El fiscal Zaragoza ve "un despropósito" la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal: "Tengo una preocupación enorme"

Durante el debate ‘Reflexiones desde la Justicia’ en Madrid, el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza subrayó que el cambio de la instrucción penal hacia los fiscales y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal debían contar con un respaldo político mucho más amplio antes de su aprobación. Según detalló el diario La Razón, Zaragoza advirtió que la independencia judicial se veía amenazada por el paquete de reformas que el Gobierno busca aprobar en el Consejo de Ministros, previstas para entrar en vigor a partir de enero de 2028.

Tal como publicó La Razón, la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) introducirá modificaciones sin precedentes en el proceso penal español. El principal cambio que contempla el proyecto legislativo es el traspaso de la dirección de la investigación judicial a los fiscales, una iniciativa que, de acuerdo con el magistrado, representa “un despropósito”. En sus declaraciones, Zaragoza expresó: “Tengo una preocupación enorme por la situación que estamos viviendo en estos momentos. La independencia judicial está cuestionada por la presentación o por el intento de poner en marcha una serie de reformas”.

De acuerdo con la información difundida por La Razón, el fiscal calificó la futura ley como el mayor cambio en el proceso penal de España hasta la fecha. Además del traslado de las investigaciones a los fiscales, la ley contempla la exclusión de los partidos políticos en la acusación popular. Desde su visión, estas modificaciones pueden afectar el núcleo del Estado de Derecho. “No estamos en los mejores momentos para abordar dichas reformas”, afirmó Zaragoza, señalando que en el contexto político y jurídico actual existe un riesgo real de dañar la separación de poderes y la autonomía de los jueces.

El medio La Razón precisó que la reforma incluye la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, lo cual supondría extender a cinco años el mandato del fiscal general del Estado. Zaragoza cuestionó que estos cambios se planteen sin un consenso claro y suficiente entre las fuerzas parlamentarias y advirtió sobre impactos tanto en la estructura de la Fiscalía como en la calidad de la independencia judicial. Calificó el nuevo enfoque como “un torpedo en la línea de flotación de la independencia judicial” y explicó que entiende esta independencia como un componente fundamental para la vigencia del Estado de Derecho.

La atribución efectuada por el Ejecutivo —informada por La Razón— suscita, para el fiscal, dudas acerca de si realmente refuerza la autonomía de los fiscales y satisface los requisitos mínimos demandados por la Unión Europea. “La atribución de la dirección de la investigación a los fiscales para mí es un despropósito”, manifestó Zaragoza, recordando que el estándar europeo exige garantías adicionales para evitar cualquier posible vulneración en la imparcialidad e independencia de las actuaciones penales.

Durante su intervención en el debate, el fiscal reiteró que, en su opinión, “no se pueden aceptar proyectos ni reformas que menoscaben” la efectividad y la naturaleza independiente de la judicatura. Según consignó La Razón, Zaragoza subrayó la necesidad de que cualquier cambio en el funcionamiento de la justicia española se base en un acuerdo político amplio y transversal, capaz de otorgar legitimidad y solidez a las reformas propuestas.

Finalmente, el evento organizado por el diario La Razón sirvió como escenario para que el fiscal manifestara públicamente sus inquietudes y su petición de cautela frente a las reformas que alteran la estructura de la justicia penal en España. Insistió en que los desafíos asociados a estas transformaciones requieren de un debate profundo y de extensos consensos, antes de proceder con la entrada en vigor de medidas que podrían modificar sustancialmente el actual modelo de equilibrio entre la Fiscalía y el Poder Judicial.