‘Secuestrar’ el agua y pozos ilegales: la última batalla política en la urbanización más grande de Madrid que va camino de los tribunales

“El Ayuntamiento quiere que vuelva una Junta que sea dócil, manejable. Pues de momento vamos a seguir luchando por nuestros derechos”. Quién habla así de contundente es Sonia Quijarro, presidenta de la Entidad Urbanística El Bosque, que gestiona el día a día de la urbanización más grande de toda la Comunidad de Madrid, en lo que a tamaño se refiere: 634 hectáreas en el municipio de Villaviciosa de Odón, donde residen actualmente unos 11.000 vecinos. La urbanización, con campo de golf, una universidad y casi 2.500 chalés, es tan importante en el municipio que incluso tiene una especie de partido político propio representado en el Pleno: El Bosque Existe, con dos concejales.

“Los miembros de la Junta actual nos hemos comprometido a no meternos en política”, señala Guijarro, que lamenta que Diego Sánchez, uno de los concejales de El Bosque Existe, no cumpliera ese compromiso cuando formó parte de la primera Junta que encabezaba Guijarro y que fue elegida en noviembre de 2022 (reelegida en octubre de 2024). Insisten en que no quiere sesgo político y recuerdan que en Juntas anteriores había miembros que hoy perteneces al comité ejecutivo del PP de Villaviciosa. “Nosotros somos más combativos y no nos callamos”, asegura Guijarro. La Junta que ella preside, a través de sus abogados, mandó la semana pasada un escrito al Ayuntamiento, controlado por el PP, advirtiendo de posibles acciones legales por los delitos “de prevaricación, falsedad documental, fraude de ley y abuso de autoridad”.

El Consistorio, dirigido por el regidor Juan Pedro Izquierdo, y la Junta de Gobierno de la urbanización no se llevan nada bien. “Desde el proceso electoral de noviembre del 2024, determinados cargos políticos del Ayuntamiento, bajo la dirección del alcalde, vienen realizando una serie de acciones con el objetivo espurio y tendencioso de disolver y/o desplazar a la Junta de Gobierno elegida democráticamente”, señala el último escrito enviado a todos los vecinos, en los que la Junta amenaza incluso con una querella criminal contra el equipo de Gobierno.

Desde el Ayuntamiento aseguran que “no existe ninguna animadversión con los integrantes de la Junta”. Un portavoz municipal explica que “sus actuaciones responden a la obligación legal de supervisar la gestión de los servicios públicos y la conservación de bienes municipales, a nada más. Nuestro objetivo es garantizar que los vecinos reciban servicios de calidad, con transparencia y equidad, independientemente de quién forme parte de la Junta. Todas las decisiones se toman desde el interés general de la urbanización y del municipio, priorizando la convivencia y la correcta prestación de los servicios”. Palabras de conciliación.

Pero las palabras no parecen coincidir con los hechos. Todo se torció el año pasado. En octubre de 2024, el Ayuntamiento inició un expediente de disolución de la Entidad Urbanística El Bosque para quedarse con la gestión de la urbanización. “Fue una decisión unilateral”, denuncia Sonia Guijarro. “El procedimiento ha caducado sin resolución válida”, recalca la representante vecinal. “El expediente se encuentra en fase de tramitación administrativa”, explican por contra desde el Ayuntamiento. Lo que ha hecho hace unos días el Pleno, controlado por el PP, es asumir varios servicios en El Bosque: la red de alumbrado público, la señalización viaria, el asfaltado y conservación de viales. Competencias que hasta ahora eran responsabilidad de la Entidad Urbanística, que sigue gestionando el suministro y depuración de agua y la seguridad privada.

“La Entidad Urbanística dispone del plazo correspondiente para formular sus alegaciones antes de que el acuerdo se ratifique y se haga efectivo. El objetivo es que este proceso se complete de manera ordenada y transparente, garantizando la continuidad de los servicios esenciales y la igualdad de trato para todos los vecinos”, insisten desde el Ayuntamiento. Los problemas, no obstante, continuaron. En noviembre de 2024, la lista electoral que encabezaba Sonia Guijarro ganó las elecciones internas para elegir a la nueva Junta por 439 votos frente a 270. Guijarro y sus compañeros revalidaban así el triunfo que habían conseguido en 2022. Pero el otro candidato recurrió.

El Ayuntamiento tramitó el recurso, “asegurando que el proceso electoral se ajuste a la normativa vigente. Nuestro interés principal es proteger los derechos de todos los vecinos y garantizar que la Junta elegida pueda ejercer sus funciones de manera legítima y transparente”, afirman desde el Consistorio. La Junta ganadora no lo ve igual. “Se dictó resolución municipal cuestionando un proceso electoral regular, transparente y avalado documentalmente, sin fundamento jurídico ni base probatoria, con la única finalidad aparente de deslegitimar a la actual Junta de Gobierno”. Esta ha acudido ya a los tribunales para que dicten como medida cautelar la validez del resultado mientras se dirime si las elecciones se realizaron correctamente. “Todo fue legal. La otra candidatura tenía sus apoderados y todo fue transparente”, señala Guijarro.

El tercer acto de esta batalla tiene como escenario la gestión del agua de la urbanización. Es la propia Entidad la que suministra y depura el agua para que los vecinos puedan beber, cocinar, ducharse o llenar sus piscinas. Así ocurre desde 1995. Pero en julio de este año el Ayuntamiento inició otro expediente “para secuestrar temporalmente el contrato de concesión administrativa del servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio”. La urbanización obtiene el agua a través de cinco pozos subterráneos, desde donde se deriva el suministro a tres depósitos y de ahí al sistema de cañerías. El Ayuntamiento afirma que ha remitido “un informe técnico detallado, en el marco del expediente de intervención, y ahora le corresponde a la Entidad Urbanística presentar sus alegaciones dentro del plazo legal”. Un informe que al parecer recoge las irregularidades cometidas por la Entidad Urbanística en la gestión del agua. “Argumentan cortes puntuales en el suministro para quitarnos la gestión”, explica Guijarro.

La Junta lo tiene claro: “El informe municipal se apoya erróneamente en criterios y procedimientos de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), cuando la única autoridad competente en el término municipal de Villaviciosa de Odón es la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT). Además, el informe omite que la CHT y la Guardia Civil realizaron en febrero de 2025 una inspección conjunta, sin hallar ninguna irregularidad ni indicio de manipulación. No se detectó alteración alguna en contadores, pozos ni sistemas de bombeo. Todo ello demuestra una falta total de rigor técnico, imparcialidad y veracidad, configurando un documento carente de valor probatorio y con indicación de manipulación, con el fin de forzar una intervención ilegal que no se ha logrado por otros medios hasta la fecha”. Guijarro quiere ir al fondo de la cuestión.

Y es que durante décadas la urbanización estuvo obteniendo el agua de pozos ilegales. “Eso lo sabían los anteriores gestores contratados por anteriores Juntas, con el beneplácito de la Administración porque los pozos estaban en suelo municipal. Esta Junta ha legalizado todo y ahora preparamos acciones legales contra los responsables”. La Junta cesó en mayo de 2023 al anterior administrador, que llevaba décadas en el cargo y que al irse se llevó mucha documentación que no ha devuelto. Un administrador que llegó a cobrar 170.000 euros anuales. La CHT otorgó a El Bosque la concesión de aguas subterráneas con destino al abastecimiento en 2021. Es decir, durante décadas la urbanización estuvo cogiendo agua sin la preceptiva autorización.

Es más, hay otros tres pozos que la urbanización ha estado usando y que son ilegales. “Los anteriores equipos de Gobierno lo sabían. Están en terrenos municipales. Es esta Junta es la que los ha cerrado y precintado hasta que sean regularizados por la Confederación Hidrográfica del Tajo”, señala Guijarro. “Los antiguos responsables de la Entidad han estado ocultando a los vecinos que durante 25 años no disponíamos de la pertinente concesión, y que entre 2019 y 2020, la Confederación abrió cuatro expedientes sancionadores por unas cuantías muy elevadas. Pero mintieron a los vecinos, diciendo que las multas eran por habernos pasado del volumen autorizado, cuando la realidad era que habían sido incoados por no contar con autorización administrativa hasta 2021″.

Guijarro concluye resumiendo la situación: “La Administración ha ocultado todos estos hechos, de los que tiene responsabilidad. Y en vez de facilitar la labor de esta Junta, que está haciendo todo lo posible por subsanar las graves deficiencias, no ha parado de hostigarnos. ¿Cómo? Abriendo un expediente de extinción, otros 46 expedientes por distintos motivos, anulación de unas elecciones legítimas, imputación a esta Junta de la situación actual en relación con los tres pozos ilegales. Y lo más grave, iniciando un expediente de secuestro de la concesión".

El portavoz municipal explica que están a la espera de las alegaciones contra el expediente de secuestro de la concesión. “Una vez evaluadas por los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento, este decidirá ratificar la intervención si persisten las irregularidades, o desistir del procedimiento si la Entidad responde satisfactoriamente a todos los puntos que justifican la intervención. Se subraya que esto no implica en ningún caso retirar la concesión de los vecinos, que seguirá vigente al menos hasta 2045, garantizando la continuidad y seguridad del suministro". La batalla seguirá. Si el Ayuntamiento no cambia de actitud, la Entidad interpondrá querella criminal por los delitos de prevaricación administrativa, falsedad documental y abuso de autoridad, así como comunicación al Ministerio Fiscal, Oficina Antifraude de la Comunidad de Madrid, Defensor del Pueblo y Colegio de Ingenieros.