“Multar al cliente precariza a las trabajadoras sexuales porque regatean el precio”: el sindicato OTRAS se opone a la ley abolicionista del PSOE

La prostitución en España permanece en el terreno de la alegalidad: ni está prohibida ni regulada. El PSOE lleva casi un año trabajando en una ley abolicionista y aspira a que el proyecto llegue al Parlamento antes de noviembre, según las últimas declaraciones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Sin embargo, la falta de sintonía entre los grupos parlamentarios augura un horizonte difícil para lograr respaldos mayoritarios, lo que podría dejar de nuevo en solitario al partido socialista. En mayo de 2024, el Congreso rechazó la iniciativa abolicionista, que no logró ni los apoyos del socio de Gobierno ni de la mayoría de sus aliados parlamentarios ni del Partido Popular, grupo que sí la había respaldado en la legislatura anterior.

Teniendo en cuenta que el proyecto no está incluido en el Pacto de Estado y tampoco en el acuerdo de Gobierno con Sumar, Redondo es consciente de las “dificultades” para sacarlo adelante, si bien ha explicado que quiere presentarlo con el aval de todos los informes técnicos y jurídicos y ha insistido en que el PSOE va a dejarse “la piel” para que se apruebe. Sobre el contenido de la ley, la ministra ha adelantado que el texto abordará el proxenetismo y la tercería locativa -quienes facilitan y se lucran de la prostitución permitiendo que se ejerza en pisos o locales- e “incide en el putero” incorporándolo penalmente. Además, la propuesta incluye medidas específicas para la prostitución en entornos digitales y contará con un apartado dirigido a la sensibilización y al fomento de nuevas masculinidades.

El sindicato OTRAS, que agrupa a trabajadoras y trabajadores sexuales, ha reiterado su preocupación por el proyecto de ley abolicionista del PSOE y esta vez ha trasladado sus inquietudes a la ministra Redondo en una reunión que se celebró el pasado 3 de septiembre. La organización advierte de que una normativa de este tipo incrementaría la precariedad y el riesgo para quienes ejercen la prostitución, al tiempo que reclama la regulación de la actividad y el reconocimiento de derechos laborales para el colectivo.

Leyes abolicionistas en otros países europeos

La organización fundamenta su postura en la experiencia de otros países europeos donde se han aprobado leyes similares que “criminalizan la prostitución”, de forma que las trabajadoras sexuales han visto agravada su vulnerabilidad, mientras las sanciones hacia los clientes han resultado menos efectivas.

Según sus datos, en Noruega la criminalización del alquiler de pisos bajo la figura de “proxenetismo” ha derivado en desahucios masivos de trabajadoras sexuales, lo que ha forzado a muchas a ejercer en la calle o en peores condiciones de mayor vulnerabilidad. En Irlanda, “un 20% de las trabajadoras sexuales de calle han denunciado violaciones por parte de la policía”, mientras que el Gobierno ha descendido en el ranking internacional de lucha contra la trata. La experiencia de Francia tras la aprobación de la ley abolicionista en 2016 muestra que un 42% de las trabajadoras sexuales reportaron un aumento de la violencia y un 78% vieron reducidos sus ingresos, con un impacto especialmente severo en mujeres migrantes y trans. Por su parte, en Suecia, los anuncios de prostitución online experimentaron un enorme aumento, desplazando la actividad a espacios más clandestinos y menos seguros.

“Estamos viendo que en estos países europeos donde se han implementado leyes que criminalizan la prostitución, no es que la actividad desaparezca, sino que se desplaza a unos espacios más inseguros, más escondidos”, explica a Infobae España Miguel, trabajador sexual que ejerce desde 2018 e integrante de OTRAS. Porque cuando el cliente está expuesto a una multa, añade, “utiliza esa desventaja para aprovecharse de esa relación mercantil, para regatear el precio o exigir prácticas menos seguras como hacerlo sin condón”.

“Para los clientes se trata de ocio, pero para nosotras y nosotros es trabajo y, cuando hay que pagar un alquiler o facturas, al final tienes que ceder a bajar ese precio”, sostiene Miguel. Desde su punto de vista, una ley abolicionista como la que propone el PSOE no reducirá ni la oferta ni la demanda, sino que "incrementará la explotación".

Piden alternativas laborales reales, “alejadas de la precariedad”

Miguel también critica que este tipo de normativas carecen de mecanismos efectivos para ofrecer alternativas laborales viables. Señala que muchas de las personas que ejercen la prostitución ya tuvieron empleos precarios durante años en sectores como la hostelería o los cuidados, o se vieron excluidas del mercado laboral formal por su condición de migrantes al no poder homologar sus títulos. “Eran mano de obra barata y no quieren volver a eso. Por eso decimos que faltan alternativas reales. Tampoco existen programas en España donde se oferten becas universitarias específicas para trabajadoras sexuales”, añade.

El propio Miguel cuenta que comenzó a realizar servicios sexuales cuando se encontraba en Londres estudiando en la Universidad, una ciudad donde el costo de vida es especialmente elevado. Recuerda cómo un hombre le ofreció por Grindr 700 libras a cambio de un trabajo sexual y “esa era la cantidad que ganaba al mes trabajando en un hostal media jornada”. “Ahí vi que podía ganar más dinero y que tenía más tiempo para estudiar. Me permitió tener lo que yo consideraba una mayor calidad de vida. Nadie se levante un día por la mañana diciendo ‘quiero ser puta’, sino que la realidad es mucho más gris”, relata. También indica que el mayor estigma al que se enfrentan las trabajadoras sexuales es el “rechazo social”.

En su caso, Miguel comenzó a ejercer la prostitución cuando estudiaba en Londres. Le ofrecieron 700 libras por un servicio sexual, que era lo mismo que ganaba al mes en un empleo a media jornada en un hostal, recuerda. “Eso me permitió tener mayor tiempo para dedicar a los estudios y mejorar mi calidad de vida. Nadie se levante un día por la mañana diciendo ‘quiero ser puta’, sino que la realidad es mucho más gris”, relata, al tiempo que indica que el mayor estigma al que se enfrentan las trabajadoras sexuales es el “rechazo social”.

En el encuentro celebrado recientemente con la ministra Redondo, las representantes de OTRAS volvieron a defender su propuesta de Ley de despenalización del trabajo sexual, presentada en 2024, una iniciativa que busca el reconocimiento de derechos laborales y sociales, junto con “la garantía de condiciones dignas y seguras para todas las personas que ejercen el trabajo sexual”, ya sea de manera autónoma, en relación de dependencia o dentro de cooperativas. El sindicato, no obstante, se muestra escéptico respecto a la viabilidad parlamentaria de la propuesta abolicionista del PSOE y confía en que, como en intentos anteriores, no logre el respaldo suficiente en el Congreso.