El debate en torno al sector energético vuelve a estar sobre la mesa, aunque esta vez promete llegar más lejos que en 2022, cuando la guerra en Ucrania obligó a adoptar medidas excepcionales (el tope del gas, conocido como la solución ibérica) ante la amenaza de una crisis de desabastecimiento de productos y servicios básicos para los consumidores.
El inédito apagón del pasado lunes, el mayor en la historia de la UE por el número de afectados (dejó sin luz a más de 60 millones de personas), ha puesto en evidencia el sistema eléctrico español, empujando con más fuerza si cabe el debate sobre el futuro de un sector estratégico como es el caso del energético.
El Gobierno avanza que “se harán las reformas y se tomarán las medidas que sean necesarias“. Si bien, la parte socialista prefiere posponer este debate para más adelante para priorizar la investigación sobre lo que pasó a las a las 12 horas, 33 minutos y 442 segundos del pasado 28 de abril, momento en el que empezó todo, según detallan fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.
Pero otras formaciones, tanto a la izquierda como a la derecha del PSOE, ya han puesto sus cartas encima de la mesa, demostrando que la cuestión energética tampoco es ajena a la ideología: mientras la izquierda pide nacionalizar la red eléctrica, la derecha exige ampliar la vida útil de las nucleares.
En todo caso, y ante los intentos de PP y Vox de achacar el fallo eléctrico al gran peso de las renovables, en Moncloa mantienen su apuesta de expandir este tipo de energía y aclaran, en palabras de Pedro Sánchez, que las nucleares, “lejos de ser una solución, han sido un problema”. Según explicó este martes el presidente del Gobierno, al estar apagadas, fue “necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía” ante la necesidad de “mantener sus núcleos estables”.
Esta reflexión contrasta con las tesis del PP, que ya había desplegado una política favorable a las nucleares antes de este episodio, coincidiendo con las medidas propuestas al Gobierno para “mejorar” su paquete ante la ofensiva arancelaria de Donald Trump. Entre las medidas fiscales y energéticas planteadas, los populares exigen ampliar la vida útil de las centrales nucleares, plasmada a su vez en una proposición de ley a principios de abril. En ella, proponen comenzar por la de Almaraz (Cáceres).
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La crisis provocada por el apagón refuerza sus argumentos al entender que las nucleares son fundamentales para “seguridad energética” de España. Tras lo ocurrido en España, los populares advierten de que cerrarlas es “una irresponsabilidad que compromete la competitividad, la sostenibilidad y el bienestar de las familias y empresas”, pues es “garantía de suministro y estabilidad de precios”, tal como afirmó el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, tras su reunión con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
De hecho, al no aceptar el Gobierno “ninguna de sus propuestas”, incluida la relacionada con las centrales nucleares, los populares dan por rotas las negociaciones con el Ejecutivo sobre el decreto antiaranceles, que se votará la próxima semana en el Congreso.
Vox también ha aprovechado el apagón para reivindicar su defensa de las centrales nucleares, culpando a las renovables del colapso energético, a pesar de que se desconocen las causas de lo ocurrido.
Sumar y Podemos compiten por liderar el debate en la izquierda
Por su parte, el socio minoritario del PSOE ha querido tomar la delantera en el Gobierno, aunque vuelve a competir junto a Podemos, su principal rival en las encuestas. La vicepresidenta segunda y líder del espacio de Sumar, Yolanda Díaz, defendió que la red pública eléctrica tiene que estar “en manos públicas”.
La política gallega afeó que la red eléctrica es un servicio estratégico que hoy está “privatizado” y actúa como un “monopolio”, a pesar de tratarse de un servicio estratégico del país. Por ello, tiene claro que este tipo de sectores tienen que estar suscitados al control público.
En términos similares se ha pronunciado Podemos. El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, pidió este miércoles al Gobierno la nacionalización de la red de suministro eléctrico, la creación de una empresa pública de energía para gestionarlo, y el empleo de las fuerzas de orden público para entrar en las empresas que no quieran ofrecer datos del apagón.
“Tenemos un sistema energético privatizado y diseñado en beneficio de las grandes compañías, por lo que es necesario nacionalizar la red eléctrica”, añadió Fernández, quien criticó que el Gobierno “encuentre ahora 10.000 millones de euros” para aumentar el gasto militar y no tuviera en 2018 los 8.000 millones necesarios para la nacionalización del sector eléctrico.
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