El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó este miércoles una batería de medidas “ambiciosas” para hacer frente a la desinformación, la protección de los menores, la erradicación de los discursos de odio y la vulneración de la privacidad en el entorno digital, iniciativas que el Ejecutivo presentará a lo largo del próximo semestre. Las nuevas propuestas se articularán tanto en España como en el marco europeo e internacional, con el objetivo de reforzar la regulación de las plataformas digitales y garantizar que los derechos fundamentales de los ciudadanos quedan asegurados frente a prácticas abusivas en Internet.
Las medidas se enmarcan en una estrategia más amplia que pretende atajar lo que Sánchez definió como una degradación del espacio digital, un entorno donde —según denunció— la mentira, la polarización y la manipulación informativa se han convertido en herramientas para influir en la opinión pública y socavar la confianza institucional. El jefe del Ejecutivo señaló que detrás de este fenómeno existe un “negocio económico y político” alimentado por agendas extremistas y alimentado por algoritmos diseñados para potenciar el contenido emocional y polarizante. Además, insistió en que la privacidad debe ser garantizada como un derecho y no tratada como “una mercancía”.
Citación de Meta en el Congreso
En paralelo a este paquete legislativo, Sánchez anunció que el Gobierno citará en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso a responsables de Meta —matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp— para que expliquen un presunto caso de espionaje masivo a usuarios. También comparecerán expertos independientes con el fin de esclarecer lo ocurrido e identificar posibles responsabilidades.
La decisión se basa en los resultados de una investigación académica realizada en España, Bélgica y Países Bajos. Según este trabajo, difundido por centros como IMDEA Networks, la Universidad Católica de Lovaina y la Universidad de Radboud, la compañía habría utilizado durante casi un año un mecanismo oculto para rastrear la actividad web de millones de usuarios de dispositivos Android, incluso cuando navegaban en modo incógnito o a través de VPN. “Aunque los usuarios creían estar protegidos, Meta seguía observando y conocía quién hacía qué en el espacio digital sin consentimiento”, afirmó Sánchez.
El presidente sostuvo que el Estado debe actuar para proteger a los ciudadanos frente a prácticas tecnológicas opacas y recalcó que “en España la ley está por encima de cualquier algoritmo”. Añadió que quienes vulneren derechos y libertades “pagarán las consecuencias”, insistiendo en que este tipo de actuaciones no pueden quedar impunes.
“Las redes sociales se han convertido en un estado fallido”
Durante su intervención en Metafuturo, organizado por Atresmedia en el Ateneo de Madrid, Sánchez dirigió duros reproches a grandes plataformas tecnológicas, mencionando no solo a Meta sino también a Google, X y TikTok. Las acusó de haber operado durante años al margen de la regulación, ignorando las alertas de las administraciones y fomentando un entorno donde la desinformación y el odio se amplifican sin control. Calificó el espacio digital como “un estado fallido” gobernado por “una nueva oligarquía tecnológica”.
A su juicio, la indiferencia de estas compañías ante los efectos sociales de sus algoritmos ha contribuido a normalizar dinámicas de polarización y campañas de intoxicación informativa. “El odio cotiza al alza y la mentira se premia con clics”, afirmó, advirtiendo de que el país no cederá ante el “abuso de poder” de estas corporaciones. “Nuestro país no se va a arrodillar ante la mentira, el odio ni la avaricia”, añadió.
Protección de menores y freno a la polarización
Dentro del paquete legislativo anunciado, una de las prioridades será la protección de los menores en el entorno digital. Sánchez recordó que la sociedad se encuentra “en una fase de despertar” ante los efectos de las redes sociales sobre adolescentes, y apuntó que un 95% de la ciudadanía considera urgente que las autoridades actúen contra el ciberacoso, la exposición a contenidos nocivos y el impacto psicológico del uso intensivo de plataformas.
El Gobierno también prevé medidas específicas para combatir los discursos de odio, definidos como una herramienta política utilizada para promover agendas “reaccionarias e involucionistas”. Según el presidente, estas estrategias se construyen “paso a paso”, alimentando estereotipos y prejuicios con el objetivo de justificar la hostilidad hacia grupos vulnerables o colectivos determinados.
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