El Ministerio del Interior pagará seis millones de euros a la empresa que suministre ropa térmica a los policías nacionales durante los próximos tres años

El Ministerio del Interior ha publicado este miércoles en el BOE una licitación a través de la División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía, para la adquisición y suministro de prendas térmicas destinadas a los funcionarios de la Policía Nacional durante los años 2026, 2027 y 2028.

En concreto, lo que busca este expediente es una empresa que pueda asumir el suministro de camisetas y pantalones térmicos con un valor estimado de seis millones de euros.

El contrato tendrá una duración de 36 meses y forma parte de los objetivos del propio Ministerio de mejorar la dotación y el equipamiento del personal policial, especialmente en lo relativo a las condiciones climáticas extremas a las que se tienen que enfrentar los agentes en el desempeño de su trabajo. El suministro se realizará en el ámbito nacional y la licitación se tramitará mediante un procedimiento abierto, garantizando así la libre concurrencia de empresas interesadas.

Las ofertas podrán presentarse exclusivamente por vía electrónica hasta las 9:00 horas del próximo 5 de noviembre de 2025, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La apertura de las aplicaciones técnicas se celebrará el 13 de noviembre, mientras que la correspondiente a la oferta económica tendrá lugar el 27 del mismo mes, ambas en la sede de la División Económica y Técnica, en Madrid.

Los criterios de adjudicación se distribuirán de forma equilibrada: un 25% para la calidad técnica, otro 25% para el precio, un 25% para las características de diseño y confección, y el 25% restante para las propiedades ergonómicas de las prendas. El pliego de condiciones también incluye consideraciones medioambientales en la ejecución del contrato, en línea con las políticas de sostenibilidad promovidas por la Administración.

La División Económica y Técnica, con sede en la calle Julián González Segador de Madrid, será la encargada de gestionar todo el proceso de contratación. Los interesados pueden acceder libre y gratuitamente a los pliegos a través del portal oficial de contratación del Estado.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en un plazo de 15 días hábiles. Asimismo, podrá acudirse al recurso contencioso-administrativo ante el tribunal competente en el plazo de dos meses.

La contratación pública en España está regulada principalmente por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), que incorpora directrices europeas con el objetivo de asegurar procesos más justos, abiertos y transparentes. Uno de los pilares esenciales de esta ley es asegurar que los órganos de contratación publiquen información clara y accesible en todas las etapas del procedimiento: desde la preparación de la licitación hasta la formalización y ejecución del contrato.

La transparencia obliga principalmente a los órganos públicos a mantener un “perfil de contratante” que funcione como un espacio público online donde se cuelgan todos los documentos relevantes: pliegos, bases del concurso, criterios de adjudicación, ofertas, adjudicatarios, cuantías, duración del contrato, etc. Este perfil debe estar accesible de forma libre, sin necesidad de identificación previa, lo que ayuda a reducir barreras de acceso para empresas y ciudadanos interesados.

Otro instrumento clave es la publicidad oficial mediante diarios como el BOE o, cuando corresponde, el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) para contratos que superan determinados umbrales. Las licitaciones deben hacerse públicas, ofreciéndose detalles del objeto del contrato, la cuantía estimada, procedimiento de adjudicación, y los criterios que se van a aplicar.