Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Sevilla en una investigación conjunta con Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (A.M.A.) han llevado a cabo la denominada operación PARZETA logrando esclarecer e identificar a un grupo de cazadores furtivos que venían actuando en la provincia de Sevilla.
Durante las investigaciones llevadas a cabo se tuvo conocimiento por parte de los agentes del SEPRONA del abatimiento de un ejemplar de Cerceta Pardilla, estando catalogada como un ave protegida en peligro de extinción, y que suele concentrarse en la zona de las marismas del río Guadalquivir.
Dicho paraje donde fue abatido el ejemplar posee un alto valor ecosistémico y forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), siendo un área con numerosas figuras de protección a nivel nacional e internacional como es el Espacio Natural de Doñana.
Varios ejemplares de patos cazados
A raíz de la información obtenida, se estableció un operativo de vigilancia sobre la zona especificada, ante las sospechas de la existencia de un grupo organizado de cazadores furtivos.
Fruto de este dispositivo fueron identificados tres personas en proximidades al río Guadalquivir cercanos al término municipal de Puebla del Río, siéndoles intervenidos varios ejemplares de anátidas (patos) abatidos con arma larga, y cuantioso material utilizado para la caza de aves acuáticas.
Como resultado de la operación estas tres personas han sido investigadas como presuntos autores de un delito medioambiental contra la flora y la fauna, siendo puestas las diligencias a disposición de la Autoridad Judicial competente.
La Cerceta Pardilla (Marmaronetta angustirostris) es considerado el pato más amenazado de Europa. Actualmente en España se tiene constancia de la existencia únicamente de 75 parejas de este tipo de ave, con llevando que se encuentre catalogada como especie en peligro de extinción dentro del Catálogo Español de Especies Amenazadas siendo además considerado como una de las nueve especies en situación crítica por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Delito medioambiental contra la flora y la fauna
En España, el Código Penal tipifica como delito medioambiental contra la flora y la fauna aquellas conductas que dañan gravemente a especies silvestres y sus ecosistemas. Regulados principalmente en los artículos 332 a 337, estos delitos buscan proteger un patrimonio natural único, que abarca desde bosques milenarios hasta especies emblemáticas como el lince ibérico o el quebrantahuesos.
Las infracciones incluyen la caza, pesca o captura de especies protegidas, la destrucción de hábitats, la tala ilegal en zonas especialmente protegidas, la introducción de especies invasoras o el comercio ilegal de ejemplares y partes de animales o plantas. La ley es especialmente estricta con las especies catalogadas “en peligro de extinción” o “vulnerables” según la normativa nacional y europea.
Las penas pueden ir desde multas e inhabilitación profesional hasta prisión, dependiendo de la magnitud del daño y de si se actúa con ánimo de lucro. Por ejemplo, la captura de un ejemplar de una especie en peligro puede acarrear penas de hasta dos años de cárcel, que se agravan si la acción provoca daños irreparables a la población o al ecosistema.
España, por su ubicación estratégica entre Europa y África, es además un punto clave en el tráfico internacional de especies. Por ello, las autoridades combinan medidas penales con planes de vigilancia, cooperación con la Guardia Civil (SEPRONA) y campañas de sensibilización ciudadana.
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