Las autoridades judiciales de Francia han imputado a un empresario y a su hija, señalados por la justicia de ese país como presuntos responsables de una red de vertido ilegal que habría depositado de alrededor de 20.000 toneladas de desechos ilegales en varias regiones del oeste a lo largo de nueve años. El monto del daño estimado asciende a cuatro millones de euros, según destacó el fiscal de la República en Angers, Eric Bouillard, en declaraciones recogidas por Radio France.
La investigación, iniciada en abril de 2019, se remonta al hallazgo de contaminación en las aguas de lagunaje del municipio de Saint-Jean-sur-Mayenne. El fiscal ha precisado que el origen de la polución provenía de un vertido ilícito realizado por un camión hidrocargador de una empresa local. Durante la investigación de ese suceso, las autoridades descubrieron que detrás del vertido había una estructura mucho más amplia. Ahora, la fiscalía asegura que las empresas del grupo liderado por el acusado ofrecían servicios de tratamiento de residuos “a precios muy competitivos” a clientes públicos y privados. Según los pesquisas, la práctica consistía en depositar los desechos en localidades dispares que incluían desde Basse-Normandie hasta Deux-Sèvres, en cursos de agua y campos agrícolas.
Además, “las declaraciones recogidas indican instrucciones dadas a los empleados para evacuar estos residuos en canales ilegales, vertiéndolos en alcantarillas de agua pluvial, descargándolos en tierras de agricultores, o liberándolos en circuitos de agua de las ciudades o directamente en el suelo”, explicó el fiscal de Angers. Poco a poco, las investigaciones fueron revelando esta trama, y en el año 2023, tras varios registros, permitieron incautar “documentos falsos destinados a dificultar la trazabilidad de la eliminación de los residuos”.
El impacto económico de esta operación presuntamente ilegal incluye “beneficios ilícitos de cuatro millones de euros”, según calcularon los encargados de la investigación, como resultado de no pagar tasas ecológicas y de evadir los procesos obligatorios del tratamiento de basuras. Sobre el perjuicio ambiental, la fiscalía advirtió que aún no ha podido determinarse con exactitud, pero aseguró que el cálculo sería “muy superior a dos millones de euros”.
La investigación sigue abierta
El caso involucra actuaciones que, según el expediente, se desarrollaron desde enero de 2016 hasta diciembre de 2025. La justicia mantiene bloqueados más de 2 millones de euros del patrimonio personal de los principales imputados. Entre las medidas adoptadas, algunos empleados y exempleados también han sido entrevistados “sobre el funcionamiento atípico de estas empresas”, según informó el ministerio público. A pesar de que el martes algunos colaboradores fueron detenidos y luego liberados sin cargos, la investigación sigue abierta respecto al funcionamiento y las prácticas internas del grupo empresarial.
El empresario, de 61 años, y su hija, de 33 y titular del 30% de las acciones de la casa matriz de la empresa, radicada en la región francesa de la Mancha, enfrentan acusaciones por “abandono y gestión irregular de residuos”, “falsificación y uso de documentos falsos”, “contaminación”, “explotación irregular de una instalación clasificada”, “apropiación indebida de bienes sociales” y “blanqueo de fraude fiscal”.
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