
El uso de dispositivos GPS para monitorizar la ubicación de los empleados es una práctica que, bajo ciertas condiciones, resulta legal en España. Así lo ha explicado el abogado Juanma Lorente, quien precisó que una empresa tiene derecho a rastrear mediante GPS a sus trabajadores siempre y cuando se cumplan requisitos fundamentales.
Uno de los criterios esenciales señalados por Lorente en un video publicado en su perfil de TikTok (@juanmalorentelaboralista) es la justificación: “No te puede poner un GPS tu empresa porque sí. Tiene que tener un fin, además un fin lógico, entendible”, afirmó. El propósito legítimo, por tanto, es el primer filtro legal; la mera vigilancia indiscriminada no encuentra amparo normativo.
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Otro aspecto relevante que destacó el letrado reside en la proporcionalidad y la existencia de alternativas menos invasivas. En palabras de Lorente, “si existen otros métodos que no son tan controladores y que van a servir para el mismo fin, pues deberían utilizar los otros métodos”. Solo si no hay otras vías igualmente efectivas, el GPS se convierte en una herramienta admisible en derecho.
Dónde se puede instalar un GPS
El medio elegido para la instalación del sistema de localización constituye otro límite fundamental. Así, la legislación prohíbe emplear el GPS en el móvil personal del trabajador, quedando restringido su uso a los dispositivos de la empresa, como teléfonos corporativos o vehículos asignados para el desempeño laboral. “La empresa solo podrá controlar lo que haces mientras estás trabajando. Por supuesto, no tiene que tener ni idea de lo que haces cuando terminas de trabajar”, detalló Lorente.
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La práctica más habitual radica en la instalación de estos sistemas en coches utilizados por comerciales o repartidores, según señaló el abogado que comparte consejos legales en sus cuentas de redes sociales. En cambio, la colocación de GPS en otros contextos, como cuando un trabajador sale puntualmente de la oficina, resulta desproporcionada y carente de sentido desde el punto de vista legal.
Casos en España
En España, varias empresas ya han utilizado sistemas de geolocalización para supervisar a sus empleados, generando debates sobre privacidad y legalidad laboral. Un caso destacado es el de Securitas Seguridad España, donde un vigilante fue despedido tras ser detectado fuera de su ruta laboral mediante el GPS de un vehículo de empresa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló el despido, al considerar que el trabajador estaba informado y que el uso del GPS estaba limitado a fines laborales. En contraste, la Audiencia Nacional anuló un intento de Telepizza de rastrear a repartidores mediante GPS en sus dispositivos personales, al entender que vulneraba su derecho a la intimidad.
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Por su parte, Amazon en Cataluña fue sancionada por la falta de transparencia sobre los algoritmos que gestionan a sus empleados, evidenciando la necesidad de claridad en el uso de tecnologías de control. Aunque no directamente ligado a GPS, el caso subraya los riesgos legales de supervisar trabajadores mediante sistemas tecnológicos y que estas prácticas deben hacerse siempre cumpliendo la normativa vigente y respetando los derechos del trabajador en cuanto a seguridad y privacidad, entre otros.
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