La alcaldesa que quiere cerrar el camping de la única playa de Madrid (con bandera azul) y reclama miles de euros a varios restaurantes

“Si es que con ella no se puede hablar”. Quien se lamenta así es Esteban Carrasco, dueño del camping ‘La Ardilla Roja’. Y “ella” es Aránzazu Povedano, alcaldesa del PP de San Martín de Valdeiglesias, una turística localidad madrileña de 9.200 habitantes, famosa por tener entre sus atractivos el pantano de San Juan, donde actualmente está la única playa de Madrid (obviamente de interior), que cuenta con el distintivo de bandera azul. Carrasco ha iniciado una batalla judicial contra el Ayuntamiento “porque me quieren echar”. No es el único conflicto judicial que la regidora ha iniciado contra otros negocios de la zona: reclama miles de euros a varios mesones y restaurantes que viven de los turistas que se visitan el pantano.

Carrasco regenta el camping desde el año 2002, “cuando me dieron la concesión municipal”. Su camping está en la zona que se conoce como ‘El Muro’, justo al lado del Club Náutico de Madrid, el Club de Navegación Doramas y el Embarcadero El Ancla. Y es que el pantano de San Juan, el único embalse madrileño donde está permitido el baño (hay 14 kilómetros para ello), también cuenta con actividades a motor y deportes acuáticos. “Fui renovando la concesión año tras año hasta que en 2011 me dijeron que esta vencería cuando el Ayuntamiento sacara un nuevo concurso”, explica Carrasco, que tiene otros tres campings en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila.

Ese nuevo concurso no llegó hasta 2024, con Povedano ya en la alcaldía. En mayo de 2024 el Ayuntamiento licitó una nueva concesión por cinco años en la que el ganador tendría que pagar un canon mínimo anual de 20.876 euros. “Una barbaridad. Ahora pagamos unos 11.000 euros”, explica Carrasco. Pero un mes después, sorpresivamente, el Consistorio decidió desistir y retiró el concurso. ¿Los motivos? “La necesidad de un estudio pormenorizado de las necesidades de las instalaciones y las posibilidades de un mejor uso y servicio a la ciudadanía”, reflejó por escrito el Gobierno local. “La concesión no estaba bien formulada”, se limita a explicar un portavoz municipal.

“Entonces empezaron los problemas”, señala Carrasco, que no entiende muy bien por qué el Ayuntamiento retiró el concurso de concesión. “Primero me realizan una inspección y luego en verano, en plena temporada alta, me mandan una notificación para que entregue el camping porque no tengo título habilitante”. Carrasco asegura que tiene todo en regla y que los bungalows y cabañas móviles con rueda que ha ido instalando poco a poco tienen los permisos de la Comunidad de Madrid. “La alcaldesa manda el 21 de julio a la Policía Local a precintarme y yo acudo a los juzgados”. De momento, los tribunales han dictaminado medidas cautelares para que el camping siga abierto mientras se dirime quien tiene razón. “El Ayuntamiento también me denunció entonces por desacato, pero un juzgado de Navalcarnero me ha dado la razón y lo ha archivado”.

Hasta que no haya nueva concesión

¿Por qué tantas prisas para que Carrasco desaloje el camping? “No lo sé. He intentado hablar con la alcaldesa, pero con esa mujer no se puede hablar. Que saquen la concesión, y si me interesan las condiciones me presentaré y si no, pues me tendré que ir, pero hasta que no saque la concesión...”, explica el empresario. Infobae España ha hablado con un portavoz municipal para intentar conocer los motivos de esta decisión. Al cierre de este reportaje no había obtenido respuesta. Luis Haro es portavoz del grupo socialista, en un municipio donde PP y PSOE siempre se han alternado en el Gobierno municipal desde 1979.

“Si algo está mal o hay alguna irregularidad, lo suyo es reunirse con los afectados, hablarlo e intentar llegar a un acuerdo”, señala Haro, que recalca que hay más negocios que viven del pantano enzarzados en batallas judiciales contra este Ayuntamiento. A pocos metros de la playa hay un mesón que se llama ‘La Playa’ que regenta Pablo. “El restaurante lo puso mi abuela hace 65 años. Ahora este Ayuntamiento nos quiere echar, con un desahucio administrativo”, señala a este diario. “Ahora nos dicen que debemos 92.000 euros porque llevan años calculando mal el canon que pagamos. Está todo judicializado y lo tendrá que decidir el juez”, afirma Pablo, que tampoco entiende este extraño interés del Consistorio en perjudicar a los negocios del pantano.

En la misma situación se encuentran el chiringuito ‘Serengueti’ y el restaurante ‘La Martuka’, regentados por la misma familia y también próximos a esa zona del pantano. O el restaurante ‘Vicente’. Igual que el embarcadero ‘El Ancla’, que alquila amarres para barcos. Muchas familias tienen una pequeña embarcación para salir por el pantano. “A nosotros nos dio la licencia la Confederación Hidrográfica del Tajo, pero una parte muy pequeña de los terrenos donde se ubica nuestro negocio es municipal, muy pequeña, y el Ayuntamiento nos quiere echar de esa parte. Esta especie de desahucio ya está paralizado. Pero no entiendo la postura del Ayuntamiento. No quiere hablar y negociar”, explica Alicia, la tercera generación de la familia que gestiona este embarcadero.

“Hay que llegar a un acuerdo. No tiene sentido pasar de repente recibos de miles de euros a estos negocios, porque los arruinas. Y encima han hecho unos cálculos con una ordenanza que ya está derogada. El argumento que dan es que Tesorería se ha dado cuenta de que los cánones que pagan estos mesones y restaurantes estaban mal calculados”, explica Luis Haro, el concejal socialista. Este diario ha intentado recabar la versión del Gobierno local sobre este asunto. Sin suerte.