El desahucio de Casa Orsola en Barcelona se aplaza 15 días mientras el propietario del edificio se plantea ahora venderlo “tras los insultos recibidos”

La movilización de cientos de vecinos y vecinas del Eixample de Barcelona en los últimos días ha dado sus frutos. El viernes lograron paralizar el desahucio de la Casa Orsola, cuyos inquilinos denuncian que el fondo Lioness Inversiones que compró el edificio en 2021 quiere subirles el alquiler de 700 euros mensuales a 2.000. El desalojo quedó programado para la madrugada de este martes, pero finalmente ha quedado aplazado hasta el próximo 18 de febrero.

Desde el Sindicat de Llogateres aseguran que se trata de “una demostración de lo que la movilización popular puede conseguir” y confían en que en estos días de margen se pueda producir una negociación entre el fondo de inversión y los inquilinos e inquilinas. “Estos 15 días son una nueva oportunidad para que la propiedad negocie, que es lo que el vecindario lleva más de tres años pidiendo para que nadie tenga que irse de su casa”, dice a Infobae Enric Aragonès, portavoz del sindicato.

Sin embargo, al tiempo que se conocía esta segunda suspensión del desahucio, el máximo responsable de Lioness Inversiones y propietario de la Casa Orsola, Albert Ollé, ha señalado en una carta que se plantea la posibilidad de vender el edificio “después de recibir todo tipo de insultos y ataques” en los últimos días, según ha adelantado el medio Nació Digital. “Supongo que finalmente terminaré vendiendo la finca. Paradójicamente, cuando esto ocurra, es posible que se encuentren con un auténtico buitre que no tendrá ningún interés en preservar el patrimonio ni en llegar a acuerdos”, ha indicado Ollé en su misiva. “Yo, en cambio, sólo quería mantener de forma sostenible un edificio modernista que forma parte de la historia de Barcelona”, añade, aunque en ningún momento, según denuncian los propios vecinos del edificio, ha querido renegociar sus contratos de alquiler.

El profesor que lleva más de dos décadas viviendo en el edificio

El primero de esos vecinos que iba a ser desahuciado es Josep Torrent, un profesor de 49 años que lleva 22 viviendo en una de las dos fincas de la Casa Orsola, concretamente a las 10:30 horas del pasado viernes, pero la concentración de centenares de personas convocada por el sindicato imposibilitó que la comisión judicial ejecutara la orden judicial. Alegando razones de seguridad, el juzgado aplazó el desahucio hasta las 5 de la madrugada de este martes, fecha que ahora se ha pospuesto de nuevo hasta el 18 de febrero. Por eso el sindicato tiene claro que el aplazamiento “se ha producido por una movilización sin precedentes y ante el convencimiento de que se repetiría tantas veces como intentaran echar a Josep”, ha dicho Aragonès en una rueda de prensa, según recoge la agencia Efe.

Barcelona cuenta con más de 15.000 apartamentos turísticos

La Casa Orsola es solo una muestra más de cómo han aumentado las operaciones inmobiliarias especulativas en Barcelona, una ciudad que cuenta con más de 15.000 alojamientos turísticos anunciados o dedicados al alquiler de temporada en Airbnb, según los datos recopilados por la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico, y ya se ha convertido en el lugar más caro del país para alquilar una habitación, con 620 euros al mes de media, de acuerdo al portal Idealista. Sin embargo, este edificio emblemático del centro de la ciudad sí “es excepcional” por cómo han respondido los vecinos y vecinas, ya que “en lugar de irse en silencio, han decidido hacer público su caso, que se vea lo que está pasando” en la ciudad condal, señalaba hace unos días Aragonès a este periódico.

El sindicato destaca la necesidad de que los precios de los alquileres bajen de forma que la ciudadanía no se vea obligada “a dejarse la mitad del sueldo en ellos”. “Queremos viviendas estables que nos permitan construir proyectos de vida, por eso apostamos por la recuperación de pisos vacíos, turísticos y de temporada para su uso residencial, y reclamamos barrios libres de especulación donde la vida y la comunidad prevalezcan sobre los intereses de los fondos buitre”, añaden.

También recuerdan que a pesar de que la nueva Ley de vivienda incorporó una serie de modificaciones legales para dificultar los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad económica, los desalojos se producen a diario en toda España.