La muerte de María Belén Cortés Flor, una educadora social de 35 años de un centro de Badajoz, ha sacudido el clima de los trabajadores del sector social y puesto en el foco del debate las condiciones laborales y la seguridad de los profesionales que trabajan en este tipo de instituciones.
La trabajadora fue asesinada por tres menores en la noche del lunes en una vivienda tutelada de la Junta de Extremadura, situada en la Urbanización Guadiana. Los acusados, dos chicos y una chica, fueron detenidos por la Policía Nacional en la ciudad de Mérida.
Ahora, a raíz de este acontecimiento, la plataforma de los profesionales del tercer sector España se ha organizado en todo el territorio para convocar concentraciones en las distintas Comunidades Autónoma y así reivindicar sus derechos como trabajadores del sector social.
En declaraciones a Infobae España, Alicia, representante de la Comunidad de Madrid para la concentración del jueves 13, denuncia que “no se respetan los convenios”. “Belén estaba contratada como auxiliar, siendo educadora social. Yo estoy contratada como cuidadora, siendo integradora social…”, explica Alicia.
“No es un caso aislado”
El asesinato es la culminación de un problema estructural. Así, la integradora social relata “agresiones diarias sin consecuencias”. “Piernas rotas y las calvas por estirones de pelo no salen en las noticias. Me he comprado tres gafas porque me las rompen y ni siquiera eso nos pagan”, subraya Alicia.
La falta de unas condiciones mínimas ha llevado a la falta de profesionales en el sector. “Están empezando a tener dificultades para encontrar personal en todos los centros”, advierte Alicia. Muchos trabajadores sociales se dedican a ello por vocación, pero no denuncian que se les contrata en categorías inferiores por una cuestión de salarios más bajos.
“Sin ir más lejos, antes de ayer tuve que ‘rescatar’ a una compañera educadora de las manos de un enfermo de salud mental, cuando llegue ella estaba con el cuello rojo por intento de ahogamiento y un chichón en la cabeza”, recuerda Alicia.
“Y ayer pasó esto, esto no es un caso aislado ni mucho menos, la desprotección es extrema, no tenemos medios para tantas personas a nuestro cargo dado el perfil de las personas que tratamos”, reivindica la integradora social.
“Tenemos miedo”
El temor y la angustia se han convertido en una constante para muchos trabajadores del sector. “No se respeta el ratio de personas por trabajador, no podemos poner medidas ni denuncias cuando nos agreden porque nos despiden”, recalca Alicia.
La precariedad y la inseguridad han llevado a que algunos de estos profesionales se replanteen su futuro. “A raíz de todo esto quiero dejar las instituciones privadas”, confiesa Alicia, reflejando el hartazgo de muchos trabajadores que se sienten abandonados por las administraciones.
Comunicado del Consejo General del Trabajo Social
En esta línea, el Consejo General del Trabajo Social y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Badajoz han emitido un comunicado donde denuncian la precariedad del sector.
“La falta de recursos, la sobrecarga de trabajo y la ausencia de medidas de seguridad adecuadas exponen a las profesionales a situaciones de alto riesgo”, afirman. También advierten que las agresiones a educadores no siempre pueden ser denunciadas sin consecuencias laborales.
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