La propuesta del Ayuntamiento de Fuengirola de recurrir a detectives privados para vigilar a los funcionarios municipales que están de baja resulta poco habitual en el sector público. La medida, descrita como “excepcional” y “que no se espera su repetición inmediata”, buscará investigar y realizar seguimientos sobre un mínimo de diez empleados que estén en situación de incapacidad temporal, según ha informado El País.
El consistorio, liderado por Ana Mula (Partido Popular) y con una plantilla de unos 800 trabajadores, justifica así la polémica iniciativa: “El motivo del contrato es el elevado absentismo laboral que presentan determinados servicios municipales, muy por encima de la tasa media del país”, subraya el documento oficial que puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Estado. Según fuentes municipales la tasa de absentismo llegó a alcanzar el 10% en algunos departamentos, especialmente en Servicios Operativos y Limpieza.
Procedimiento de la investigación
El proceso contempla la selección de una agencia de detectives mediante un contrato de un año de duración, con un presupuesto base de 14.999 euros más IVA (18.148 euros en total). La adjudicataria tendrá que vigilar la vivienda y los lugares que frecuenten los funcionarios seleccionados durante al menos tres días por persona, aunque este plazo podría ampliarse si Recursos Humanos lo considera necesario.
El contrato enfatiza que “la finalidad no es otra que comprobar y poder demostrar de forma fehaciente si (el trabajador) realiza alguna actividad por cuenta ajena o propia o cualquier otra actividad incompatible con la situación de incapacidad temporal o limitación de aptitud (deambulación, carga de pesos, movimiento de extremidades o tronco, conducción de vehículos, etcétera)”.
Los informes obtenidos deberán incorporar una investigación previa sobre los empleados, recopilando información sobre domicilios, teléfonos, lugares de trabajo u otras incidencias detectadas en páginas oficiales o redes sociales. Además, los seguimientos deberán basarse en sucesos evidentes: “Nunca serán suficientes hechos que lo presupongan sin un nexo claro y directo con los hechos que se pretenden probar”.
Precedentes en la administración pública
“Es algo novedoso, porque la administración no suele contratar estos servicios, pero no existe ninguna ilegalidad en ello”, ha explicado Antonio Carrillo, responsable de Carrillo Detectives Privados, al ser consultado por El País. Carrillo añade que este tipo de investigaciones son habituales en el ámbito privado, pero poco comunes en entornos públicos: “Hay muchísimos casos”, afirma.
Aunque infrecuente, el Ayuntamiento de Alcorcón ya adjudicó el pasado otoño la contratación de detectives privados para investigar bajas prolongadas de sus empleados, destinando 16.940 euros a este fin. En otros municipios, como Córdoba o Pontevedra, también ha habido antecedentes. No obstante, dichas iniciativas han levantado controversia y reclamaciones sindicales. En Córdoba, el uso de un detective por la empresa municipal de autobuses finalizó en despido, declarado posteriormente improcedente por un juzgado, según Europa Press.
Reacciones y argumentos institucionales
El Ayuntamiento ha enfatizado que esta medida busca velar por el buen uso de los recursos públicos: “Para el equipo de Gobierno es importante garantizar a los vecinos de Fuengirola que haya un uso eficiente de los recursos públicos y que no exista un mal uso del dinero público”. Según el consistorio, se trata de una herramienta más, complementaria a los informes encargados a mutuas laborales y servicios de vigilancia de la salud.
Mientras tanto, sectores sindicales y portavoces de trabajadores expresan su preocupación por este método. En Pontevedra, tras una experiencia similar, Héctor Santaló, representante de la Junta de Personal, consideró que la medida pretendía “asustar o amedrentar a los trabajadores por no comulgar con las imposiciones que vienen de este Gobierno municipal”, tal y como ha recogido El País.
La apertura para la presentación de ofertas finaliza el próximo lunes y, tras su adjudicación, el seguimiento de los funcionarios comenzará conjuntamente con el resto de acciones puestas en marcha por el Ayuntamiento de Fuengirola para reducir el absentismo laboral y reforzar el control sobre las bajas justificadas de la plantilla municipal.
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