete víctimas afectadas por esta red.
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