El Gobierno ultima un decreto para mejorar el sistema de protección de menores tutelados, pero no aborda los centros de vigilancia pese al asesinato de Badajoz

El Ministerio de Juventud e Infancia está ultimando un real decreto para “blindar los derechos de la infancia en el sistema de protección, y también de las y los empleados que trabajan en los centros residenciales”. Fuentes del departamento dirigido por Sira Rego recuerdan que la propia ministra anunció esta norma a mediados de noviembre, aunque reconocen la coincidencia de los plazos fijados por el Gobierno con el asesinato de una educadora social tras la agresión de tres menores de edad en un piso tutelado en Badajoz.

Desde el ministerio explican que la próxima semana estará listo el texto para proceder a su debate con el resto de ministerios, de manera que el Consejo de Ministros pueda aprobar el texto definitivo en el plazo de un mes o un mes y medio. En este sentido, estas voces aclaran que el borrador de la norma aborda el sistema de protección de menores tutelados, pero no contempla “de manera específica” la mejora de las condiciones de los empleados del sistema de menores con medidas judiciales, como es el caso concreto del asesinato de la educadora social.

Si bien, explican que, la iniciativa, pendiente de discutirse en el seno del Gobierno, servirá para “abrir la puerta” a tratar las circunstancias de los empleados de este tipo de dispositivos, centrados en la rehabilitación y vigilancia de los menores que han cometido algún delito como hurtos, robos con fuerza o agresiones. Es decir, estas fuentes deslizan la posibilidad de que el real decreto (sin rango de ley) amplíe la cobertura a los trabajadores de los centros para el cumplimiento de medidas judiciales.

En cuanto al reglamento, sometido a consulta pública hasta hasta el 30 de noviembre y consensuado con el sector, establece “unas normas de calidad mínimas en relación con diversos aspectos de los centros de protección de menores como el emplazamiento, la estructura física y equipamiento; gestión, organización, inspección y la situación laboral de los y las empleadas”, subrayan desde el ministerio.

Sanciones a las CCAA

Voces de este departamento recalcan que la norma busca una “estandarización mínima para mejorar el sistema de acogida a nivel pais” ante los 17 modelos existentes. “Queremos que se apueste más por centros pequeños o viviendas en lugar de grandes centros”, ahondan estas fuentes acerca de un real decreto que definirá nuevos ratios por centro, tanto de niños como de trabajadores.

Esta iniciativa protegerá el marco derechos laborales de los y las trabajadores, además de su formación, y busca que “no haya educadores solos”. Con esta medida, el Ministerio de Juventud e Infancia entiende que “acabará desembocando en una mejora de la situación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el sistema de acogida”. De esta forma, afirman estas voces, “se garantizan los derechos de la infancia en los centros residenciales y los de las personas que trabajan con ellos”.

El real decreto establece también mecanismos de control por parte de las inspecciones de las distintas comunidades autónomas. Los territorios tendrán que informar “obligatoriamente” al departamento de Sira Rego del resultado de las inspecciones llevadas a cabo, teniendo “capacidad sancionadora” si corrobora que se incumple la normativa de manera recurrente.