Sin mención al aborto, contra la autodeterminación de género y más mano dura con la inmigración: el nuevo ideario del PP con el que Feijóo quiere gobernar

Alberto Núñez Feijóo y el PP han encontrado en el caso Koldo y en la implicación de Santos Cerdán su gallina de los huevos de oro para llegar al poder. “Si mi compromiso hace tres años fue reconstruir nuestro partido, hoy es reconstruir nuestro país”, ha asegurado este viernes su presidente. El Partido Popular celebra desde el viernes 4 de julio hasta el medio día de este domingo 6 su XXI Congreso Nacional en IFEMA de la capital, donde Núñez Feijóo ha vuelto a salir ratificado como líder —era el único candidato—.

Así, el presidente popular también ha actualizado —y apretado— sus filas con nuevos nombramientos que se han ido conociendo estos días. Entre ellos, el de Miguel Tellado como nuevo secretario general en sustitución de Cuca Gamarra, o vocales como Cayetana Álvarez de Toledo, mano derecha de Tellado en el Congreso.

Con la mirada puesta en las próximas elecciones generales —sean cuando sean, aunque los socialistas las sitúan en 2027—, la estrategia de Feijóo para disputar la presidencia del Gobierno a Sánchez incluye también la actualización del ideario político del partido.

Las nuevas bases reflejan un giro pragmático en temas tradicionalmente divisivos dentro del partido. El documento evita fijar una posición explícita sobre el aborto. Tras años de oposición frontal, los populares asumen de facto la ley de plazos avalada por el Tribunal Constitucional y centran ahora el foco en facilitar la maternidad, promoviendo, por ejemplo, el apoyo a la congelación de óvulos o el reconocimiento del “concebido no nacido” para acceder a beneficios familiares. No hacen mención a la gestación subrogada, una práctica que acordaron debatir en 2017, cuando Ciudadanos defendía su legalización; tampoco aparece mencionada la eutanasia.

En el ámbito de la igualdad, sobre la violencia machista, incorpora un endurecimiento discursivo: promete ser “implacable” con las denuncias falsas —el porcentaje de estas por violencia de género es de apenas un 0,01%— y evitar la “criminalización de los hombres por el mero hecho de serlo”.

Veto a la autodeterminación

En lo relativo a la ley trans, asunto que siempre ha generado trifulca con el Ejecutivo nacional, el documento aboga por “retrasar al máximo” el acceso de menores a tratamientos de cambio de sexo, condicionándolo a la “plena madurez” y al acompañamiento psicosocial. “Los menores deben ser protegidos frente a decisiones irreversibles sobre su cuerpo y su identidad sexual. En una etapa del desarrollo marcada por las dudas, pueden llegar a conclusiones erróneas con graves consecuencias”, dice sobre el cambio de sexo. Además, rechaza expresamente la autodeterminación de género, algo que la ley actual concede a partir de los 14 años, alegando que genera “inseguridad jurídica” y profundiza en el “borrado de las mujeres” en términos legales y deportivos.

El discurso en inmigración se endurece: el partido propone desvincular el empadronamiento de personas en situación irregular del acceso a prestaciones económicas, vincular la residencia de larga duración al conocimiento del idioma y la cultura españolas, y mostrar “tolerancia cero” ante quienes no se integren o cometan delitos. También se opone al uso del burka o el niqab en mujeres porque “invisibilizan u oprimen a la mujer”.

Además, la ponencia recupera otros elementos del argumentario clásico del PP, como la derogación de la ley de memoria democrática, el rechazo a la “okupación” y a “inquiocupación” o la defensa del español frente al uso del catalán, euskera y gallego en instituciones del Estado. Aunque reconoce que estas lenguas forman parte del patrimonio cultural de España, defiende que el castellano debe ser vehicular en todo el país y que ningún ciudadano debe ser penalizado por utilizarlo. Sin embargo, cierran la veda en el Congreso, que en 2023 permitió el uso de las lenguas cooficiales en las actividades parlamentarias. “Blindaremos el uso de la lengua común en el Congreso de los Diputados y en los órganos de máximo nivel político”, señalan.

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