El auge de los pisos turísticos en España dispara el empleo irregular: más de 10.000 personas trabajan sin contrato, según UGT

La proliferación de viviendas turísticas en España ha consolidado un modelo de trabajo precario y en gran parte irregular, según ha denunciado la Unión General de Trabajadores (UGT). El fenómeno, alimentado por plataformas digitales y el crecimiento sostenido del turismo, genera un tipo de empleo que tiene escaso control administrativo, mayoritariamente fuera del marco del convenio de hostelería y sostenido en gran parte por mujeres migrantes en situaciones vulnerables.

Tanto las cifras del propio sector como los datos oficiales apuntan que, aunque los pisos turísticos cuentan con una oferta más amplia y tienen una gran influencia en el mercado inmobiliario, crean menos empleo formal y de peor calidad en comparación con los hoteles tradicionales.

Más de 10.000 personas sin contrato, según UGT

El último informe de UGT cifra en más de 10.000 las personas que trabajan sin contrato en viviendas turísticas, lo que supone un 35% del empleo total estimado para este segmento, que en conjunto generaría unos 26.500 puestos de trabajo. La mayoría de estos empleos se concentra en tareas de limpieza, recepción, lavandería y mantenimiento, muchas veces externalizados y caracterizados por las jornadas parciales y la inestabilidad. La estimación, basada en el número de viviendas de uso turístico legalmente registradas y en datos de ocupación y rotación, apunta a que la economía sumergida es estructural en el sector.

En este contexto, el sindicato denuncia que la gestión de las viviendas queda en manos de empresas multiservicios y plataformas que optan sistemáticamente por contratos muy precarios o directamente fuera del marco legal, eludiendo la aplicación del convenio de hostelería que regula derechos y salarios. De hecho, entre las personas con contrato, lo habitual es que cobren el salario mínimo interprofesional (SMI) o estén vinculadas a convenios de limpieza menos favorables.

Una pérdida millonaria para la Seguridad Social

El volumen de empleo irregular y los bajos salarios provocan efectos directos en la recaudación pública. Según los cálculos incluidos en el informe, solo la infracotización de trabajadoras vinculadas al SMI y la no cotización de quienes están en economía sumergida suponen una pérdida anual de hasta 36 millones de euros para la Seguridad Social.

El cálculo se realiza sobre el sueldo perdido por no aplicar el convenio legal y lo que la administración deja de ingresar por cuotas sociales. Esta práctica, según subraya UGT, repercute en las prestaciones de desempleo, futuras pensiones y la financiación del sistema público. Asimismo, el sindicato recalca que este modelo beneficia principalmente a las empresas gestoras y plataformas digitales, quienes ven incrementadas sus ganancias por la reducción de costes laborales y la opacidad sobre el empleo generado.

Mujeres migrantes, el pilar invisible del turismo de alquiler

Los datos públicos recogidos en el informe identifican a las mujeres migrantes como el grupo más afectado por la precariedad en el sector. Son mayoría en las labores de limpieza y sufren una doble vulnerabilidad: por situación administrativa irregular o débil y por las condiciones laborales impuestas.

Al hilo, otro análisis publicado por UGT sobre empleo femenino migrante señala que el 78,1% de mujeres latinoamericanas ocupadas trabaja en sectores como la limpieza, la restauración o el servicio doméstico, y hasta el 36% de este trabajo puede ser informal, según una encuesta elaborada por la Universidad de A Coruña.

Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan el altísimo porcentaje de empleados en limpieza, restauración y cuidados que son extranjeros, hasta el 42% en el caso del empleo doméstico y el 21% en hostelería, respectivamente. La informalidad y la ausencia de cotización social afectan de forma especial a quienes carecen de permiso de residencia, lo que reduce la capacidad de actuación de las Inspecciones de Trabajo y las denuncias laborales.

Menos empleo y menos protección que en la industria hotelera

A pesar de que el parque de viviendas turísticas legalmente registradas (más de 368.000 en noviembre de 2024, según el INE) supera en plazas a los hoteles (1.857.710 frente a 1.174.071), las viviendas de uso turístico generan muchos menos empleos por plaza y peores condiciones. UGT estima que generan solo 3,4 empleos a tiempo completo por cada 100 plazas, frente a los más de 12 por cada 100 en hoteles modestos y más de 40 por cada 100 en hoteles de alta categoría, según datos recogidos por la asociación Exceltur.

Además, las diferencias en las retribuciones son flagrantes. El salario medio nacional para una camarera de piso oscila entre 1.400 y 1.500 euros mensuales, pero en las viviendas de uso turístico muchas trabajadoras ni se acercan a estas cifras por la ausencia de contrato o la imposibilidad de reclamar derechos.

Inspecciones, sanciones y nuevas regulaciones

La dimensión y el impacto de este modelo han dado lugar a múltiples actuaciones de las administraciones públicas. Entre las iniciativas más recientes, la Inspección de Trabajo en la Comunidad Valenciana realizó 994 intervenciones en alojamientos turísticos y sancionó a 113 empresas por infracciones laborales en 2023, con multas que sumaron 300.000 euros.

En Mallorca, en 2024 se tramitaron más de 3.100 inspecciones con 504 sanciones y 4,6 millones de euros en multas. En Madrid, ese mismo año se llevaron a cabo más de 3.700 inspecciones, con la regularización de 251 viviendas y el cierre de más de 400 por carecer de licencia adecuada o infringir la normativa. Por último, en Canarias, la administración intensificó la vigilancia con casi un millar de órdenes de inspección centradas en la economía sumergida vinculada al turismo.

Aun así, UGT y otras organizaciones sindicales sostienen que estas medidas resultan insuficientes ante el volumen real de empleo precario y la creatividad de las empresas para obviar la regulación. El sindicato insiste en la necesidad de aplicar el convenio de hostelería sin excepciones, ampliar los controles sobre las plataformas digitales y poner especial atención en proteger a los colectivos más vulnerables.