
Este martes 21 de octubre de 2025 se cumplen veinticinco años del inicio de los trabajos de búsqueda de una fosa común en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo. En ella fueron exhumados los restos de trece civiles republicanos procedentes de distintas localidades del Bierzo, asesinados y hechos desaparecer por un grupo de pistoleros falangistas el 16 de octubre de 1936. Se trató de la primera exhumación científica de una fosa común promovida por familiares y dirigida por el arqueólogo Julio Vidal, con el que colaboraron un grupo de forenses y antropólogos. Todo se lo financiaron entre ellos, sin ninguna ayuda pública.
Emilio Silva, su nieto, fue quien encabezó esa primera excavación y hoy es presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Su antepasado se convirtió así en el primer republicano desaparecido por la represión franquista identificado por una prueba genética. Silva ha intentado plasmar esta historia y lo que supuso para su familia en la novela ‘Nébeda’ (editorial Alkibla). La obra narra la historia de dos ancianos que regresan de su largo exilio en Argentina hasta Pereje, un pequeño pueblo de El Bierzo. Allí recuperan las astillas de su pasado, de los rostros y los acontecimientos que marcaron su infancia y las esquirlas de sus biografías cuando soñaron y trataron de hacer justicia. Es la historia de un militante republicano desaparecido, asesinado por pistoleros falangistas, y de cómo ese hecho terrible marcó las vidas de sus seres queridos y condicionó durante décadas el devenir de sus descendientes.
Emilio Silva Barrera, navarro de 60 años, se licenció en Sociología Política, aunque la mayor parte de su vida profesional la ha dedicado al periodismo y la comunicación. En una visita al pueblo de sus abuelos, un amigo de su padre y antiguo preso político, le presentó a otro vecino que le dijo con normalidad dónde estaba enterrado su abuelo, un militante de Izquierda Republicana que había escrito en prensa y fue asesinado por los falangistas al inicio de la Guerra Civil. Después de tres días de búsqueda, y cuando parecía que el ensanchamiento de la carretera había podido llevarse por delante los restos óseos, apareció una bota que contenía los huesos del pie de la primera de las trece personas que fueron exhumadas.

La exhumación fue promovida por la familia de Emilio Silva Faba. Su nieto (que comparte nombre y primer apellido) registró en julio de 2000 una petición a Daniel Fernández, entonces alcalde de Priaranza del Bierzo, solicitando ayuda para los trámites que pudieran ser necesarios para hacer posible la exhumación, así como para facilitar la interlocución con el propietario de la finca donde se encontraban los cuerpos. La fosa ya había sido exhumada en octubre del año 1936 cuando una de las familias que supo dónde habían sido abandonados los cadáveres acudió a ese lugar y, describiendo la ropa y el aspecto físico de una de las personas que estaban allí enterradas, lo desenterró clandestinamente para trasladarlo a su pueblo e inhumarlo en una tumba familiar. De la historia de ese desenterramiento en 1936 dio testimonio Francisco Cubero, un vecino de Villalibre de la Jurisdicción que, con 16 años, fue obligado por la falange local, junto a otros dos jóvenes que simpatizaban con las ideas republicanas, a cavar la fosa y enterrar los cadáveres.
Germen de la asociación
La exhumación científica del resto de los cuerpos en 2000 sirvió para demostrar que tantos años después esas víctimas podían ser identificadas genéticamente. Además, fue el germen de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), un colectivo que interpuso las primeras denuncias por desaparición forzada en juzgados españoles, que implicó a Naciones Unidas y a su Grupo de Trabajo contra la Desapareció Forzada, al viajar hasta Ginebra para presentar 64 casos de desaparecidos en el año 2002. También promovió un debate acerca de las consecuencias de las violaciones de derechos humanos de la dictadura en un país en el que el Congreso y el Senado no habían hecho mención alguna a los desaparecidos del franquismo en 25 años, pero habían creado comisiones para investigar la desaparición de súbditos españoles en las dictaduras de América.

Tres años después de la exhumación, Emilio Silva Faba fue enterrado en su pueblo natal en el mismo nicho en el que se encontraban los restos de la que fue su mujer, Modesta Santín, que había muerto tres años antes de la exhumación. “El dato de mi abuelo era el único que teníamos de los 13 cuerpos que luego finalmente exhumamos”, señala Silva. Luego, poco a poco, preguntando por la zona, encontró a la hija de otro desaparecido. “Tenía miedo. Tuve que tranquilizarla. Que ya ha pasado tiempo y que podía hablar de que a su padre le mataron. Pero como ella, mucha gente, las cunetas siguen llenos de desaparecidos”. Tras tres años de la ley de Memoria Democrática, el Gobierno impulsa la exhumación de 11.000 cuerpos.
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