La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles de la orden ministerial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 abre el proceso formal para definir las próximas cuentas públicas en un contexto marcado por la falta de apoyos parlamentarios y la vigencia de los presupuestos prorrogados desde 2023. El texto, cuya publicación ya adelantó ayer la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, establece que los diferentes ministerios deberán remitir sus propuestas de gasto antes del 12 de septiembre, fecha tope fijada por Hacienda para la coordinación presupuestaria.
Actualmente, el presupuesto de España sigue operativo bajo una prórroga de las cuentas de 2023, después de que el Gobierno no lograra aprobar nuevas cifras para los años 2024 y 2025. Esta situación ha limitado la actualización de partidas transferidas a comunidades autónomas y ayuntamientos y ha reducido el margen de acción del Ejecutivo para implementar reformas o políticas con nuevas dotaciones económicas. La Constitución contempla la prórroga automática en ausencia de acuerdo previo al 1 de enero, y no es la primera vez que esto ocurre: desde la transición, los presupuestos han sido prorrogados en diez ocasiones, y en dos de ellas se extendieron dos veces consecutivas.
Políticas sociales y defensa ganan peso
Según el texto publicado, la estrategia del Gobierno liderado por Pedro Sánchez apunta a consolidar el crecimiento “sostenible e inclusivo” que identifican como tendencia actual de la eocnomía española y reforzar la capacidad para afrontar retos sociales. El Ejecutivo plantea como ejes de los PGE 2026 la redistribución de la riqueza, la mejora en el acceso a la vivienda, la atención a jóvenes y colectivos vulnerables y la modernización de la economía nacional, peor también ganan presencia partidas relacionadas con la defensa o el impacto de la guerra arancelaria de Donald Trump. Las nuevas cuentas se formularán en el marco de los compromisos del Plan de Recuperación y la normativa europea sobre gobernanza fiscal, que exige informes anuales sobre gasto neto y avances en reformas estructurales.
El actual proceso arranca tras varios meses en los que el Ministerio de Hacienda mantenido contactos informales con otras carteras para identificar proyectos prioritarios. Tras la orden ministerial, comienza la fase oficial en la que cada departamento debe formular sus necesidades presupuestarias y propuestas normativas antes de la fecha límite. Según el texto publicado en el BOE, el objetivo es que todas las propuestas puedan ser evaluadas por la Dirección General de Presupuestos para configurar el anteproyecto de ley que deberá seguir la tramitación habitual en el Congreso de los Diputados.
Calendario parlamentario para la aprobación
Las perspectivas para la llegada a un acuerdo entre formaciones políticas que posibilite la aprobación de los PGE 2026 son inciertas. Sánchez declaró en su reciente entrevista en el Telediario 2 de TVE que presentará los presupuestos en todo caso, al tiempo que recordó que son “un instrumento, no un fin en sí mismo”. Ante la falta de negociaciones fructíferas con socios parlamentarios como Sumar, ERC o Junts, y las demandas específicas que estas formaciones mantienen para prestar su apoyo, el Gobierno reconoce que el escenario en el Congreso es complejo. Desde el Ejecutivo se indica que la continuidad del Gobierno no estará supeditada a la aprobación de los PGE, respaldando la posibilidad de otra prórroga si el proyecto resulta rechazado.
Mientras tanto, el calendario constitucional impone presentar el anteproyecto ante el Congreso antes de octubre. El Ejecutivo busca cumplir este plazo a fin de otorgar los tres meses previstos para la tramitación parlamentaria y lograr la aprobación antes del 31 de diciembre. Aunque Sánchez recalcó su intención de “pelear para aprobar los presupuestos en las Cortes Generales” dentro de este plazo, también aseguró que si este objetivo no se logra “seguiremos con los que tenemos”.
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