El Gobierno aprueba la modificación de la Ley de Extranjería tras el ‘sí’ de Junts al reparto de menores migrantes no acompañados

El Gobierno ha aprobado este martes por decreto la modificación de la ley de extranjería para articular un mecanismo permanente de reubicación de los menores migrantes no acompañados que llegan a zonas tensionadas como Canarias a otras comunidades autónomas. “Estamos ante un hito histórico”, ha declarado el ministro de Política territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Después de haber fracasado su tramitación en el primer intento ante la falta de apoyos parlamentarios, la reforma del artículo 35 de la ley se ha podido materializar tras el ‘sí’ de Junts per Catalunya, que esta misma mañana ha anunciado su apoyo a la iniciativa y, por lo tanto, existe una mayoría suficiente para su convalidación en el Congreso de los Diputados. La distribución, ha explicado el ministro, debe realizarse una vez se convalide la medida en la Cámara Baja.

El reparto se realizará mediante un decreto ley temporal que establecerá criterios justos y equitativos que sirvan tanto para resolver la situación humanitaria como para ser más eficaces en el trabajo de integración y oportunidades de vida para los menores. Entre estos criterios que determinan el reparto se encuentra el peso poblacional (que tendrá el 50% del peso del cálculo), la renta per cápita y el desempleo, así como también se tendrá en cuenta el esfuerzo realizado en la acogida y otros criterios como la dispersión de la población.

Pide a las autonomías datos de acogida para calcular el reparto

El reparto se efectuará entre aquellas comunidades autónomas que hasta ahora no han acogido o han hecho un esfuerzo mucho menor en comparación con el esfuerzo que ha realizado Cataluña. Según cifras de Junts, del total de menores que será necesario distribuir en el conjunto de la península [unos 4.000], a Cataluña llegarán “entre 20 y 30″, mientras que a la capital serán reubicados “más de 700″.

No obstante, aún no existe un cálculo oficial que detalle el número que le corresponderá a cada comunidad autónoma. De hecho, el Gobierno ha trasladado a las comunidades autónomas que tendrán algo más de un mes para informar de sus datos de menores acogidos para que el Ejecutivo pueda hacer los cálculos de cuántos niños y jóvenes migrantes no acompañados son reubicados desde zonas tensionadas como Canarias hacia estas autonomías. La ley establece que la reubicación del menor se producirá, como máximo, en 15 días desde su llegada. El Ejecutivo ha anunciado una bolsa de 100 millones de euros para garantizar dicho traslado.

La medida establece que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia seguirá manteniendo su plena autonomía. El ministro socialista explica que este organismo, ”si así lo decide por unanimidad", podrá modificar cualquier aspecto de esta ley. Esto quiere decir que si una comunidad tiene en un momento determinado una presencia de menores extranjeros no acompañados que “multiplica por tres su capacidad ordinaria”, podrá declararse en situación de contingencia migratoria .

El PP no acogerá a los menores si no hay compensación económica

Desde Junts señalan que “el acuerdo incluye que las comunidades autónomas que han estado por encima del promedio de plazas estructurales que deben tener, “como es el caso de Cataluña”, reciban una “compensación económica adecuada”. “Solo de esta manera se garantizará un sistema de reparto equitativo y sostenible”, señalan desde la formación posconvergente.

En esta línea, fuentes de Génova han señalado a EFE que todas las comunidades gobernadas por el PP se negarán a acoger a menores inmigrantes “si no hay capacidad para alojarlos con respeto y garantías” y si el Gobierno no pone medios ni financia su acogida.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido la primera en mostrar su oposición frontal a la reforma. Según una información de El País, poco después de conocerse la cifra de 700 menores anunciada por Junts, la dirigente madrileña ha anunciado que presentará un recurso ante los tribunales y amenaza con elevar la cuestión a la Justicia europea, si bien desde su gabinete no han aclarado si la iniciativa judicial se llevará a cabo por el PP o desde su ejecutivo.