Condenados a cárcel dos ex directivos de la Federación Extremeña de Atletismo por transferir fondos a sus cuentas personales

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado al expresidente y al exsecretario general entre los años 1995 y 2020 de la Federación Extremeña de Atletismo (FAEX) a dos y tres años de prisión respectivamente por un delito continuado de administración desleal.

Además, el expresidente, Francisco Carrapiso, tendrá que pagar una multa de siete meses a razón de una cuota diaria de diez euros, 2.100 euros en total, e indemnizar solidariamente junto con el otro acusado a la Federación con 77.795 euros. Por su parte, la sala condena al ex secretario general, Pedro Talavera, al pago de una multa de ocho meses a razón de una cuota diaria de quince euros, 3.600 euros en total, y a indemnizar a la FAEX además de los 77.795 euros de forma solidaria con otros 84.158 euros.

La Sala absuelve por el contrario al que fuera presidente del Comité de Jueces entre los años 2008 y 2020 que había sido acusado por el mismo delito.

Pagos ocultos a los órganos federativos

Según recoge la sentencia, los dos condenados mantuvieron un control absoluto sobre las cuentas y la gestión económica de la entidad durante sus mandatos. Talavera, que además actuaba como gerente, concentraba funciones de vigilancia patrimonial, custodia de fondos y supervisión de la contabilidad, mientras Carrapiso ordenaba pagos y ostentaba la representación legal de la federación. Ambos ejercieron sin contrapesos ni fiscalización real por parte de la Asamblea General.

A pesar de que los estatutos federativos permitían la posibilidad de retribuir a Talavera por su labor como secretario general o gerente, la Asamblea nunca aprobó remuneración alguna. Sin embargo, tal circunstancia no impidió que él mismo se transfiriera de forma continuada fondos de la federación a su cuenta personal.

Entre 2014 y 2020, Talavera desvió más de 117.000 euros, de los cuales cerca de 70.000 correspondían a pagos completamente ocultos a los órganos federativos, realizados bajo el conocimiento y tolerancia del entonces presidente Carrapiso. El resto estaba vinculado a contratos como técnico deportivo, aprobados y conocidos por la Federación, y que sí figuraban en la contabilidad anual.

Gastos personales en hoteles, restaurantes y talleres

La sentencia prueba que Talavera, valiéndose de su acceso exclusivo a las cuentas y de la confianza institucional, utilizó también una tarjeta bancaria asociada a la Federación para gastos estrictamente personales. Restaurantes, ropa, viajes, hoteles, talleres y compras cotidianas fueron cargados durante años a los fondos federativos, alcanzando un total de más de 86.000 euros. La práctica totalidad de esos pagos no guardaba relación alguna con actividades federativas.

El uso indebido del patrimonio de la Federación no se limitó a gastos personales. En 2020, cuando ambos dirigentes ya habían perdido las elecciones y se encontraban en funciones, Carrapiso y Talavera hicieron que la entidad pagara las multas penales —de 2.400 euros cada una— impuestas a ambos en un procedimiento anterior por falsedad documental.

No conformes con cargar las sanciones a la institución, financiaron también con fondos federativos los honorarios de abogado y procurador derivados de su defensa en ese proceso penal y en un procedimiento contencioso administrativo relacionado con actuaciones disciplinarias personales, alcanzando gastos adicionales superiores a los 3.000 euros.

El papel del Comité de Jueces

Uno de los capítulos relevantes investigados fue el funcionamiento del Comité de Jueces. Aunque inicialmente se sospechaba una posible apropiación indebida por parte del entonces presidente del comité, la sentencia concluye que las cuantías que este administraba para pagar a los jueces se ajustaban a su finalidad y que no se apropió de dinero federativo. Los desvíos patrimoniales se circunscribieron así a los realizados por Carrapiso y Talavera a través de transferencias bancarias, pagos encubiertos y el uso fraudulento de la tarjeta corporativa.

El análisis de los presupuestos y liquidaciones de la federación entre 2014 y 2020, unido al testimonio de trabajadores y directivos, permitió acreditar que las supuestas remuneraciones de Talavera nunca fueron aprobadas, ni constaban reflejadas en las cuentas anuales. Testigos presenciales declararon desconocer cualquier retribución para su cargo, más allá de los contratos técnicos. Los dirigentes justificaban la falta de transparencia alegando protección de datos, mientras las cifras reales revelaban que ni siquiera los gastos del personal efectivamente contratado encajaban con las partidas aprobadas en Asamblea.

La sentencia concluye que Francisco Carrapiso y Pedro Talavera actuaron de manera sostenida para beneficiarse del patrimonio federativo, apropiándose de fondos y utilizando recursos institucionales para afrontar obligaciones estrictamente personales. Una gestión opaca, prolongada durante años, que quedó al descubierto tras la llegada de una nueva directiva.