Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha defendido ante el Tribunal Supremo que el dinero en efectivo que manejaba tenía un origen “lícito y conocido”, procedente —según sostiene— de “liquidaciones de gastos y dietas abonados por el PSOE”. Así lo afirma en el recurso de apelación presentado contra su procesamiento en la causa de las mascarillas, en el que solicita la anulación del auto dictado el pasado 3 de noviembre por el magistrado Leopoldo Puente.
La defensa de Koldo argumenta que el efectivo que poseía “no procede de ninguna actividad ilícita” y que era utilizado para cubrir “gastos varios del día a día” en nombre del partido, en concreto bajo delegación de la Secretaría de Organización del PSOE. En el mismo escrito, sus abogados califican de “imaginativa, arbitraria y carente de sentido” cualquier tesis que relacione esos fondos con sobornos o comisiones vinculadas a la contratación de material sanitario durante la pandemia.
El recurso, de 89 páginas, solicita a la Sala Segunda del Supremo que deje sin efecto el procesamiento de García junto a Ábalos y al empresario Víctor de Aldama. El juez instructor propone juzgar a los tres por presuntos delitos de cohecho pasivo, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y organización criminal. Sin embargo, la defensa del exasesor rechaza tajantemente ese relato y afirma que su cliente “nunca intervino en la adjudicación de contratos ni recibió pagos irregulares de ningún empresario”.
La defensa niega pagos ilícitos y acusa al juez de basarse en conjeturas
El equipo jurídico de Koldo García niega que existiera un flujo de dinero procedente de Aldama hacia su representado, como sostiene el magistrado, que habla de pagos mensuales de 10.000 euros entre 2019 y 2021. Para la defensa, esa afirmación carece de respaldo documental y se apoya en interpretaciones “sin base fáctica suficiente”.
También cuestionan el valor probatorio del documento Excel aportado por el propio Aldama, que —según remarcan— “fue elaborado por él mismo” y “nada demuestra contra García”. A su juicio, el juez habría construido un relato “especulativo” sobre la supuesta trama, sin pruebas directas que vinculen a su cliente con el cobro de comisiones o con decisiones administrativas en la adjudicación de contratos de mascarillas.
La defensa insiste en que el dinero en metálico procedía exclusivamente de fondos del PSOE y de las dietas e indemnizaciones correspondientes a su actividad política, y que “resulta absurdo pensar” que alguien con esa trayectoria manejara efectivo de procedencia ilícita.
Siete motivos de nulidad y críticas a la instrucción
El recurso plantea hasta siete posibles causas de nulidad del procedimiento. En primer lugar, denuncia la vulneración del principio non bis in idem, alegando que Koldo García está siendo investigado por los mismos hechos “de manera paralela” en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. Según sus abogados, ambas investigaciones se solapan en lo referente a los contratos de mascarillas y a la supuesta estructura criminal, lo que supondría una duplicidad procesal prohibida.
La defensa también reprocha que no se haya procesado a otras personas mencionadas en el auto del juez, como la expareja de Ábalos, Jessica Rodríguez, o Claudia Montes, ambas supuestamente beneficiadas con puestos en empresas públicas. En el mismo sentido, lamentan que no se haya extendido la investigación a Air Europa, citada por una nota de prensa que, según el magistrado, habría favorecido a la aerolínea, ni a otras figuras como Claudio Rivas, la empresa Villafuel o la empresaria Carmen Pano, quien declaró haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede socialista.
Según el escrito, la ausencia de investigación sobre esas personas o entidades “limita gravemente el derecho de defensa”, al impedir solicitar diligencias probatorias que pudieran aclarar los hechos. El recurso denuncia asimismo que no se hayan devuelto los teléfonos móviles intervenidos al exasesor y que se hayan denegado varias diligencias propuestas por la defensa.
Además, los abogados de García apuntan que la instrucción podría estar incurriendo en una “investigación prospectiva” y acusan al magistrado de haber “extralimitado” el alcance de la causa más allá de lo autorizado en el suplicatorio aprobado por el Congreso de los Diputados. También advierten de un perjuicio procesal derivado de que el Tribunal Supremo asuma la instrucción por el aforamiento de Ábalos.
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