Abogados Cristianos denuncia la compra de preservativos del Gobierno de Ayuso criticando que son para el Orgullo cuando son para la campaña de prevención del sida

El colectivo ultracatólico Abogados Cristianos ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid contra el contrato impulsado por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso para adquirir 3.870.000 preservativos y 700.000 monodosis de lubricante en fechas previas a la celebración en Madrid del tradicional Orgullo LGTBI, diez días de actividades y eventos entre el 26 de junio y el 6 de julio.

La Consejería de Sanidad licitó este contrato el pasado 19 de junio. El objetivo es comprar 3.850.000 unidades de preservativos masculinos, 20.000 unidades de preservativos femeninos, y 700.000 unidades monodosis de lubricantes, en tres lotes. Las empresas que quieran participar en esta adjudicación tienen hasta este viernes para presentar sus ofertas, dos días antes de que acaben los festejos del Orgullo. La apertura de la documentación de las candidaturas sería entre el 7 y el 11 julio, días después del evento. De hecho, el material debe ser entregado “en el plazo de 120 días [tres meses] contados desde el siguiente de la formalización del contrato”.

Un portavoz de la Consejería de Sanidad señala que este contrato nada tiene que ver con el Orgullo. “La Dirección General de Salud Pública hace una planificación anual en sus compras, no ha hecho una compra específica para nada en concreto”. Vox Madrid se ha hecho eco de la denuncia de Abogados Cristianos señalando que “muchos madrileños no llegan a final de mes. La presión fiscal no para de crecer y Ayuso reparte casi 4 millones de preservativos en un ‘Orgullo’ que solo busca colectivizar a las personas”.

De hecho, la propia memoria justificativa del contrato explica que el ‘Plan de Prevención y Control de las ITS y el VIH de la Comunidad de Madrid, 2024-2030′ incluye la distribución de preservativos y lubricantes “a personas que son atendidas en los centros de Atención Primaria, de Atención Especializada, dispositivos de salud municipales, Centros de Atención a Drogodependientes y entidades sociales que cuentan con Servicios de Prevención y Diagnóstico Precoz de VIH y/o atienden a colectivos vulnerables a estas infecciones (población inmigrante, hombres gais, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, personas que ejercen la prostitución y usuarios de prostitución, personas transexuales, jóvenes en situación de exclusión social, usuarios de drogas inyectadas...”.

Herramienta de prevención

Nada que ver con el Orgullo. “Los materiales preventivos resultan una herramienta fundamental para evitar el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, así como para la prevención de embarazos no deseados, y es fundamental ponerlo a disposición de los colectivos con alta prevalencia de VIH/ITS y en situación de especial vulnerabilidad y de la población adolescente y joven”, sentencian desde Sanidad. El contrato está valorado en 220.630 euros sin IVA (234.560 euros con impuestos),

Según el recurso presentado por Abogados Cristianos, la inclusión de este tercer lote en el contrato (el de los lubricantes) carece de justificación médica y resulta “innecesaria y redundante”, dado que los propios preservativos ya vienen lubricados por exigencia de las prescripciones técnicas. Esta asociación ultracatólica va más allá y advierte incluso de que la distribución de lubricantes puede fomentar prácticas sexuales sin preservativo, contrarias al propio objetivo del contrato de prevenir infecciones de transmisión sexual.

Abogados Cristianos pide por todo ello la nulidad total del contrato o, subsidiariamente, la nulidad parcial de las cláusulas defectuosas que vulneran los principios de la contratación pública. La asociación fundamenta su legitimación en su objetivo estatutario de actuar frente a la promoción ideológica de la agenda LGTBI desde las instituciones públicas y cuestiona que un gasto público de más de 220.000 euros para productos como lubricantes tenga cabida en las obligaciones de la administración madrileña en materia sanitaria.