El empresario Alberto González Amador ha logrado algo más que sentar en el banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Noviembre de 2025, cerca de medio siglo después de la entrada en vigor de la Constitución que lo ampara, el secreto profesional del periodista, que asiste al derecho a la información y a la democracia en su conjunto, también está en juicio. Todo por el honor herido a un particular, como considera el Tribunal Supremo a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
La Sala de lo Penal debe dictar sentencia por un presunto delito de revelación de secretos; por la difusión de información sensible sobre una investigación por fraude fiscal y falsedad documental contra González Amador. García Ortiz habría filtrado a los medios de comunicación un correo electrónico sobre las negociaciones de este con el Ministerio Público a fin de resolver incumplimientos tributarios. Así lo sostiene el empresario y seis acusaciones populares, no así la Abogacía del Estado y la Fiscalía, contrarias al proceso.
De la Constitución a Europa
La Carta Magna, en su artículo 20.1.d, expone: “Se reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”. En efecto, normativa posterior lo hace. En último término, el Gobierno aprobó en julio un anteproyecto de ley orgánica para reforzar el derecho al secreto profesional de los periodistas “a fin de fortalecer la transparencia, la pluralidad y la independencia en el ecosistema informativo”.
El Consejo de Ministros no hizo sino alinearse con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Reglamento de la Unión Europea de 2024 en relación con una protección de este derecho. Los periodistas no solo no están obligados a revelar la identidad de sus fuentes ni datos que puedan conducir a ellas. Además, queda prohibida la instalación de programas o dispositivos de vigilancia sobre estos profesionales salvo casos excepcionales en que un tribunal, previa argumentación bien armada, pudiera ordenarlo.
“Yo sé quién es la fuente”
El afán del juicio contra García Ortiz es conocer si fue el filtrador. Y, si no lo fue, quién entonces. El paso de distintos periodistas por la sala, ante el tribunal, resultó muy interesante y revelador sobre de qué va este trabajo, se trate de la trinchera que se trate. Sería una tarea similar a la de barrer el desierto tratar de enumerar la cantidad de hechos que los españoles ignorarían a día de hoy o habrían conocido ya tiempo más tarde de no ser por el blindaje de este derecho, y lo que supondría para su libertad que dejara de estarlo.
“Yo sí sé quién es la fuente”, declaró José Precedo, adjunto al director de eldiario.es, ante el tribunal. Suya fue la información el 12 de marzo de 2024 titulada ‘La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla’. Suyo también el testimonio más poderoso y que ha dado lugar al debate para aquellos que consideran que el honor de un particular prevalece sobre un derecho de medio siglo en España. Lo espinoso, pero que tanto tiempo se ha dado por sentado, es que el derecho puede llegar a amparar delitos.
Lo explicó bien Carlos Alsina, director de Más de Uno, en Onda Cero, en uno de sus editoriales, asunto que más tarde trasladó a tertulia. Un periodista sabe que su fuente muy seguramente está incurriendo en una actuación ilícita al filtrarle algo que debería permanecer en secreto, pero no está obligado a denunciarlo porque antepone la protección de esa fuente en pro, se entiende, de un bien mayor. “Es buen tema -valora Alsina- porque va más allá del caso que ahora nos ocupa y permite un debate sobre la peculiaridad del ciudadano que es periodista”.
Un dilema moral
Precedo planteó al tribunal un dilema moral. Aseguró que el fiscal general “es inocente” porque no es su fuente, pero que no puede desvelar quién es esa fuente. Alsina abordó esto: “En el ámbito periodístico, lo que se considera un ‘delito’ es violar la confidencialidad de quien te ha pasado el documento confidencial. (...) Por ejemplo, el empleado público que ha de velar por un documento. Y que, cuando filtra, es consciente de que está incurriendo en un ilícito, sobre todo si se gana la vida como fiscal, sea ordinario, sea jefe, sea fiscal general”.
El secreto profesional garantiza que quienes arriesgan su carrera y en algunos casos, según la magnitud de la revelación o las latitudes, hasta su vida para revelar algo que los ciudadanos deben conocer, pueda hacerlo sin quedar expuesto, vendido. Es un derecho, que no una obligación, pero un derecho al cabo. El periodista que se lo salte no pierde una fuente, las pierde todas. Y si las fuentes dejan de creer en los periodistas para confiarles escándalos de relieve público, se derrumba un derecho aún mayor, que es el de los españoles a ser informados.
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