El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas atraviesa un “absoluto desbordamiento” de recursos materiales y humanos, según advierte la Fiscalía de la Comunidad de Madrid en su memoria de 2024.
El informe oficial subraya que las salas de inadmitidos y asilo, destinadas a viajeros a quienes se les niega la entrada a España o solicitan protección internacional, han experimentado “situaciones de difícil abordaje” que ponen en riesgo derechos fundamentales.
“El inicio del año 2024 (y el final de 2023) se vio marcado por una situación que podría clasificarse como crítica en las salas de inadmitidos y asilo del Aeropuerto de Madrid, situación que se ha repetido cíclicamente a lo largo del año”, recoge el documento.
La saturación obligó a una coordinación extraordinaria entre el servicio de guardia, su decano y la sección de extranjería para afrontar “cuestiones tan delicadas como el posible compromiso a los derechos fundamentales”.
Oleadas migratorias y fugas en Barajas
El Ministerio del Interior asegura que en enero de 2024 se habilitó una cuarta sala y se reforzó la plantilla de policías y personal de seguridad. Sin embargo, las medidas no evitaron incidentes como la fuga de cuatro ciudadanos marroquíes en octubre de 2024, tras forzar los conductos de aire acondicionado.
La Fiscalía remarca la llegada de “oleadas de viajeros de determinadas nacionalidades que han seguido una misma dinámica” durante el año. Aunque la imposición de visados de tránsito redujo parcialmente el flujo, Barajas sigue muy por delante del resto de aeropuertos.
En 2024, se retuvieron 3.645 personas en Madrid, frente a 2.252 en Barcelona-El Prat. Otros aeródromos como Alicante (95), Gran Canaria (167) y Málaga (49) quedaron muy atrás.
Por su parte, el Gobierno se defendió en la sede parlamentaria que las salas se adaptan al tamaño del aeropuerto e incluyen “camas en distintas habitaciones, separación entre hombres, mujeres y familias, wifi y aseos”. No obstante, evitó detallar sus condiciones específicas.
Colapso por la llegada de menores migrantes
El problema no se limita a los adultos. La Fiscalía ha alertado de un “colapso” en el sistema de atención a menores extranjeros no acompañados tras registrar 1.937 nuevos casos en 2024, de los cuales 1.110 accedieron por Barajas. La cifra triplica a la del año anterior (399).
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, calificó la situación como un “verdadero colapso del sistema” durante la apertura del año judicial, rechazando la criminalización de los menores migrantes.
Además, el sistema dispone de un único hospital para pruebas radiológicas, lo que ha provocado retrasos de hasta ocho meses en la emisión de informes.
En 2024 se tramitaron 911 expedientes de determinación de edad, un 125,5% más que en 2023. El 91,1% fueron archivados y solo el 24,3% resultaron en determinación de minoría de edad.
Coste económico: sin previsión
El coste económico resulta difícil de cuantificar, pero la Fiscalía advierte que los recursos destinados a alojamiento, manutención, atención sanitaria y procedimientos administrativos se han multiplicado sin previsión presupuestaria.
La Comunidad de Madrid ha habilitado recursos de emergencia, aunque el Ministerio Público insiste en que “estos parches no resuelven la problemática estructural que requiere una planificación a largo plazo y dotación presupuestaria específica”.
Tensión laboral: amenaza de una nueva huelga
Pero a la crisis migratoria se suma el malestar laboral en Barajas. Tras la vuelta a la normalidad tras la huelga del personal de seguridad del aeropuerto, el sindicato SICA (Sindicato Independiente de Colectivos Aeronáuticos), con representación en el comité de empresa, denuncia la falta de personal y la gestión deficiente de los turnos.
Solo en agosto de 2024 se produjeron 200 descubiertos en la plantilla de Técnicos de Programación y Operaciones, pese a 96 coberturas obligatorias con preavisos mínimos.
“La plantilla de Aena presenta una edad media tal que se considera que en cinco años al menos un tercio habrá accedido a la jubilación, y no se observan indicios de cobertura de dichas plazas”, alertan desde SICA.
La organización también denuncia tensiones en otras plantillas a turnos, como los Técnicos de Procesos H24, y ha llevado el caso a la Inspección de Trabajo, que sancionó a AENA con 1.250 euros, una cifra que califican de “poco significativa frente a los abultados beneficios que logró en 2024”.
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