Qué es el etiquetado accesible: el proyecto que Consumo ha enviado a Bruselas para su evaluación

El Gobierno ha dado un paso decisivo para la tramitación del real decreto sobre el etiquetado accesible de productos de consumo. Desde España se ha remitido formalmente el texto a la Comisión Europea a través del procedimiento TRIS (Sistema de Información de Reglamentos Técnicos).

Se abre así una nueva etapa en la que las instrucciones europeas y todos los Estados miembros podrán analizar la propuesta y presentar observaciones hasta el 23 de septiembre de 2025, fecha que marcará el cierre del periodo de consulta previo a la aprobación definitiva de la norma en España. Este avance implica que la futura regulación está sujeta a la coordinación y adaptación de las directivas comunitarias, así como al consenso europeo sobre la accesibilidad y los derechos de los consumidores, en particular de quienes tienen discapacidad visual.

¿En qué consiste el etiquetado accesible?

El concepto de etiquetado accesible es una pieza clave para garantizar que la información importante de los productos que consumimos sea comprensible para todas las personas, incluyendo quienes sufran algún tipo de discapacidad visual. El texto del real decreto propone que, en bienes y productos relacionados con la seguridad, salud y calidad de vida, sea obligatorio indicar la información básica —como denominación, categoría y advertencias de peligro— en braille.

Pero, además del braille, la regulación apuesta por más herramientas basadas en la transformación digital. Así, la propuesta permite incorporar códigos de respuesta rápida (QR) o sistemas análogos que, mediante un elemento táctil asociado, pueden ser identificados y utilizados fácilmente, facilitando la lectura de información adicional con un dispositivo móvil.

El Real Decreto deja abierta la posibilidad de incorporar nuevas tecnologías que sirvan para hacer más accesible el consumo, sin limitarse solo a las soluciones actuales. El objetivo es fomentar un marco flexible que permita la entrada de innovaciones que surjan en el futuro en materia de accesibilidad, orientado a facilitar la vida de las personas ciegas o con discapacidad visual y el ejercicio pleno de sus derechos como personas consumidoras.

El impacto económico: cifras del sector y debate en la industria

La memoria económica oficial, recogida por La Información Económica, estima un impacto asociado a la implantación del etiquetado accesible. Según cifras de Hispack para el año 2023, la facturación media de las empresas del sector etiquetado es de 11,27 millones de euros. El Ministerio de Consumo calcula que la integración obligatoria del braille supondría un incremento de alrededor del 35% en los costes de producción, aunque señala que en el caso de la industria farmacéutica alemana, la adaptación de 2012 representó aumentos de entre el 5% y el 25%.

En un cálculo general, tomando como referencia las cifras de negocio de Hispack, las nuevas exigencias podrían traducirse en un coste adicional anual para la industria que oscilaría entre 169,7 y 848,5 millones de euros, dependiendo del grado de adaptación tecnológica y los requerimientos de cada línea de producto. La industria alimentaria, uno de los sectores afectados por la norma, ha mostrado reservas sobre el impacto en la competitividad y los costes derivados, frente a entidades del ámbito de la discapacidad visual como la ONCE, que enfatizan los beneficios de autonomía y equidad social que traería la normativa.

La propuesta prevé una transición que permita comercializar los productos etiquetados bajo la legislación anterior hasta seis meses después de la entrada en vigor de la norma definitiva. Pasado ese periodo, los operadores deberán adaptar los envases, ya sea mediante el reaprovechamiento de materiales incorporando etiquetas adhesivas o sistemas equivalentes, o mediante la fabricación de nuevos envases conformes a los estándares de accesibilidad.

Este criterio busca asegurar que ni los consumidores ni la industria sufran transiciones bruscas, permitiendo la adecuación progresiva mientras se garantiza la convivencia entre stock previamente disponible y la innovación regulatoria.