Luz verde para la petición de la UCO de investigar el patrimonio de Pardo de Vera y Herrero

El juez Ismael Moreno, quien instruye el ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional, autoriza investigar el patrimonio de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y de Javier Herrero, exdirector general de Carreteras. La petición, realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha sido aceptada después de que el juez haya detectado adjudicaciones irregularidades en contratos de obra pública en el del Ministerio de Transportes y Agenda Urbana (MITMA) entre los años 2018 y 2021, según ha avanzado Europa Press.

Moreno ha indicado que en la investigación realizada hasta la fecha no se encuentran con “una mera sospecha, sino con la constancia y evidencia de claros indicios de la participación de las personas investigadas en la comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación, sin perjuicio de una posterior calificación”.

A través de un auto de este lunes, recogido por Europa Press, el juez instructor del caso ha solicitado a doce entidades bancarias y a la Agencia Tributaria la documentación laboral, tributaria y financiera de Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero. La autorización a investigar el patrimonio de ambos cuenta con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción y tiene como objetivo la redacción de un informe destinado al órgano judicial. Para ello, la unidad policial investigadora será la receptora de la documentación solicitada por el juez.

Según ha afirmado el juez Moreno, la medida que ahora aprueba busca recabar informaciones para delimitar la responsabilidad de las personas implicadas en los hechos investigados y las “presuntas conductas delictivas que, tanto en el plano de la respuesta penal como en el de la trascendencia social, son de una enorme gravedad”. En base a lo solicitado por la UCO el pasado 2 de octubre, el auto indica que los hechos revelan que “José Luis Ábalos y Koldo García habrían cobrado presuntas contraprestaciones económicas por su labor en beneficio de las constructoras”. Mientras que Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero habrían sido los facilitadores de asistencia para las adjudicaciones exitosas que se había proyectado, cada uno dentro de su área de responsabilidad.

Por ello, tanto el magistrado como el Ministerio Fiscal consideran que el fin de los investigados por esta trama consistía en obtener un provecho económico. Lo que busca averiguar ahora Ismael Moreno es si Pardo de Vera y Herrero “pudieron ser también receptores de cualquier tipo de contraprestación de la naturaleza que fuere”.

El viernes 25 de julio de este año, el Tribunal Supremo asignó la investigación de las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas al Juzgado Central de Instrucción nº2 de la Audiencia Nacional y no a la Fiscalía Europea. El delito se habría cometido en distintas administraciones públicas durante la pandemia de covid-19. Así recaía en el juez Ismael Moreno Chamarro el encargo de decidir sobre el tema.

El magistrado empezó su carrera durante el franquismo en la Policía Nacional, en 1974, cuando entró como inspector de segunda del Cuerpo Superior, al que pertenecería durante nueve años. Durante este tiempo, estudió Derecho y se licenció en 1983. A partir de este momento, Moreno se incorporó a la Audiencia Nacional, donde llevaría a cabo algunos juicios mediáticos como el Caso Falange y Tradición, la detención de los titiriteros o su papel en la fuga del líder de la Mocro Maffia.

Ismael Moreno empezó trabajando en los Juzgados de Badalona y de Talavera de la Reina. En 1984, se trasladó al Juzgado Central de Instrucción Número 1. Aquí tuvo su primer juicio con cierta cobertura mediática, ya que tuvo que investigar el intento de un policía español de implicar al Gobierno de Nicaragua en un caso de tráfico de drogas. Fue en 1985 cuando se le trasladó al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Ya asentado como juez tuvo que declarar por presuntas irregularidades en un atestado que realizó cuando era policía.