Los incendios forestales que han asolado España durante los meses de julio y agosto han dejado tras de sí una superficie devastada que supera las 411.000 hectáreas, según el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE). Se trata del equivalente aproximadamente a 576.000 campos de fútbol estándar FIFA.
Ante la magnitud de los daños, los colegios de aparejadores y arquitectos técnicos han decidido ponerse "desinteresadamente a disposición de las distintas administraciones y de los afectados por los incendios para asesorar y realizar una evaluación preliminar del estado de las viviendas afectadas”. Esta medida complementa a las ayudas económicas ofrecidas por el gobierno y las CC. AA.
El consejo ha subrayado la urgencia de abordar la rehabilitación tras los incendios, no solo como un proceso de reparación, sino como una oportunidad para reforzar la seguridad de las viviendas situadas en la interfaz urbano-forestal. “Los incendios ya no son hechos aislados: son un riesgo estructural. La reconstrucción no puede limitarse a devolver las viviendas a su estado previo, sino que debe dar un salto cualitativo en términos de seguridad, eficiencia y sostenibilidad”, señaló Alfredo Sanz, presidente del CGATE.
Evaluaciones gratuitas y ayudas económicas
Muchas viviendas han resultado afectadas total o parcialmente en varias comunidades, especialmente en Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura y Madrid, según CGATE. El consejo explica en un comunicado que una vez se firme un acuerdo marco con la administración autonómica correspondiente, el arquitecto técnico o aparejador podrá clasificar de manera gratuita la vivienda como rehabilitable o en situación de ruina.
Este servicio complementa las ayudas económicas anunciadas tanto por el Gobierno como por las comunidades autónomas. En el caso de las estatales, se establecen compensaciones que van desde un máximo de 5.160 euros para daños en el interior de las viviendas —siempre que no afecten a la estructura— hasta los 15.210 euros en casos de destrucción total. El Consejo General insistió en que estas medidas de apoyo financiero deben ir acompañadas de un enfoque técnico que permita mejorar las condiciones de seguridad de las construcciones.
Rehabilitación con criterios de protección
Los especialistas advierten que muchas de las viviendas dañadas presentan carencias en materia de protección pasiva contra incendios. En este sentido, citan estructuras de madera sin tratamientos ignífugos, cubiertas vulnerables, almacenes anexos con materiales combustibles o la ausencia de sistemas adecuados de detección y extinción. “Cada rehabilitación debe contemplar no solo la reparación de daños, sino la incorporación de soluciones constructivas que eleven el nivel de protección y reduzcan la exposición al fuego”, explicó Sanz en el comunicado de CGATE.
Este organismo recomienda intervenciones como el refuerzo de estructuras con morteros ignífugos, la aplicación de pinturas intumescentes sobre elementos de madera, la sustitución de cubiertas y fachadas por materiales más resistentes al fuego y la instalación de sistemas automáticos de detección y rociadores interiores. Asimismo, insisten en la importancia de actuar en los espacios exteriores con diseños paisajísticos que sigan criterios de jardinería preventiva, reduciendo así la propagación de las llamas.
El Consejo General también ha reclamado el impulso de una normativa específica para la rehabilitación en zonas de interfaz urbano-forestal, con el objetivo de unificar requisitos de edificación, urbanismo y gestión del entorno natural. “No se trata solo de reconstruir lo perdido, sino de levantar hogares más preparados frente a un riesgo que seguirá aumentando en las próximas décadas por el clima extremo”, concluyó Alfredo Sanz.
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