Una concentración denuncia “la precariedad y explotación” de los temporeros migrantes en Huelva y Almería frente a los “ingresos millonarios del sector”

A pesar de los ingresos millonarios que genera el sector agrícola en Andalucía, miles de personas migrantes temporeras que trabajan en los invernaderos de Huelva y Almería “enfrentan vulneraciones sistemáticas de derechos, lo que no solo incluye vivir en asentamientos de chabolas sin acceso a servicios básicos, sino largas jornadas laborales, contratos incumplidos o inexistentes, abuso y explotación”. Así lo denuncian en un comunicado una treintena de asociaciones y colectivos sociales que han convocado este domingo a las 12:00 horas una concentración en el asentamiento de Las Madres en la localidad onubense de Moguer.

“Lo más grave es que se trata de una realidad conocida, repetida, documentada, pero ignorada de forma sistemática”, aseguran las colectivos convocantes, entre los que figuran la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH), la Asociación de Mujeres Inmigrantes (AMIA), la Asociación Multicultural de Mazagón y La Carpa. “Mientras el campo andaluz celebra cifras récord de producción y las grandes cadenas de distribución hacen campañas con eslóganes como ‘sabores de cercanía’ o ‘producto local’, lo cierto es que la riqueza del sector se levanta sobre un sistema estructuralmente desigual e injusto”, sostienen, y aclaran que el sector en Almería logró unos ingresos superiores a los 2.700 millones de euros en la campaña de 2023-2024 y unos 1.200 millones en Huelva: “No ofrecen unas condiciones mínimamente dignas a buena parte de la gran cantidad de mano de obra que absorbe”.

Los colectivos recuerdan que en 2020 el relator de la ONU sobre pobreza extrema, Philip Alston, se mostró consternado tras una visita a los asentamientos de chabolas en Huelva al comprobar la precaria situación de los migrantes: “Rivalizan con las peores condiciones que he visto en otras partes del mundo”, aseguró, al tiempo que también se mostró sorprendido por la respuesta de las administraciones. “Cada vez que le preguntaba a alguien en el gobierno, siempre culpaban a otros. No era su responsabilidad. Así que, básicamente, todos hacen la vista gorda”, indicó el experto independiente. Y aunque desde entonces ha habido algunas mejoras como la creación de algunos alojamientos, “es totalmente insuficiente”, aseguran los colectivos, que piden más recursos y soluciones.

“Se trata de un modelo insostenible. Durante años se ha repetido el mantra de que no hay mano de obra local dispuesta a trabajar en el campo. Pero lo que no se dice es por qué: condiciones indignas, salarios de miseria, ausencia de derechos”, de forma que son las personas migrantes, muchas veces en situación administrativa irregular, quienes “aceptan lo que nadie más aceptaría, no porque quieran, sino porque no tienen alternativa”, afirman.

Los colectivos convocantes de la protesta de este domingo también denuncian que los contratos en los países de origen de los migrantes tampoco son una solución, ya que, a su juicio, “perpetuán la vulnerabilidad”. “Son muchas las quejas de las trabajadoras que tienen miedo a denunciar el incumplimiento de sus contratos. Se invisibiliza a quienes trabajan y se normaliza que vivan sin acceso a agua, sanidad o vivienda. Todo para que la fresa siga siendo barata en el supermercado”.

El Gobierno invertirá este año 6 millones de euros

Con el objetivo de dar una solución a esta problemática que ocurre desde hace al menos dos décadas, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció esta semana que destinará 6 millones de euros para la inclusión social y laboral de los temporeros que trabajan en esta zona, aunque las organizaciones se muestran escépticas y temen que no sea suficiente para paliar “las penosas condiciones” que sufren.

Según ha informado el Gobierno, que el pasado 7 de abril abrió la consulta pública de sus medidas en el marco de actuaciones de Doñana con el objetivo de mejorar la sostenibilidad y economía de la zona, se van a desarrollar acciones para “fomentar la sensibilización en materia de racismo, xenofobia, delitos de odio y delitos de trata de seres humanos, explotación y violencia contra las mujeres extranjeras en este territorio”, con el objetivo de prevenir este tipo de situaciones y “reducir la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas migrantes, así como fomentar su integración e inclusión social”.

También se pondrán en marcha un conjunto de actuaciones coordinadas para favorecer la normalización documental, ya que el nuevo reglamento de extranjería, que fue aprobado en noviembre del año pasado, incluye figuras como las autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, así como las figuras de arraigo para regularizar su situación. Para ello, ha indicado el Ejecutivo, se concederán ayudas a los 14 municipios.