
La expulsión de Andrés de Inglaterra de la residencia de Royal Lodge provocó un escándalo en el Reino Unido al revelarse las condiciones ventajosas de las que disfrutaba el hermano de Carlos III en su contrato de arrendamiento de la propiedad real. En consecuencia, el Parlamento británico ha anunciado una investigación sobre los contratos de arrendamiento de todas las residencias pertenecientes a la casa real.
La polémica sobre el alquiler simbólico ha llevado al Comité de Cuentas Públicas (PAC) del Parlamento británico a exigir explicaciones tanto al Tesoro como a The Crown Estate, la entidad gestora de los bienes de la Corona. El PAC ha solicitado información detallada sobre los términos del contrato de Royal Lodge y sobre si Andrés ha cumplido con sus obligaciones de mantenimiento, así como si se han utilizado fondos públicos para sufragar reparaciones.
Sir Geoffrey Clifton-Brown, presidente del PAC, ha declarado: “El Comité de Cuentas Públicas cumple uno de sus principales objetivos: favorecer la transparencia en información de interés público, como parte de su misión general de asegurar el valor del dinero para el contribuyente”. El comité ha publicado las respuestas recibidas de The Crown Estate y del Tesoro, y ha confirmado la apertura de una investigación formal sobre los arrendamientos de residencias reales.
De esta manera, la investigación parlamentaria también ha puesto el foco en los contratos de otros miembros de la familia real. The Crown Estate ha informado al PAC de que Guillermo y Kate, príncipe y princesa de Gales, han firmado un contrato de arrendamiento de 20 años para Forest Lodge, su nueva residencia, a partir del 5 de julio de 2025. Este contrato se ha establecido en “términos de mercado apropiados”, con una renta abierta de mercado, en contraste con el alquiler simbólico de Andrés.
Guillermo solicitó el arrendamiento tras consultar con la Casa Real, y los comisionados de The Crown Estate consideraron la petición para que Forest Lodge se convirtiera en la residencia privada principal de los príncipes de Gales y sus hijos.
El PAC ha anunciado que la investigación se desarrollará a partir de las conclusiones que aporte la National Audit Office (NAO), el organismo encargado de la fiscalización pública. “Esperamos las conclusiones de la National Audit Office y planeamos celebrar una investigación basada en las pruebas resultantes en el nuevo año”, ha declarado Sir Geoffrey Clifton-Brown. La fecha de la primera sesión de pruebas aún no se ha hecho pública y no se ha confirmado si Andrés u otros miembros de la familia real serán llamados a comparecer.
Dan Labbad, director ejecutivo de The Crown Estate, ha manifestado: “Acogemos con satisfacción la noticia de la investigación del Comité. Hemos proporcionado respuestas detalladas a las preguntas del Comité hasta la fecha y esperamos colaborar con la NAO y responder a nuevas cuestiones para apoyar el proceso de investigación”.
El ‘chollo’ de Andrés en Royal Lodge
Andrés Mountbatten-Windsor, ex príncipe y hermano del monarca, reside en Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones situada en Windsor Great Park, desde 2003. Según se ha publicado, el exduque de York obtuvo un contrato de arrendamiento de 75 años tras abonar un millón de libras (1,17 millones de euros), con una renta anual simbólica de “un grano de pimienta, si se exige”, que en la práctica se traduce a que Andrés no ha abonado ni una sola libra por el alquiler de la vivienda en esto 22 años. Este acuerdo ha generado controversia, ya que el resto de los arrendamientos de la familia real suelen establecerse a precios de mercado.

El escándalo se ha intensificado tras la retirada de títulos y funciones oficiales a Andrés por su vinculación con Jeffrey Epstein y la publicación de nuevos documentos y testimonios. En octubre de 2025, el rey le ha despojado oficialmente de su tratamiento de alteza real y del título de príncipe, además de eliminar su ducado del registro de la nobleza.
El contrato de arrendamiento de Royal Lodge estipula que, en caso de finalización anticipada, Andrés podría recibir una compensación de hasta 448.000 libras esterlinas (unos 555.000 euros). Sin embargo, tras una inspección realizada el 12 de noviembre de 2025, The Crown Estate ha señalado que el mal estado de la propiedad hace improbable que se abone dicha cantidad: “Nuestra evaluación inicial es que, aunque el alcance de las reparaciones no es inusual para un arrendamiento de esta duración, probablemente Andrew Mountbatten-Windsor no recibirá compensación por la finalización anticipada del contrato”. La entidad ha precisado que será necesario un análisis exhaustivo tras la desocupación para confirmar esta valoración.
Andrés ha dado el preaviso mínimo de 12 meses para abandonar Royal Lodge el 30 de octubre de 2025, lo que le permitiría permanecer en la residencia hasta octubre de 2026. El royal y su exesposa, Sarah Ferguson, han compartido la vivienda durante años, a pesar de estar divorciados, aunque ahora están buscando destinos separados.
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