Nagore Laffage, estudiante de Enfermería y natural de Irún (Guipúzcoa), tenía 20 años cuando fue asesinada por José Diego Yllanes en las fiestas de San Fermín de 2008. Médico de 27 años, cursaba en ese momento el tercer año de residencia de Psiquiatría en la Clínica Universitaria de Pamplona, donde la joven también trabajaba.
Los hechos se produjeron el 7 de julio en la ciudad de Pamplona: aunque se habían visto alguna vez en el hospital, no se conocían personalmente. Fue en las fiestas cuando entablaron conversación por primera vez y fueron al piso de Yllanes. Tras lo que el asesino definió como un “malentendido”, le propinó a Nagore más de una treintena de golpes en la cabeza y el cuerpo (en la autopsia se encontraron 38 heridas internas y externas) y la estranguló.
Después de asesinarla, Yllanes intentó descuartizar el cuerpo, pero finalmente tomó la decisión de abandonarlo en una zona boscosa ubicada a aproximadamente 25 kilómetros de donde se había perpetrado el crimen.
Diego Yllanes fue condenado por homicidio (no asesinato, ya que el jurado popular no apreció alevosía) a una pena de 12 años y medio de cárcel. Tras cumplir ocho y 11 meses, accedió a un régimen de semilibertad y comenzó a trabajar en una clínica psiquiátrica.
La madrugada del asesinato
Diecisiete años después, su ciudad natal no olvida el crimen y en este 2025 la Asociación de la Casa de las Mujeres (ACMI) y el Ayuntamiento de Irún rindieron homenaje a Nagore, asesinada el día grande de las fiestas de San Fermín, en la madrugada entre el 7 y el 8 de julio de 2008.
La sentencia del Tribunal Supremo relata que, al llegar al piso de Diego Yllanes, Nagore y él “comenzaron de mutuo acuerdo, en el ascensor, a besarse, abrazarse y a tener contacto físico de forma apasionada”. Una vez dentro del domicilio, el psiquiatra procedió a “desnudar de manera violenta a Nagore”, rasgando y rompiendo parte de su ropa. Esto, de nuevo según la sentencia, fue interpretado “erróneamente” por la joven como un intento de agresión sexual, a lo que habría reaccionado amenazando “con destruir su carrera y denunciarle”.
Tras esto, comenzó a golpearla, terminando con su vida, algo que la Sala Segunda de lo Penal también destaca que fue influido por “la previa ingesta de bebidas alcohólicas, que afectaban de una forma leve a sus facultades intelectivas y de la voluntad”.
Pese a ello, desde hace años el círculo de la joven y distintas asociaciones dedicadas a la defensa de la libertad sexual de la mujer y la lucha contra la violencia de género, destacan que lo que ocurrió en aquel piso de Pamplona fue un intento de violación, que Nagore no quiso continuar con el acercamiento que habían iniciado y que esto desencadenó el violento ataque de Diego Yllanes.
La actitud de Nagore previa a su asesinato fue interpretada como indicios de su predisposición a mantener relaciones sexuales plenas y, durante el juicio, la madre de la joven fue incluso preguntada por si su hija era muy ligona.
Su trabajo como psiquiatra
Una vez cumplidos 8 años y 11 meses en prisión, Yllanes obtuvo el tercer grado en 2017 y se incorporó como psiquiatra a un centro privado tras colegiarse el 17 de julio, según confirmó en un comunicado emitido entonces por el Colegio Oficial de Médicos de Madrid.
Tras conocerse la vinculación del asesino de Nagore Laffage con la clínica, se generó una intensa polémica en redes sociales. A través de la red social de Twitter (actualmente X), el doctor propietario del centro aseguró que Yllanes solo “colabora en tareas de ayuda a la investigación” y se procedió a eliminar su perfil de la página web del centro. En la actualidad, se desconoce si continúa ejerciendo como psiquiatra.
Derecho al olvido
En 2024, la Audiencia Nacional negó a José Diego Yllanes su petición de olvido: el asesino de Nagore quería que Google retirase las noticias relacionadas con los hechos que llevaron a su condena, solicitud que hizo al propio motor de búsqueda y a la Agencia Española de Protección de Datos.
Sin embargo, dicha petición fue rechazada asegurándose que eran publicaciones con interés público dada la repercusión que había tenido el caso y amparándose en el derecho a la libre información y a la libertad de opinión recogidos en el artículo 20 de la Constitución Española.
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