El caso de una trabajadora diagnosticada con un cáncer de mama especialmente grave, a la que se le retiró la pensión de incapacidad absoluta pese a estar todavía en tratamiento y pendiente de una operación, ha generado debate sobre el rigor de los criterios de la Seguridad Social. En palabras del abogado laboralista Miguel Benito, “vas a flipar” con este caso, que expone los límites y consecuencias de la regulación vigente, y alerta sobre las dificultades a las que pueden enfrentarse quienes reclaman sus derechos ante la administración.
El sistema español contempla que cualquier persona que, por un problema de salud, no pueda trabajar, reciba una pensión por incapacidad permanente que cubra sus necesidades básicas. Benito, desde su cuenta de TikTok @empleado_informado, describe la situación general: “En España tenemos la suerte de que si una persona tiene un problema de salud y no puede trabajar, el Estado se hace cargo pagándole una pensión”. Sin embargo, destaca cómo el procedimiento de revisión puede causar situaciones complicadas: “El problema es que en estas incapacidades permanentes, la Seguridad Social tiene un criterio excesivamente estricto que lleva a situaciones muy injustas”.
Revisión y retirada de la pensión
El caso concreto que presenta el letrado ocurrió en 2020. Una trabajadora fue diagnosticada de cáncer de mama, con una gravedad suficiente para que se le reconociera la incapacidad absoluta, lo que implicó la imposibilidad legal de acceder a cualquier tipo de empleo. En este tipo de situaciones, la legislación exige revisiones periódicas para determinar “si por suerte la persona está mejor, puede volver a trabajar y se le cambia la pensión, se le quita y vuelve a trabajar”.
No obstante, en esta ocasión, la revisión de la Seguridad Social determinó que la mujer supuestamente había mejorado y, por tanto, perdió el derecho a la pensión. Esto ocurrió “cuando seguía en tratamiento oncológico y se le iba a operar porque tenía un tumor bastante grave”, enfatizó el letrado.
“La última palabra la tienen los tribunales”
La trabajadora recurrió la decisión de la Seguridad Social, pero este organismo mantuvo su postura. Fue necesario llevar el caso ante la justicia, concretamente ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJ de Galicia). La resolución judicial finalmente reconoció de nuevo la incapacidad permanente absoluta, decidiendo en contra del criterio administrativo.
Miguel Benito utiliza este caso para advertir sobre la importancia de no conformarse con una decisión administrativa desfavorable. Subraya: “La última palabra la tienen los tribunales” y advierte a quienes se encuentren en situaciones similares: “Muchos seguidores me decís: ‘No, es que me han denegado la incapacidad permanente de la Seguridad Social, ¿será que no tendré derecho?’ No, cuidado, que su criterio no es el correcto”, asegura el abogado.
Recomendaciones ante una denegación
El abogado señala que muchas veces los tribunales corrigen estos abusos. Por ello, recomienda insistir y agotar las vías legales si la administración rechaza una solicitud de incapacidad: “Infórmate, pelea por lo que te corresponde, y no te quedes con el ‘no’ de la administración”. Este caso “te va a dejar helado”, concluye.
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