Más de medio centenar de periodistas han protagonizado este miércoles en las escalinatas del Congreso un acto de protesta contra los agitadores ultras, acreditados como prensa. “En los últimos tiempos, los periodistas que trabajamos en el Congreso sufrimos descalificaciones, insultos y señalamientos por parte de personas acreditadas que trabajan junto a nosotros y no respetan unas elementales normas de convivencia. Incluso nos amenazan con dar a conocer nuestros domicilios”, reza el manifiesto leído por varios dirigentes de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).
Con su comportamiento, añaden, “dificultan el trabajo de los profesionales de la información y perturban el clima de respeto que debe presidir la necesaria relación con los políticos. Ese comportamiento repercute directa y negativamente en el derecho constitucional a la información que tiene la ciudadanía”.
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Frente a estas actitudes, que se suceden desde hace casi tres años ante la pasividad de las Cortes, tanto del Congreso como del Senado (permiten la presencia de estas personas), la organización ha declarado su “rotundo rechazo a quienes amenazan, insultan y señalan en las redes sociales a los periodistas que defienden que no se obstaculice el trabajo informativo en el Parlamento”. La APP ha reiterado su “firme propósito de seguir desarrollando el trabajo informativo con respeto a la deontología profesional, con independencia de la ideología personal y la línea editorial de cada medio”.
En esta línea, ha reafirmado “la necesidad de que las Mesas del Congreso y el Senado adopten las medidas necesarias para evitar comportamientos inaceptables en el ejercicio del periodismo, sin que ello conlleve, en absoluto, limitar, restringir o menoscabar el derecho de los medios de comunicación de obtener y difundir información veraz para la ciudadanía”.
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Este paso se suma a los varios comunicados emitidos por la organización contra los señalamientos reiterados de estos agitadores, vinculados a Vox y a la formación de Alvise Pérez. Su comportamiento no solo dificulta el trabajo de los profesionales de la comunicación, ya que repiten estas actitudes contra políticos de izquierdas y los miembros del Gobierno de coalición.
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