
La Asociación de la Guardia Civil Jucil ha denunciado que las últimas convocatorias de plazas de ingreso a la Benemérita son “insuficientes” para afrontar las crecientes necesidades de seguridad en España. Según la organización, el futuro de la Guardia Civil y, por ende, la seguridad ciudadana, está “en juego” si no se toman medidas más eficaces y si no se aumentan las plazas ofertadas en las futuras convocatorias.
El Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska, ha publicado recientemente una convocatoria de 3.118 plazas para la Guardia Civil, cifra que, según Jucil, es casi la mitad de lo necesario para mantener la operatividad del Cuerpo. Para la asociación, la oferta de empleo debería superar las 5.400 plazas, casi el doble de las publicadas. Este déficit de efectivos, sumado al envejecimiento de la plantilla, amenaza con dejar a la Guardia Civil en una situación de “extrema vulnerabilidad”.
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El problema se acentúa por el hecho de que desde 1989 hasta 1993, la Guardia Civil experimentó una de sus mayores promociones con la oferta de 25.729 nuevos puestos. La mayoría de esos agentes comenzarán a pasar a la reserva en los próximos años, ha alertado la asociación profesional, lo que llevará a una reducción drástica del personal activo. De hecho, en 2023, la Guardia Civil ya contaba con 78.173 agentes en activo, un 0,2% menos que en 2022. Para 2025, el Instituto Armado prevé la pérdida de hasta 1.800 efectivos, lo que podría agravar aún más la falta de personal, pronostican desde Jucil.
Envejecimiento de la plantilla
Desde la entidad señalan que la situación actual es “crítica” y que, sin un plan de reposición adecuado, la Benemérita se enfrentará a un futuro incierto. Actualmente, uno de cada tres guardias civiles tiene más de 50 años, y la mayoría de los agentes que patrullan las calles supera los 40 años. Este envejecimiento de la plantilla, sumado a la falta de nuevas incorporaciones, pondrá en serias dificultades a la institución para cubrir las crecientes demandas de seguridad.
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La Guardia Civil es responsable del 80% del territorio nacional, atendiendo principalmente zonas rurales y el litoral. De acuerdo a Jucil, para mantener la capacidad operativa y garantizar la seguridad en estos territorios, se necesitan al menos cuatro promociones de 5.400 guardias cada una. Sin embargo, en los últimos años las convocatorias han estado muy por debajo de esas cifras: 1.671 plazas en 2022, 2.520 en 2023 y 2.721 en 2024.
La asociación también ha criticado la pérdida de competencias de la Guardia Civil a favor de cuerpos autonómicos y locales, lo que, según ellos, debilita la independencia operativa del Instituto Armado y facilita un control político sobre la seguridad. Esta situación ha tenido consecuencias directas en el fortalecimiento de otros cuerpos policiales como la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra.
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En 2024, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña convocó exámenes para 1.300 plazas de los Mossos, un aumento considerable respecto a los 450 puestos ofertados en 2023. Estos movimientos, denuncia la asociación, evidencian una hoja de ruta política que favorece a otros cuerpos y margina a la Guardia Civil.
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