La UCO pide rastrear las cuentas y datos tributarios de la expresidenta de Adif y del exdirector de Carreteras por el ‘caso Koldo’

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, autorización para rastrear datos bancarios y tributarios de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras, Francisco Javier Herrero. Ambos figuran como investigados por supuestas adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones en el marco de la investigación que afecta a antiguos responsables del Ministerio de Transportes.

Según consta en un escrito remitido esta semana por la UCO al magistrado, al que ha tenido acceso EFE, los investigadores consideran que los dos sospechosos pudieron actuar como “facilitadores para las exitosas adjudicaciones proyectadas, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad”, lo que hace necesario indagar si pudieron recibir algún tipo de contraprestación, en metálico o en especie.

Con ese objetivo, la Guardia Civil pide que se cursen mandamientos judiciales a distintas entidades financieras y a la Agencia Tributaria con el fin de obtener un panorama completo del patrimonio de ambos. La solicitud ya ha sido trasladada a la Fiscalía Anticorrupción para que informe sobre la pertinencia de las diligencias.

Más de veinte cuentas bajo revisión

En concreto, la UCO reclama el acceso a más de una veintena de cuentas bancarias vinculadas a Francisco Javier Herrero, así como a otras cuatro que aparecen a nombre de Isabel Pardo de Vera. Los agentes pretenden conocer todos los productos financieros en los que estos investigados hayan figurado como titulares, autorizados o representantes, con la excepción de aquellas cuentas relacionadas con Adif o entidades dependientes de la empresa pública, y también las de una comunidad de propietarios vinculada a Herrero, al no considerarse relevantes para el procedimiento.

En el caso del exdirector general de Carreteras, los informes señalan que consta como autorizado en cuentas de la sociedad Polis Project y como titular de la mercantil Palta Naturae. La primera mantiene una cuenta abierta desde 2015, mientras que la segunda dispone de cuatro cuentas registradas en los años 2015, 2021 y dos en 2024.

La petición de la Guardia Civil incluye que se entreguen los movimientos de estas cuentas desde el 1 de enero de 2017, que se identifiquen posibles cajas de seguridad contratadas y que se aporte cualquier información sospechosa de blanqueo de capitales que haya sido comunicada al Sepblac. También solicita el detalle de las transferencias realizadas por importes superiores a 300 euros.

Investigación tributaria de siete años

Además de la vertiente bancaria, la UCO ha pedido al magistrado autorización para acceder a información fiscal de ambos investigados correspondiente a los ejercicios comprendidos entre 2017 y 2024. El objetivo es identificar sus cuentas, bienes inmuebles, propiedades en el extranjero, participaciones societarias, transmisiones de valores, rentas declaradas, operaciones con terceros, así como donaciones o fondos de pensiones.

Entre los aspectos que los agentes quieren verificar figuran los ingresos por rendimientos del trabajo y por alquileres, las facturas emitidas y recibidas, los fondos de inversión y cualquier otra actividad susceptible de revelar un incremento patrimonial no justificado.

La UCO tiene aún pendiente presentar ante el juez el análisis de toda la documentación incautada en los registros practicados en domicilios y sedes vinculadas a Pardo de Vera y a Herrero. Estos registros se acordaron a raíz de un informe elaborado en junio por la propia unidad dentro de la causa del caso Koldo, en la que también se investiga al exministro de Transportes José Luis Ábalos, aforado ante el Tribunal Supremo. Aquel operativo derivó en el ingreso en prisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Las directrices desde el Ministerio

El foco de la investigación está puesto en determinar si desde sus puestos en la presidencia de Adif y en la Dirección General de Carreteras, ambos pudieron facilitar información de expedientes o licitaciones siguiendo presuntamente instrucciones transmitidas desde el Ministerio de Transportes. Según los agentes, dichas directrices procedían del entonces ministro José Luis Ábalos, a través de su asesor Koldo García, principal señalado en la trama.

En un pasaje del escrito remitido al juez, la UCO recuerda que los hechos investigados apuntan a que Ábalos y García habrían cobrado supuestas contraprestaciones económicas en beneficio de constructoras, lo que lleva a los investigadores a no descartar que también Pardo de Vera y Herrero pudieran haber recibido compensaciones por su papel en los procesos de adjudicación.

Tanto la expresidenta de Adif como el exdirector general de Carreteras ya declararon en su día ante el magistrado en calidad de investigados en esta causa.

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