Pirómanos, menores y trabajadores del fuego: en busca del perfil de los detenidos por los incendios

España continúa ardiendo. Este miércoles, el sistema de satélites Copernicus, el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea, ha contabilizado en 396.811 las hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de año. Es la cifra más alta desde 2006.

Desde que arrancó la oleada de fuegos a comienzos de agosto, las autoridades han detenido a varias personas por provocar los incendios. Sin embargo, desde este 1 de junio, la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 37 personas por su presunta relación con el origen de los incendios forestales en la península, cinco de ellos han sido en las últimas horas. A ellos se suman 113 personas investigadas, según informó este miércoles el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska. En concreto, la Policía Nacional ha detenido a diez personas y ha imputado a otras 21, mientras que la Guardia Civil ha arrestado a 27 individuos y mantiene a 92 bajo investigación. Los datos fueron actualizados tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD), presidida por el líder de la cartera.

Pero, ¿quién se encuentra detrás de los incendios provocados?

Pirómanos reincidentes y un menor de 17 años

Galicia, una de las regiones más castigadas por los fuegos este verano, concentra un elevado número de detenciones.

Entre los arrestados en las últimas horas se encuentra un hombre de 47 años, detenido como presunto responsable del incendio en Vilardevós (Ourense) que arrasó unas 578 hectáreas y en el que resultaron heridas dos personas. El juez decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. El acusado ya contaba con antecedentes penales por un delito de daños provocado por otro incendio y ahora está investigado por un delito de incendio forestal.

De la misma manera, la Policía también informó de la detención de un menor de 17 años en Santiago de Compostela, acusado de provocar hasta siete incendios en la misma zona en apenas diez días. La Fiscalía de Menores de A Coruña ordenó su internamiento en un centro especializado.

Otro de los detenidos ha sido al hombre que se atribuye la autoría de los dos focos del incendio forestal en Oímbra (Ourense), provocados el pasado 12 de agosto. Para cuando el hombre, de 46 años, fue arrestado, el fuego ya se había llevado por delante más de 5.000 hectáreas y dejó tres brigadistas heridos. Según informó el Instituto Armado, el detenido realizaba trabajos de limpieza y desbroce con un tractor en una jornada en la que estaba activado el índice de riesgo extremo de incendio. Se le imputan dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres delitos de lesiones graves.

Por otro lado, en la Comunidad de Madrid, la Guardia Civil arrestó el 9 de agosto a un hombre de 48 años por provocar intencionadamente un incendio en un terreno forestal de Colmenar Viejo el pasado 21 de julio.

¿Existe la ‘economía del fuego’?

No todos los casos responden a la intencionalidad de los pirómanos. En Zamora, una de las provincias más afectadas, un hombre fue detenido como presunto autor de un delito de incendio por imprudencia. El fuego, declarado en Puercas de Aliste y clasificado de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, calcinó más de 4.000 hectáreas tras iniciarse en un depósito irregular de residuos y vidrios que actuaron como efecto lupa.

En Ávila, la Guardia Civil arrestó a un empleado de extinción acusado de originar el fuego en Cuevas del Valle, que superó las 2.000 hectáreas quemadas. Según las primeras pesquisas, su motivación podría estar relacionada con “intereses laborales”.

Sin embargo, como explican varios expertos a Infobae España, si bien es cierto que existe una “economía del fuego”, que implica desde la prevención a la extinción de los incendios forestales, estos no se provocan para beneficiar a ciertos sectores económicos. Tampoco para justificar grandes inversiones públicas o facilitar la recalificación urbanística de zonas quemadas. Este tipo de casos “son marginales”, como explica a Infobae España Domingo Molino, profesor de ingeniería forestal en la Universidad de Lleida. En Castilla y León, algunos episodios se han relacionado con la precariedad laboral del sector, donde numerosos bomberos trabajan con contratos fijos-discontinuos que se extinguen al terminar la campaña. Con todo, este tipo de casos siguen siendo excepcionales.

El Código Penal castiga con penas que oscilan entre los 10 a 20 años de cárcel, y multa de 12 a 24 meses a quienes provoquen un incendio que ponga en riesgo la vida o la integridad física de las personas. Las penas se elevan hasta tres a seis años de prisión y multas de hasta 24 meses cuando el fuego adquiere “especial gravedad”: por afectar a grandes superficies, provocar graves efectos erosivos, alterar significativamente la fauna o la flora, dañar espacios protegidos, destruir recursos naturales o haberse causado con ánimo de lucro.

*Con información de Europa Press