
El Gobierno de coalición que preside Pedro Sánchez quiere investigar cuántos “asentamientos” y “núcleos de infravivienda” quedan en España que estén habitados por población gitana. Para eso, la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha licitado un contrato para que una consultora privada realice un “estudio-mapa sobre vivienda y población gitana”, un trabajo que se desarrollará hasta 2027 y por el que el Ejecutivo está dispuesto a desembolsar hasta 317.369 euros.
El estudio forma parte del Plan Operativo de la Estrategia Nacional para la Igualdad, la Inclusión y la Participación del Pueblo Gitano 2021-2030, una estrategia que “responde al compromiso del Gobierno de España con la cohesión y el progreso, prestando especial atención a las personas en situación de pobreza o exclusión social, como es en este caso un porcentaje muy alto de la población gitana”. La anterior ‘Estrategia’ es de 2016 y aunque “se observan avances, aunque moderados, en la reducción del chabolismo y de las infraviviendas”, no se han llegado a erradicar estas dos formas de viviendas inadecuadas entre los hogares gitanos".
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Según datos que maneja el ministerio que dirige Pablo Bustinduy, “la crisis generada por la pandemia del coronavirus ha provocado retrocesos y un recrudecimiento de la situación de la población gitana en la vivienda, especialmente en las personas que aún viven en infraviviendas o asentamientos. Esta realidad postula la necesidad de contar con datos sobre la situación de las infraestructuras en asentamientos para diseñar medidas destinadas a ello”. Y un primer paso es conocer la situación actual. Este estudio que se quiere contratar quiere un análisis detallado “a nivel estatal, autonómico, municipal y de barrio”.

El estudio busca cuantificar “los asentamientos segregados y núcleos de infravivienda que aún existen en la actualidad; representar las condiciones del hábitat donde se ubica la población gitana; disponer de información comparable con respecto al conjunto de la población española; y obtener una base de muestreo para la realización de otros estudios sectoriales sobre esta población”. El Gobierno reconoce que difícil conocer datos fiables sobre la población gitana porque la mayoría de los censos no recoge la etnia. Aun así, se calcula que la población gitana española es de 725.000 personas, un 1,57% del total, según datos de la Fundación Secretariado Gitano (FSG), residiendo fundamentalmente en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada, Valencia, Zaragoza y Murcia.
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Hogares sin luz ni agua
Esto es uno de los motivos del estudio: los datos estadísticos sobre variables socio-demográficas relativas un grupo configurado en torno a la raza, etnia, sexo, religión u otra circunstancia económica y social están protegidos por la normativa de protección de datos. “Por esta razón es preciso realizar investigaciones y estudios ad hoc para mejorar el conocimiento de la población gitana”, señala la memoria justificativa del contrato. El ministerio quiere conocer los hogares sin acceso a agua, sin acceso a electricidad, con acceso a calefacción, hacinamiento, hogares en estado de conservación deficiente o malo, barrios sin servicio de recogida de basuras, sin alumbrado público, sin pavimentación y sin alcantarillado.
Según los últimos datos, de 2016, el porcentaje de hogares habitados por personas de etnia gitana con problemas de humedades es del 16% y lo que presentan hacinamiento o sobreocupación es del 8,9%. “Respecto al alcance de la información recopilada, no se trata de elaborar un censo de viviendas y población gitana, pero sí de garantizar la representatividad y significatividad en cuanto a la localización y distribución de la población gitana y las características de su hábitat”, matiza el ministerio, que sí exige recabar información respecto de todos aquellos municipios de más de 5.000 habitantes y otros núcleos de población menores, pero significativos en cuanto al volumen de población residente de etnia gitana.
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¿Qué se quiere hacer con los datos obtenidos? Impulsar “actuaciones específicas para la erradicación del chabolismo y la infravivienda, problemáticas que afectan a la población gitana”. Para ello, se implementarán medidas de rehabilitación y regeneración urbana de los barrios degradados, impulsando el desarrollo de los territorios con mayores índices de esta problemática. El objetivo es garantizar los servicios esenciales y acabar con las carencias de equipamiento básico, “lo que significa tener acceso a agua, saneamiento, electricidad y a poder tener la casa a una temperatura adecuada. Además, es necesario garantizar el acceso a internet para poder disfrutar de los servicios públicos telemáticos, que cada vez están más presentes en la sociedad española”.
También reducir la concentración residencial de los hogares gitanos, distribuyendo a la población gitana en viviendas ubicadas en distintas zonas dentro de las ciudades, evitando la concentración de personas gitanas en los mismos barrios. Por último, “fomentar la coordinación de acciones dirigidas a eliminar situaciones de racismo, antigitanismo o cualquier otro tipo de discriminación en el acceso al mercado de alquiler de viviendas".
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