El campo andaluz atraviesa una transformación acelerada: la energía solar se integra en la vida rural, modificando los paisajes, la economía y las tradiciones. En Carmona (Sevilla), agricultores como José Portillo han sustituido cultivos tradicionales por el arrendamiento de tierras a empresas de energía solar.
El cambio ha multiplicado sus ingresos, de 100 euros por hectárea a 1.900. “Ese dinero me va a venir de maravilla para viajar y hacer cosas que nunca he podido”, explica Portillo a Equipo de Investigación.
Este fenómeno, según ha podido saber Infobae España, se extiende por la región y ha abierto un debate sobre el futuro de la agricultura, la sostenibilidad ambiental y la soberanía alimentaria en el país.
El campo andaluz: epicentro de la “fiebre solar”
Los terrenos del sur de España se han consolidado como uno de los focos de la expansión fotovoltaica. El Ayuntamiento de Carmona ha reconocido el “boom”, con hasta 28 proyectos en marcha que podrían aportar millones de euros a la economía rural.
El municipio cuenta con unas 92.000 hectáreas agrícolas, de las cuales entre un 20% y 30% han dejado de cultivarse, según los vecinos. Y es que, el atractivo económico es evidente. “Ha habido un revuelo grande porque de toda la vida la gente ha estado cultivando sus tierras y ahora te vienen dándote un dinero por no hacer nada...”, señala un vecino.
A eso se le suma un contexto donde los precios agrícolas inestables y los altos costes de producción y sequía, empujan al arrendamiento de tierras a empresas solares, que se percibe como una opción segura y mucho más rentable.
Una tendencia en auge en España
El caso de Carmona no es el único. El país se ha posicionado como uno de los líderes europeos en instalaciones fotovoltaicas, tanto por capacidad instalada como por crecimiento anual. En 2023, más de 200.000 familias disponían de placas solares en sus viviendas, el doble que el año anterior.
La subida del precio de la electricidad, las políticas de descarbonización y los objetivos europeos de transición energética han impulsado la expansión.
El modelo de generación distribuida, que antes se asociaba a entornos urbanos, se ha trasladado también al medio rural. Algunos proyectos apuestan por fórmulas mixtas como el “agrofotovoltaico”, pero la presión por alquilar tierras fértiles es creciente.
Tradición frente a rentabilidad
La llegada de plantas solares al campo ha abierto un debate social. Para unos, representa una oportunidad para asegurar ingresos y estabilidad; para otros, supone el riesgo de perder cultivos históricos y parte de la identidad rural.
Macrocausa judicial por los olivos centenarios
Por su parte, SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad han iniciado una macrocausa judicial para frenar la tala de más de 100.000 olivos centenarios, amenazados por los proyectos solares en terrenos de alta productividad.
La Junta de Andalucía ha autorizado varias instalaciones, lo que ha generado la reacción de colectivos rurales y ecologistas. “Esta lucha no es contra la energía renovable, sino contra su implantación irresponsable en tierras fértiles y productivas que son esenciales para el futuro común”, señala Natalia Corbalán, portavoz de SOS Rural.
El primer frente está en Lopera (Jaén), donde cuatro proyectos prevén la eliminación de más de 100.000 olivos. “Las primeras acciones judiciales nos van a permitir frenar la tala de olivos centenarios en aquel territorio”, afirma Margarita Fernández, presidenta de Ecología y Libertad.
El valor del suelo agrícola
El despliegue de plantas solares sobre suelos productivos preocupa a organizaciones y expertos. En Andalucía, el 69,6% de las fotovoltaicas y el 90,9% de las termosolares se ubican sobre suelos clasificados como S1 y S2, de máxima capacidad productiva, según el Ministerio de Agricultura.
“La conversión de estos suelos destruye tierras fértiles que tardan siglos en formarse y altera de forma irreversible ecosistemas agrícolas únicos”, advierte Fernández. Se estima que la formación de un centímetro de tierra fértil puede requerir entre 100 y 1.000 años, y la recuperación de “30 centímetros dañados, hasta 3.000 años”, indica Corbalán.
Denuncias de fraude de ley y riesgos ambientales
Las plataformas denuncian que muchos proyectos se fraccionan en expedientes de menos de 50 megavatios para evitar la competencia estatal y evaluaciones ambientales conjuntas. En Lopera, se concentran ocho proyectos de 49,5 MW en apenas ocho kilómetros.
También alertan sobre prácticas agresivas: procesos de expropiación forzosa sin información clara, y uso de productos químicos que dañan el suelo de forma permanente. “Una vez acabada la vida útil de la planta fotovoltaica, le corresponde al agricultor descontaminar esa tierra. Hay mucha letra pequeña”, advierte Fernández.
Según el informe Extensión de los parques fotovoltaicos en España 2024 del MAPA, los parques solares ya ocupan más de 50.000 hectáreas de superficie agraria útil (equivalentes a 70.000 campos de fútbol) y podrían llegar a 94.596 hectáreas en 2030. “No es más sostenible una placa solar que un olivo centenario”, subraya Corbalán.
“Necesitamos ya una ley que regule de forma clara y eficaz el uso de terrenos con altísimo poder productivo”, reclama. “El sector agroalimentario español es parte de la solución y no del problema”, defiende, insistiendo en que la transición energética debe planificarse “desde el conocimiento del territorio” y sin sacrificar la producción de alimentos ni la biodiversidad.
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