Después de más de un siglo bajo la misma normativa, el sistema judicial español encara un cambio de calado. El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) que pone fin a una regulación vigente desde 1882 y abre el debate sobre el reparto de funciones en la instrucción penal. La propuesta otorga a la Fiscalía un rol central en las investigaciones y delimita las condiciones bajo las que podrá actuar la acusación popular.
La nueva LOECrim propone que sea el Ministerio Fiscal quien lidere la instrucción penal, relegando a los jueces a un papel de supervisión que se articulará a través de la figura del “juez de garantías”, responsable de custodiar los derechos fundamentales de todas las partes. Según expuso el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, este modelo persigue agilizar los procedimientos y adaptar el sistema español al estándar de la Unión Europea.
De acuerdo con el proyecto, la investigación estará a cargo del fiscal, mientras que otros dos jueces asumirán las fases decisivas: uno para determinar la apertura del juicio oral y otro para el enjuiciamiento. Esta estructura, destacada por Bolaños como “la primera ley procesal penal de la democracia”, supondrá que “solo se podrán recurrir las decisiones que afecten a derechos fundamentales” para hacer más ágil el proceso.
Por su parte, el inspector jefe de la Policía Nacional y creador de contenido en TikTok, Francisco Rius (@metodorius), ha subrayado que la independencia está garantizada: “Se está hablando acerca de la modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal que va a otorgar más poder a la Fiscalía. Y esto está siendo criticado por mucha gente en redes sociales, diciendo que se va a politizar mucho más la justicia. Y eso es incorrecto, por lo menos en mi opinión. Vamos a ver, señores: la oposición para ser fiscal y juez es la misma. La independencia judicial y fiscal está plenamente garantizada”. Aunque reconoce que “el fiscal general del Estado es elegido por el Gobierno de España y eso, a mi juicio, sí que es criticable”, considera que “no es cierto que los fiscales reciban órdenes que vayan contra la legalidad”.
La reforma plantea además novedades en materia de garantías, como la revisión periódica de la prisión provisional cada seis meses, o la protección reforzada de las víctimas, menores y personas en situación de vulnerabilidad. Sobre la acusación popular, la ley restringe su ejercicio, excluyendo a entidades públicas, partidos políticos y sindicatos salvo que demuestren interés legítimo. Bolaños defendió este cambio afirmando: “Es evidente que la acusación es una herramienta de las organizaciones ultras para perseguir a los que son progresistas”.
Debate político, división en la judicatura y opiniones desde la policía
El debate político se ha intensificado tras la aprobación del texto. Sumar y Junts han expresado su desacuerdo respecto a la limitación de la acusación popular, solicitando más garantías y protección de derechos fundamentales. Enrique Santiago, diputado de Sumar, confía en que el texto podrá modificarse en el Parlamento: “Nuestra confianza es plena, el resultado final va a ser muy productivo”.
En la oposición, la portavoz del Partido Popular, Ester Muñoz, atribuyó la tramitación a la intención del Gobierno de “controlar la Justicia” y remarcó que “es inviable una reforma que cambie de esta naturaleza el proceso penal en nuestro país si no se corta el cordón umbilical entre el Gobierno y la Fiscalía General del Estado”.
A nivel profesional, la reforma genera división entre jueces y fiscales. María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, subrayó la imparcialidad de los jueces en comparación con la dependencia jerárquica de los fiscales. Por su parte, representantes de asociaciones progresistas, como Edmundo Rodríguez (JJpD), defienden la modernización y ven la reforma como una forma de dotar de eficacia al sistema.
El propio Francisco Rius ha respondido a las críticas de politización en redes sociales, indicando: “No hay que engañar a la opinión pública diciendo que los fiscales están totalmente politizados, porque eso me parece que es hasta insultar a los compañeros que trabajan en Fiscalía”. En referencia directa al cambio que supone dar la instrucción penal a la Fiscalía, añade: “El hecho de que el fiscal lleve la parte de la instrucción, la parte de la investigación penal, es bueno, porque siempre va a tener a su lado un juez de garantías que va a vigilar el debido cumplimiento de la ley”. “Y cuando el fiscal termine”, continúa explicando el jurista, “pasará al enjuiciamiento, al plenario del procedimiento penal. Y es ahí cuando entrará el juzgado de lo penal, el juez. Pero el fiscal estará dirigiendo lo que es la instrucción. Me parece muy acorde a lo que está sucediendo en la Unión Europea.”
La LOECrim inicia ahora su trámite parlamentario, en un proceso que se anticipa largo y marcado por el debate, con previsión de entrada en vigor en 2028. Para Francisco Rius,
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