La diferencia salarial sigue siendo una realidad entre hombres y mujeres en muchos sectores. Tal es así que estas representan a siete de cada diez trabajadores con los sueldos más bajos, de acuerdo con el último informe elaborado por el Ministerio de Trabajo. Para luchar contra estas desigualdades, el Gobierno ha anunciado que transpondrá la directiva de la Unión Europea que alude a la igualdad retributiva en un mismo empleo. Por su parte, Francia también ha garantizado que el país empezará a aplicarla desde junio de 2026, con el objetivo de imponer más transparencia en las remuneraciones de las empresas.
El concepto “salario según perfil”, frecuente en numerosas ofertas de empleo, dejará de estar permitido pronto. A partir del próximo año, una directiva europea, recogida en el sitio web de la Cámara de Comercio e Industria (CCI), obligará a las empresas a proporcionar mayor transparencia en materia salarial.
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En España, esta normativa se aplicará mediante un real decreto y una ley ordinaria, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea en respuesta a una solicitud de transparencia. De acuerdo con un informe reciente, el salario medio bruto mensual a tiempo completo en 2022 fue de 2.267,2 euros para las mujeres y de 2.398,17 euros para los hombres.
En qué consiste la nueva directiva europea
La directiva que el Consejo de Ministros prevé incorporar a la legislación española busca garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres que desempeñen el mismo trabajo, con el propósito de reducir la brecha salarial. Para ello, establece una serie de medidas que las empresas deberán aplicar:
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- Las compañías estarán obligadas a informar a sus empleados sobre los criterios que determinan su salario y el sistema de progresión salarial.
- Las empresas con al menos 100 trabajadores deberán elaborar informes sobre posibles diferencias salariales de género. Si se detecta una brecha del 5% o más sin justificación, la entidad deberá corregirla.
- Los empleados podrán solicitar información sobre su salario y la media salarial de su categoría, desglosada por género, y la empresa tendrá que proporcionar estos datos.
- Los Estados miembros deberán designar organismos encargados de supervisar el cumplimiento de la norma e imponer sanciones “proporcionadas” en caso de incumplimiento.
El Gobierno cuenta con un margen de más de un año para transponer la directiva, cuyo plazo vence el 7 de junio de 2026. Posteriormente, los Estados miembros deberán presentar a la Comisión Europea, antes del 7 de junio de 2031, un informe de seguimiento sobre el grado de cumplimiento y los efectos prácticos de la normativa.
Las empresas estarán obligadas a indicar el sueldo
Con la nueva directiva, los candidatos a una oferta de empleo tendrán acceso a información detallada sobre los criterios de remuneración y la evolución salarial dentro de las empresas. La normativa establece que los empleadores no podrán solicitar datos sobre el salario anterior de los aspirantes y estarán obligados a especificar con claridad la retribución ofrecida en sus anuncios de trabajo.
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Además, las empresas deberán informar a sus empleados sobre las escalas salariales aplicadas a sus puestos, los criterios que determinan aumentos y promociones, así como los salarios medios de otros trabajadores en funciones equivalentes.
Aumenta el control para acabar con la desigualdad salarial
Cualquier diferencia salarial superior al 5% que no tenga una justificación objetiva deberá ser corregida, según establece la nueva directiva europea.
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La normativa introduce obligaciones diferenciadas según el tamaño de la empresa. Las compañías con más de 250 empleados deberán presentar un informe anual detallando las brechas salariales en todos los niveles de la organización. Para aquellas con entre 100 y 250 trabajadores, la presentación de este informe será obligatoria cada tres años. Las empresas con menos de 100 empleados quedarán exentas de este requisito.
Hasta ahora, en Francia no existía una legislación que obligara a los empleadores a ser transparentes sobre sus políticas salariales. La aplicación de esta directiva representa un cambio significativo en términos de equidad y transparencia dentro de las empresas.
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