España cuenta con un Pacto de Estado contra la Violencia de Género desde diciembre de 2017, un compromiso de los poderes públicos que ha logrado importantes avances en materia de igualdad. Por eso este miércoles, con el objetivo de seguir avanzando, el Congreso ha aprobado renovar ese pacto y lo ha hecho con el voto de todos los partidos, excepto Vox.
Se trata de un documento con más de 460 medidas diseñadas para combatir todas las violencias contra las mujeres, incluidas la económica y la digital y la vicaria, aquella que el agresor utiliza para dañar a la mujer a través de sus hijos o terceras personas. Y es que a pesar de los avances y de que los asesinatos machistas han disminuido respecto a hace dos décadas, el número de feminicidios alcanza los 1.295 desde 2003, y aún son muchos los retos que quedan por lograr.
“Somos conscientes de las dificultades, pero también de que el acuerdo es el primer paso al que debe seguir un trabajo transversal y sistemático para implementar con medidas legislativas e institucionales y con nuevos recursos el mandato que surge hoy del Congreso. A esta noble misión nos vamos a emplear con determinación, convencidas de que debemos a las generaciones presentes y futuras una sociedad libre de violencias machistas”, ha destacado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras la aprobación del pacto, que cuenta con un 50% más de dotación económica, hasta alcanzar los 1.500 millones de euros para los próximos cinco años de vigencia
Entre las principales novedades del documento se encuentra la tipificación como delito de la violencia económica ejercida por parejas y exparejas, de forma que no se limitará al impago de pensiones, sino que abarcará conductas como el alzamiento de bienes, estafas, apropiaciones indebidas o administración desleal, informa la agencia Efe.
En cuanto a la violencia digital, se tipificarán como delito los supuestos de ciberdelincuencia de género y se pretende castigar con cárcel a quien recurra a la inteligencia artificial para crear pornografía falsa no consentida, esto es, sancionar a quienes, sin consentimiento de la persona afectada, difundan o exhiban su imagen corporal o su voz simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias.
En cuanto a la violencia vicaria, se insiste en garantizar el reconocimiento directo como víctimas de los hijos e hijas menores de las mujeres maltratadas para evitar que se acuerden o mantengan convivencia o visitas con un padre agresor, en mejorar protocolos educativos y sanitarios de detección precoz y diseñar mecanismos seguros para que los menores puedan denunciar situaciones de violencia.
También se solicita que las redes asistenciales les presten ayuda, protección y reparación especializadas, formar a todos los profesionales que tratan con ellos y perfeccionar los sistemas de evaluación de su riesgo.
Aumenta la protección a las víctimas
Otras de las medidas que contempla el acuerdo es el aumento de efectivos policiales destinados a la lucha contra la violencia de género, exigir formación evaluable y obligatoria a la judicatura y ampliar los criterios de riesgo para la concesión de órdenes de protección.
También contempla reformas penales, de forma que se suprimirán las atenuantes de confesión y de reparación del daño en violencia machista, enjuiciar todos los procedimientos relativos a la misma víctima en un único órgano judicial o que se pueda dictar prohibición de aproximación cuando haya un quebrantamiento de pena.
Asimismo en el nuevo pacto se insiste en aprobar una ley integral contra la trata y se pide desincentivar el consumo de prostitución, promover cambios legales para “combatir la publicidad de prostitución en todas sus formas”, luchar contra el proxenetismo, castigar al proxeneta y prestar atención integral a las víctimas.
En cuanto a la violencia de género de segundo orden, que consiste en la violencia física o psicológica, las represalias, las humillaciones y la persecución ejercidas contra las personas que apoyan a las víctimas, el Pacto propone reconocerla y proteger a quienes la sufren.
En el sistema sanitario se articulan una veintena de medidas para que este sea la puerta de entrada a la protección de las víctimas, con instrumentos para la detección precoz, la atención psicológica a huérfanos y también a agresores que lo soliciten de forma voluntaria.
(Con información de la agencia Efe)
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