
La trayectoria de Sigfrido Ranucci en el periodismo de investigación está marcada por un enfoque insistente en los vínculos entre el crimen organizado y las estructuras de poder en Italia. Nacido en 1961, se hizo conocido por el documental Fallujah, The Hidden Massacre, donde documentó el uso de armas químicas durante la ofensiva estadounidense en la ciudad iraquí en 2004. Desde 2017, dirige el programa Report en la cadena pública RAI 3.
Años de amenazas culminan con un ataque con coche bomba
En 2010, la publicación de El Pacto. La negociación entre el Estado y la mafia en la historia inédita de un agente encubierto situó a Ranucci en un punto de mira en el que nadie querría estar: tanto la mafia como quien fuere que hubiese estado involucrado en dicho pacto tendría un interés especial en silenciar al periodista. En 2021 contó en televisión que un exconvicto le había confesado que las mafias “habían dado la orden de matar” al periodista tras la publicación del libro, aunque dicho plan nunca se llevó a cabo.
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Una treintena de amenazas denunciadas a lo largo de varios años ha culminado ahora con un ataque con coche bomba frente al domicilio de Sigfrido. Tiene claro que “puede que no sea una coincidencia el hecho de que hace pocos días anuncié los temas de las nuevas investigaciones de Report", que tendrían que ver con los vínculos entre la Cosa Nostra, la ‘Ndrangheta (otra mafia de Calabria, considerada de las más poderosas y peligrosas del mundo), grupos de extrema derecha y notorios atentados previos de las mafias. Y es que, en El Pacto, Sigfrido trata el caso de Luigi Ilardo, un mafioso que acabó colaborando con la policía y destapó información sobre el funcionamiento de la Cosa Nostra y profundas tramas de corrupción que vinculaban a las mafias con el poder italiano.
Luigi Ilardo, el infiltrado de ‘El Pacto’
Luigi Ilardo es una figura clave para entender los entresijos internos de la Cosa Nostra en la década de los noventa. Originario de Sicilia y criado en un ambiente impregnado por la criminalidad organizada, Ilardo ascendió en la estructura mafiosa hasta ocupar cargos estratégicos en la provincia de Catania y mantener contacto directo con el clan Santapaola.
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La historia de Ilardo está muy ligada a un periodo de máxima violencia. Entre 1992 y 1993, la mafia siciliana puso en jaque a todo el país: coches bomba en diferentes puntos de Italia, asesinatos de magistrados como Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, atentados contra policías como Giuliano Guazzelli y Giovanni Lizzio, la muerte del político Salvo Lima, ataques contra rostros públicos como el periodista Maurizio Costanzo, y daños a ciudadanos corrientes y patrimonio cultural, todo para doblegar al Estado y forzar negociaciones.

A raíz de esta escalada, el Estado respondió con la operación Vísperas Sicilianas, que llevó a la detención de Salvatore Riina, entonces máximo jefe de la organización. Fue en ese contexto cuando Ilardo, tras varios años de cárcel y a pocos meses de cumplir su condena, decidió comenzar a colaborar con la justicia. En abril de 1993, envió una carta a Gianni De Gennaro, jefe de la Dirección de Investigación Antimafia (DIA), informándole de su deseo de convertirse en colaborador. Al principio, la gestión recayó en dos agentes de los Carabineros, pero poco después la responsabilidad fue asumida por el coronel Michele Riccio.
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El plan consistía en infiltrarse de nuevo en la red mafiosa en el marco de una operación llamada “Oriente”. Ilardo relató desde dentro la existencia de dos grandes corrientes dentro de la organización: una línea dura, liderada por Totò Riina, partidaria de la violencia y el atentado directo, y otra facción en torno a Bernardo Provenzano, más proclive a la negociación política y el uso de la corrupción para influir en el Estado, la justicia y las nuevas formaciones políticas. Ilardo detalló que tras un intento de Provenzano de impulsar su propio proyecto dentro de la organización, se establecieron contactos con Forza Italia, el partido de Silvio Berlusconi, y relató que, si Berlusconi llegaba al poder, la mafia esperaba una serie de iniciativas económicas favorables a sus intereses a partir del séptimo mes de gobierno.

La labor de Ilardo como infiltrado, dirigida y documentada por Riccio, facilitó el arresto de medio centenar de mafiosos, incluidos siete destacados jefes provinciales. Riccio remitía periódicamente informes al mando de la DIA y a jueces de Palermo bajo la supervisión de Gian Carlo Caselli, quien posteriormente derivó la información al fiscal Giuseppe Pignatone.
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A pesar de la información aportada y de su papel determinante, Ilardo nunca llegó a prestar declaración formal como colaborador de justicia. El 10 de mayo de 1996 fue asesinado en Catania a manos de sicarios, que dispararon ocho veces contra él desde una motocicleta enduro, apenas unos días antes de que su colaboración se convirtiera en oficial. Los episodios finales de su vida quedaron registrados en grabaciones donde Ilardo, junto a Riccio, detalló la guerra interna de la mafia, el papel de la extrema derecha y la masonería, así como los contactos políticos. Los documentos recogidos nutrieron la investigación y forman el núcleo documental del libro de Ranucci.
El asesinato de Ilardo provocó polémica en los círculos policiales y judiciales. El teniente coronel Riccio interpretó lo ocurrido como un fallo en la protección y acusó a mandos del ROS. Las diferencias entre estamentos policiales, la rivalidad entre equipos y la gestión de confidentes han sido temas recurrentes en la investigación judicial sobre los vínculos entre mafia y Estado. Tras la muerte de Ilardo, Riccio preparó el informe “Grande Oriente”, que generó controversia y lo enfrentó a mandos superiores. Fue procesado años más tarde por difamación, acusaciones de tráfico de drogas y mala gestión de informadores, aunque finalmente fue absuelto de la acusación de difamación.
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No fue hasta cinco años después cuando el inspector Mario Ravidà, colaborador de Riccio en el seguimiento de Ilardo, consiguió el testimonio clave de Eugenio Sturiale, testigo presencial de la ejecución de Ilardo y que identificó a los autores como miembros de la familia Santapaola, parte de la Cosa Nostra. Durante largo tiempo, Ravidà denunció que sus propios informes sobre el caso fueron desatendidos, y la investigación solo fue reabierta nueve años más tarde con imputaciones a Piddu Madonia, primo de Ilardo, y a Vincenzo y Maurizio Santapaola, este último ya cumpliendo cadena perpetua.
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