Silvia Intxaurrondo demanda a RTVE por un cambio en sus condiciones laborales: pasa de cobrar más de 269.000 euros anuales a 45.000

La periodista Silvia Intxaurrondo es uno de los rostros principales de RTVE desde hace varios años. Sin embargo, tal y como ha informado en exclusiva El Mundo, la presentadora de La hora de La 1, ha decidido emprender acciones legales contra el ente público. La de Baracaldo ha interpuesto una demanda laboral en la que reclama recuperar las condiciones económicas y contractuales que disfrutaba antes de la regularización impulsada por la Inspección de Trabajo. El conflicto llega en un momento paradójico: mientras el programa matinal vive uno de sus mejores momentos de audiencia, su directora y conductora se enfrenta judicialmente a quien la emplea.

El origen del conflicto se remonta a 2023, cuando La hora de La 1 pasó a ser una producción interna de RTVE. Hasta ese momento, el espacio estaba gestionado por la productora Tesseo, y la periodista mantenía su vínculo profesional a través de su sociedad Sukun Comunicación S.L., de la que su marido figura como administrador único. En virtud de aquel acuerdo, Intxaurrondo percibía hasta 269.757 euros anuales, repartidos en 182.000 euros por labores de dirección y 87.757 euros adicionales por la presentación.

El contrato mercantil tenía una duración de dos años y contemplaba amplias atribuciones profesionales, entre ellas la autonomía total sobre el contenido editorial del programa. Esta fórmula, habitual en el sector audiovisual para presentadores estrella, permitía a RTVE ahorrarse cotizaciones sociales y tributos propios de una relación laboral directa.

Sin embargo, la pasada primavera, una denuncia anónima llevó a la Inspección de Trabajo a investigar la naturaleza del vínculo entre la periodista y la corporación. Tras varios meses de revisión, el organismo concluyó que existían indicios de una “falsa relación de autónomo”, ya que la comunicadora desempeñaba sus tareas bajo un horario fijo, con medios y estructura proporcionados por RTVE y sin capacidad real de gestión empresarial.

Ante la resolución de Trabajo, RTVE se vio obligada a regularizar la situación. El propio presidente de la Corporación, José Pablo López, confirmó públicamente que Intxaurrondo había sido dada de alta en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajadora por cuenta ajena. “Se ha dado de alta a la trabajadora y se ha cotizado en el Régimen General de la Seguridad Social”, declaró en sede parlamentaria, intentando zanjar la polémica.

A partir de ese momento, RTVE inició un proceso de negociación con la periodista para adaptarla al convenio colectivo de la empresa pública. Y, de esa manera, su nuevo contrato, vigente desde el 10 de septiembre, la incorporó como personal no fijo con las condiciones salariales establecidas por las tablas del ente.

Por ello, el cambio supuso una reducción drástica de su retribución: según el convenio actualizado, el nivel más alto de RTVE —Grupo II, nivel A33— establece un sueldo base de 3.278 euros mensuales, lo que equivale a algo más de 45.000 euros anuales en 14 pagas, más complementos variables. Aunque el convenio incluye pluses de disponibilidad (unos 120 euros) o familiares (40 euros), las cifras están muy lejos de los casi 270.000 euros que Intxaurrondo percibía anteriormente. El cambio contractual también implicó la eliminación de ciertos privilegios laborales. Entre ellos, el uso de un vehículo de empresa para los desplazamientos diarios y la pérdida de antigüedad, al considerarse un contrato completamente nuevo.

Además, RTVE no pudo mantener una cláusula presente en su acuerdo mercantil anterior: la que otorgaba a la periodista plena autonomía editorial. En aquel documento se especificaba que “el contenido de las intervenciones de la codirectora y presentadora será establecido por la misma, con total autonomía”. Ahora, como trabajadora de la corporación pública, Intxaurrondo debe ceñirse al Código Ético y al Manual de Estilo de RTVE, que regulan el tono, la imparcialidad y la línea editorial de todos los espacios informativos.

La demanda judicial

Tal y como informa El Mundo, la demanda fue presentada hace una semana a través de un prestigioso bufete de abogados laboralistas. RTVE la recibió el martes pasado, y la vista judicial se celebrará previsiblemente en la primavera de 2026. En su escrito, Intxaurrondo alega que, pese al cambio de contrato, sus funciones no han variado, pues continúa ejerciendo la dirección y conducción diaria del programa, motivo por el que considera que su salario debería mantenerse en niveles similares. También reclama los beneficios logísticos y la autonomía profesional de la etapa anterior.

Por su parte, RTVE argumenta que el nuevo régimen contractual no puede equipararse al anterior, ya que el marco legal de un contrato mercantil y el de un contrato laboral son “radicalmente distintos”. Desde los sindicatos del ente se asegura que la corporación no tenía margen de maniobra, ya que la Inspección de Trabajo fue “tajante” en su diagnóstico. Y es que, según las fuentes sindicales, o la daba de alta como empleada o se exponían a una sanción grave.

Pero la disputa no solo tiene implicaciones personales y económicas. En el seno de RTVE, algunos directivos temen que el caso siente un precedente en la contratación de presentadores y colaboradores externos, una práctica extendida durante años en la televisión pública. La regularización de falsos autónomos ha sido una prioridad del Ministerio de Trabajo, y este proceso podría marcar un antes y un después en la gestión de los rostros más visibles del ente.